El actual rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), César Reyes Peña, es investigado desde hace siete años –junto a otros siete ex funcionarios del municipio distrital de Castilla– por el presunto delito de peculado doloso en agravio del estado.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura ha solicitado una pena de 5 años de cárcel para los imputados y el pago conjunto de una reparación de casi S/150 mil, así como el pago individual de S/10 mil.
De acuerdo con la carpeta fiscal, un informe de Contraloría concluyó que los ex regidores del municipio distrital de Castilla (Piura) –incluido Reyes Peña– aprobaron (en el período 2003-2004) un incremento indebido de sus dietas, en un 20% a partir de abril de 2004. Dicho incremento fue aprobado mediante un acuerdo de concejo municipal del 31 de marzo de 2004.
De esa manera, de abril de 2004 a julio de 2006, se hizo desembolsos irregulares que generaron un perjuicio económico al estado de casi S/150 mil. Ello pese a que la ley N° 28128, ley de presupuesto para el sector público del año fiscal 2004, entre sus disposiciones de austeridad, prohibía realizar cualquier tipo de aumentos, incluida las dietas. Además, los ex funcionarios recibieron informes de asesoría que precisaba la improcedencia del incremento de sus dietas.
Los involucrados
El proceso penal, actualmente, está en la etapa del juicio oral. Junto a Reyes Peña, la fiscalía ha acusado también a los ex regidores José Luis Juárez Litano, Regulo Garabito Barba, Jorge Castillo Cardoza, Ana Adelaida de Los Milagros Rodríguez Diéguez, Max Alberto Moscol Ipanaqué, Abelardo Juárez Calle y Jorge Vidal Zavala Zegarra.
Todos ellos fueron regidores en el período 2003-2006, y son acusados por la fiscalía en calidad de autores del presunto delito de peculado doloso, cuyas penas oscilan entre 4 y ocho años de pena privativa de la libertad.
Consultado sobre el tema, voceros de la oficina de Imagen de la UNP dijeron que Reyes Peña no brindaría declaraciones sobre este caso, debido a que está judicializado.
Sin embargo, en sus declaraciones ante la Fiscalía, Reyes Peña dijo que firmó dicho aumento de sus dietas sustentado en el informe del asesor legal y del asesor externo de la municipalidad de Castilla. Ambos asesores señalaron que dicho aumento resultaba viable y se ajustaba a la ley.
Proceso dilatado
El 3 de marzo de este año, el especialista judicial Omar Ascoy Mauricio informó a la jueza Luz Lastenia Espejo Calizaya, del 4to Juzgado Penal Unipersonal de Piura (encargada del caso), sobre el extravío y/o sustracción del cuaderno de acusación fiscal. Por ese motivo, la jueza pidió la recomposición de la acusación fiscal N° 06142-2009-12, seguida contra Reyes Peña y otros ex funcionarios.
Sin embargo, no ha sido el único hecho perspicaz ocurrido a lo largo del proceso. Dos veces se ha frustrado la instalación del juicio oral, el 13 de julio de este año por la inconcurrencia del abogado de la acusada Rodríguez Diéguez; y el 29 de setiembre debido a deficiencias en las notificaciones de las partes. La jueza Espejo Calizaya ha programado una nueva audiencia para el 25 de abril de 2017.
“Estas dilataciones del proceso tienen como trasfondo un riesgo, que es la prescripción de la pena. Otro detalle es que ha pasado más de un año y aún no se instala el juicio oral. Además, se perdió el expediente. Y aquí no hay coincidencias, por las personas involucradas podemos sospechar que hay un manejo medio oscuro en este caso”, comentó el procurador público del municipio de Castilla, Martín Sipión Rodríguez.
Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro dijo a El Comercio que en este caso hay una violación del plazo razonable, y habría que determinar quiénes son los responsables. “Si se lograra una condena firme y consentida, el rector podría ser inhabilitado del cargo. Respecto a la dilatación de la instalación del juicio oral, el juez el juez puede aplicar apremios legales”, dijo.
Es preciso señalar que Reyes Peña es rector de la UNP por el período 2015-2020. Muchos especialistas consultados sobre el caso dijeron que los abogados de Reyes están buscando dilatar el proceso lo máximo posible, hasta que termine su mandato. Una condena en estos momentos sería causal de vacancia inmediata.
Datos
La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de la Corte Superior de Justicia de Piura investiga desde marzo de este año a los responsables del extravío y/o sustracción de la acusación fiscal del presente caso.
Para el especialista en Derecho Penal de la Universidad de Piura (UDEP), Percy García Cavero, es sospechoso que se hayan robado la acusación fiscal. “Incluso puede que se hayan robado pruebas importantes, sin las cuales no se pueda recomponer la carpeta. Esto sí es grave”, comentó.
Mediante la disposición N° 272-2016-MP, del octubre de este año, la Oficina Desconcentrada de Control Interno decidió abrir una investigación contra los fiscales Guillermo Mario Figueroa Cruz, Carlos Marcelo La Torre Vilitanga y Carmela Sara Luz Gonzales Aquino por presunta inconducta funcional en el desarrollo del presente caso donde se investiga a Reyes y otros ex funcionarios.
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