Este jueves, varias familias de Apurímac cerraron un largo ciclo de dolor. En una ceremonia, el Ministerio Público les entregó los restos de sus parientes asesinados por Sendero Luminoso entre 1986 y 1992. Entre las víctimas estaba Julián Torres Ccallalli, quien fue arrancado de su hogar y acribillado en la Navidad de 1987, cuando tenía 19 años. Los restos de Julián y de otras 13 personas habían sido enterrados en fosas anónimas en tres cementerios comunales de la provincia de Aymaraes. En el 2015, la fiscalía los exhumó y empezó a identificarlos uno por uno. Tras décadas de incertidumbre, este jueves cada familia pudo llevarse los vestigios de sus seres queridos para llorarlos y sepultarlos con dignidad.
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Los casos como el de Apurímac, de personas desaparecidas o restos sin identificar, se cuentan por miles en el Perú. Hace unas semanas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) reveló los resultados del primer listado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (Renade). Se ha identificado –con nombre y apellido– a 20.329 personas desaparecidas durante los años del terrorismo, entre 1980 y el 2000. Del total, hay 865 cuyos restos fueron hallados, pero quedan 19.464 por localizar o identificar.
Para llegar a este cálculo, el Ministerio de Justicia usó nueve grandes bases de datos como los registros públicos de la Defensoría del Pueblo, del Poder Judicial, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) o el conteo privado de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep). Desde noviembre del año pasado, un equipo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) se dedicó a tiempo completo a clasificar, depurar y unificar estas fuentes de información.
“Es posible que este número [los 20.329 desaparecidos] aumente debido a que aún está pendiente hacer un cruce de información con los datos que tiene el Ministerio Público”, advierte el viceministro de Derechos Humanos del sector Justicia, Miguel Ángel Soria, a El Comercio. La posibilidad de que la cifra crezca es cierta. La fiscalía maneja una amplia base de datos de desaparecidos, tiene oficinas especializadas en el tema y es la que ordena las exhumaciones en nuestro país.
—El perfil de las víctimas—El listado base del Minjus muestra la crudeza de las desapariciones y a sus víctimas. Según información proporcionada a este Diario, las desapariciones se dieron sobre todo en Ayacucho (48% del total), Junín (15%) y Huánuco (12%). Además, la evolución histórica de este delito contra los derechos humanos revela que las desapariciones se dispararon en dos períodos: entre 1984 y 1985; y entre 1990 y 1991. Las provincias con más desaparecidos fueron La Mar y Huanta, en Ayacucho, y Satipo, en Junín.
Respecto a las víctimas, la mayoría de desaparecidos fueron varones (79,4%) y el rango de edad más común estaba entre los 18 y 64 años. No obstante, cuando se analizan detalladamente los datos, resalta que las mujeres menores de edad fueron víctimas de desapariciones en una mayor proporción que sus coetáneos varones.
Asimismo, el Renade permite contrastar la violencia que se sufrió en la sierra de Ayacucho respecto a la que golpeó a la selva de Junín. Mientras que en Huamanga el 18% de los desaparecidos eran mujeres, este porcentaje crecía al 34% en Satipo. En la misma línea, mientras que en Huamanga el 13% de desaparecidos fueron menores de edad, en Satipo la cifra se disparó al 31%.
Según el viceministro Soria, el listado de personas desaparecidas será de público acceso próximamente. Este detallará el nombre de la víctima, la fecha y el lugar aproximado de la desaparición. El Renade no consigna quién fue el causante de la desaparición [fuerzas del Estado o subversivos] , debido a que tiene un enfoque humanitario y no busca la identificación de responsabilidades.
“La finalidad última de este registro es hallar a las personas desaparecidas y entregarlas a sus familiares, esto para cerrar un sufrimiento permanente”, dice Soria. El funcionario resalta que las desapariciones involuntarias de las personas se consideran como una violación grave de los derechos humanos. “Es un delito pluriofensivo. Se viola el derecho a al libertad de las personas, a su vida, a su integridad personal, a su derecho a la asesoría jurídica y a su derecho de acceso a la justicia. Pero también supone el sufrimiento de los familiares. El mero hecho de que el familiar esté desaparecido genera una violación tan grave que afecta, por lo menos, a su integridad moral”, detalla el funcionario.
Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, coincide en que el enfoque humanitario del Renade se “desliga” del ámbito penal y no se concentra en identificar al victimario. Este aspecto queda en manos del Ministerio Público y del Poder Judicial.
“En el Perú hubo desapariciones forzadas, que están vinculadas a la actividad [ilícita] de miembros del orden, pero estos casos no son todos los desaparecidos. La gran mayoría están vinculados a las actividades de grupos terroristas”, apunta Castillo. Según representante, la lista del Renade es un trabajo inicial que debe continuar tal como ha recomendado la Defensoría del Pueblo. “Definitivamente no va a quedar ahí, hay mucho qué hacer en esta materia. Primero, hay que tener una lista consolidada. Pero lo más importante es implementar acciones de búsqueda en los sitios de entierro identificados y luego la devolución de los restos”, señala.
—Para que no los olviden—“La cifra de 20 mil desaparecidos va a seguir aumentando. Hay mucha gente que sigue a la espera de registrar a sus familiares”, señala Aníval Cayo, secretario del Anfasep y cuyo padre fue víctima de desaparición forzada hace 30 años en Cayara, Ayacucho. Cayo espera que, con el reconocimiento de esta enorme cantidad de desaparecidos, el Estado pueda destinar el presupuesto necesario para continuar con la búsqueda.
“Esperamos, por ejemplo, la creación de la ley para el banco de datos genéticos, que permitirá resguardar la información de la sangre de las personas [para cotejarla con los restos]. Hay muchos familiares que están falleciendo, el tiempo es nuestro peor enemigo”, dice Aníval, quien reconoce que no será posible identificar a todos los desaparecidos debido a que, en muchos casos, los cuerpos –la evidencia del crimen– fueron destruidos.
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