Antes de notificar a la Universidad Privada Telesup que se le había denegado el licenciamiento institucional, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sostuvo hasta diez reuniones con las autoridades de esta casa de estudios. La razón: brindarles orientación y asistencia, porque en más de año y medio de proceso la universidad apenas había cumplido el 28% de los indicadores necesarios para ser acreditada.Desde que solicitó su licencia en octubre del 2017, la Telesup remitió información “incompleta, imprecisa y contradictoria” a la Sunedu, según dijo su titular, Martín Benavides, a El Comercio. “Presentó diferentes versiones de una serie de documentos fundamentales, tales como su Código de Ética. Tampoco cumplió con enviar datos precisos sobre sus finanzas”, indicó el funcionario. Esta semana, el rector de la universidad, Luis Alberto Colán, calificó la denegatoria de “injusta y arbitraria”.Pero la evaluación final de la Sunedu fue lapidaria: Telesup no había cumplido ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria, vigente desde el 2014. Es decir, no había garantizado una adecuada infraestructura y equipamiento, líneas de investigación, mecanismos de inserción laboral, disponibilidad de un 25% de docentes a tiempo completo, entre otros aspectos. Por ello, se estableció su cierre como parte de la reforma universitaria.
—Avances del proceso—Desde noviembre del 2015, luego de que se publicara el modelo de licenciamiento (en el que se establecieron las CBC) y se socializara con la comunidad universitaria, la Sunedu recibió 145 solicitudes de universidades y escuelas de posgrado que buscaban obtener la licencia, y finalmente serían admitidas en el proceso.Más de tres años y medio después, 70 centros de estudios han obtenido la acreditación correspondiente. De estos, 37 (53%) son instituciones privadas y 33 (47%) son públicas; además, 29 (41%) están en Lima y 41 (59%) en distintas regiones del país. En promedio, a cada universidad le tomó unos 16 meses lograr su licenciamiento. La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) fue la que demoró menos (3 meses) y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac) la que demoró más tiempo: 38 meses.Benavides explicó que la duración de cada licenciamiento depende de factores como el tamaño de la universidad, el número de filiales, locales y programas, aunque “lo fundamental es la disposición de las universidades para adecuarse a las CBC”. Agregó que las deficiencias más recurrentes que ha encontrado la Sunedu son la poca adecuación de las mallas curriculares al plan de estudios que exige la Ley Universitaria (que, por ejemplo, plantea la introducción de estudios generales); la infraestructura con seguridad insuficiente; y el incumplimiento del porcentaje mínimo de docentes a tiempo completo (algunas instituciones privadas han pasado del 3% al 26% debido a la norma).
Hasta el momento, hay 66 universidades cuyas solicitudes de licenciamiento aún no han sido resueltas, ya que se encuentran en distintas fases del proceso: con plan de adecuación requerido (47); en revisión documentaria (12); o en verificación presencial (7). Según Benavides, aún se mantiene la meta de culminar la evaluación de los expedientes de todas las universidades solicitantes en diciembre próximo, por lo que –precisó– desde julio el consejo directivo de la Sunedu emitirá un promedio de tres resoluciones por semana. De este modo, del 2020 en adelante se deberán revaluar las CBC y proponer nuevas con una mayor exigencia.Entre las casas de estudios con resolución pendiente están la Universidad César Vallejo (UCV), vinculada al ex candidato presidencial César Acuña; la Universidad Señor de Sipán (USS), cuyo apoderado y accionista es el congresista Richard Acuña, quien en mayo fue cuestionado por asistir a una reunión técnica en la Sunedu; la Universidad Privada Juan Pablo II, asociada al ex congresista y ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez; la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV); y la Universidad Alas Peruanas (UAP).
—¿Reforma o no?—Iván Rodríguez, presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), dijo que este proceso no puede ser calificado de reforma porque no nació de la comunidad universitaria, sino del Estado. “Nuestra crítica es hacia la Ley Universitaria, que plantea un modelo que ha desconocido y desmontado lo que ya existía. Es una norma punitiva, que ha quitado prerrogativas a la universidad peruana. Se debió dar mayor fuerza a la acreditación, en lugar de estigmatizar a todas las casas de estudio”.Para Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la reforma universitaria está avanzando “bastante bien”, si se toma en cuenta que partió de un sistema bastante precario y desordenado. “Lo más visible de la reforma es el licenciamiento. Cuando se creó la Sunedu, se preveía que a partir de esta primera etapa se le podrá brindar la seguridad suficiente a la población de que las universidades cumplen las CBC. Y creo que las metas se están logrando”.
Universidades cerrarán entre el 2020 y 2021
Van 24.256 alumnos afectados tras 8 denegatorias de licenciamiento
A la fecha, la Sunedu ha denegado el licenciamiento a ocho entidades: Universidad Peruana de Arte Orval; Universidad Peruana de Integración Global (UPIG); Universidad Peruana de Investigación y Negocios (Upein); Universidad de Lambayeque (UDL); Universidad Marítima del Perú (UMP); Universidad Peruana Simón Bolívar (UPS); Universidad Privada Sergio Bernales (USB); y Universidad Privada Telesup.En total, 24.256 alumnos se han visto afectados por esas denegatorias. La Telesup (cuya resolución se publicó el jueves último) es la que tiene el mayor número de estudiantes: 20.274. Estas universidades tienen un plazo máximo de dos años para cesar sus actividades, por lo que deben informar su fecha final de cierre. Seis de ellas ya cumplieron con fijarla: Orval (30 de marzo del 2021); UPIG (15 de diciembre del 2020); Upein (31 de diciembre del 2020); UDL (31 de marzo del 2021); UMP (1 de abril del 2021); y UPS (21 de febrero del 2021). Asimismo, quedaron impedidas de realizar procesos de admisión y deberán garantizar la continuidad de los estudios de su alumnado. En Orval, el 84% de los estudiantes eligió un mecanismo para seguir estudiando (todos se trasladarán a otra universidad ya licenciada). En UPIG, la cifra es del 74% (779 alumnos); de ellos, 596 optaron por el traslado y 183 continuarán su carrera en la misma universidad hasta que cierre sus puertas.
Contenido Sugerido
Contenido GEC