En 1997, unas enfermeras llegaron hasta la casa de Rute Zúñiga Cáceres, en Anta (Cusco). Según relata, la trasladaron a un centro de salud con engaños. Al llegar escuchó los gritos de otras mujeres y quiso huir del lugar, pero fue llevada a la fuerza hasta una sala de operaciones en donde la amarraron y sometieron a una intervención.
A 500 kilómetros de distancia, en el distrito de Independencia (Ayacucho), María Emilia Flores Herrera cuenta una historia similar. Ella fue llevada a una posta contra su voluntad. Cuando despertó, se encontraba adolorida y tenía un corte a la altura del abdomen.
Así como Rute y María Emilia, casi 300 mil peruanas fueron esterilizadas sin consentimiento en zonas rurales entre 1996 y 2000, tal como lo señala un reporte de la defensoría.
Pedidos y reclamos“Ellas tienen como objetivo pedir una reparación económica,”, señaló Sara Cuentas Ramírez, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF).
Las víctimas esperan que el Estado determine el monto de la indemnización, pero desean que sea vitalicia, pues afectaron su vida laboral. Además, piden que se invierta en infraestructura, centros de salud y escuelas para sus comunidades.
Las mujeres exigen que se sancione no solo a los médicos, sino a los responsables de la implementación de este programa durante el gobierno de Alberto Fujimori.
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