El chofer Elmer Quintana Chuco (49) camina desorientado en medio de cientos de trozas de madera decomisados alrededor de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) en Pucallpa, máxima autoridad de este sector en Ucayali. Han pasado dos semanas desde el 3 de junio, fecha en que la Fiscalía Ambiental y la policía incautaron su camión cuando transportaba 6.375 piezas de madera (de la especie yacushapana, que crece en toda la Amazonía) hacia Lima. El cargamento ha sido valorizado en S/38.500.
Quintana va de un lado a otro intentando liberar su vehículo. La fiscalía no presentó cargos contra él, debido a que al ser intervenido entregó todos los documentos requeridos por ley para transportar madera. Pero aunque el chofer tiene papeles que acreditan la procedencia y el destino de la carga (se los dio la empresa dueña de la madera), un trabajo policial alertó que la información de origen de la madera extraída de una comunidad nativa era falsa. El chofer, sin saberlo, terminó involucrado en uno de los delitos más comunes en esta región, el tráfico ilegal de madera.
—Negocio ilegal y millonario—En Ucayali, la ilegalidad ha desbordado los sistemas de control forestal. Desde Pucallpa, conocida como la capital maderera del Perú, salen al día en promedio 100 camiones de madera rolliza (en su estado natural) o aserrada de todas las especies a distintos lugares del país. A diferencia de otras ciudades madereras de la selva, Pucallpa sí está conectada por carretera con Lima, punto final del trayecto de la mayor parte de la madera e inicio de su trayecto hacia el extranjero.
Entre los más de 700 kilómetros que separan Lima de Pucallpa, hay siete puestos de control forestal, donde trabajan articuladamente la policía, la Sunat y la Fiscalía Ambiental. La guía de transporte forestal (GTF), documento que de acuerdo con la ley forestal (reglamentada en el 2015) es la garantía de la legalidad en el transporte, transformación y comercialización de la madera, es también uno de los documentos más fáciles de falsificar en el mercado negro que blanquea (legaliza) la madera extraída de lugares no autorizados.
En el mercado negro, el precio de la GTF depende del volumen del cargamento y la especie. Es un negocio millonario que, según investigaciones actuales de la fiscalía, beneficiaría a un grupo de mafias, que en muchos casos trabajan coludidas con autoridades forestales, policías, tramitadores y transportistas.
Una prueba de ello ocurrió en abril de este año. La policía y la fiscalía capturaron a 16 de los 30 integrantes de la primera mafia de tráfico de madera procesada como organización criminal: Los Patrones de Ucayali. Un mes y medio después, la Sala de Apelaciones de Ucayali dictó comparecencia a ocho de ellos, que asumirán la investigación en libertad restringida. Juan Llancari, sindicado como cabecilla de la banda, continúa prófugo, aunque ahora con mandato de detención.
Se calcula que, en los seis años que operó, esta banda exportó anualmente 2.400 m3 de madera.
“El negocio de Pucallpa está en la madera, que mueve un 70% de la economía regional, pero el 80% de la madera que sale de Ucayali es ilegal”, afirma Juan Urcia, presidente de la Mesa Forestal. Urcia basa su cálculo en la reducción de las concesiones forestales (zonas autorizadas para la extracción de madera) y el volumen de madera que sale de la región, el cual –asegura– ha aumentado.
César Díaz Hidalgo, director de la DGFFS, confirma que desde el 2002 las concesiones oficiales en Ucayali se redujeron de 157 a 15. “El volumen parece mantenerse porque recibimos madera de regiones como Pasco, Huánuco, Junín, Loreto y Cusco, pero en la región sí ha disminuido con la reducción de concesiones”, sostiene Díaz. Él no maneja cifras certeras sobre la cantidad de madera ilegal que se comercializa en la región; su oficina está rodeada por 200 mil pies cúbicos de madera decomisados e inutilizables por su mal estado.
A cierta hora, los miles de maderos que reposan en todo el borde del río Ucayali, al pie de los aserraderos (lugares de transformación de la madera), son más visibles. En época de verano, cuando el río está en su punto más alto, los maderos que tienen pintadas las iniciales de sus dueños son trasladados desde distintas comunidades nativas.
Este es el panorama en el distrito de Manantay, a diez minutos del centro de Pucallpa, donde pilas de troncos recién cortados esperan su turno para ser aserrados. Según la información de la policía, en toda la ciudad hay 190 aserraderos legales y 80 ilegales. Un equipo de El Comercio recorrió por tres días los principales aserraderos y comprobó que solo basta un contacto para conseguir las GTF para cualquier tipo de madera, sin tener que certificar previamente su procedencia.
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