Este sábado, el portal Salud con Lupa dio a conocer que la empresa china Sinopharm -productora y proveedora de la vacuna contra el COVID-19- acordó donar más de 800 mil dólares en material médico al Ministerio de Salud y a la Universidad Peruana Cayetano Heredia antes de que se iniciaran los ensayos clínicos de su fórmula candidata en el país. La recepción de dichas dádivas se dio entre setiembre de 2020 y enero de 2021.
No obstante, esta información no aparece en el informe final de la Comisión Sectorial Investigadora del Minsa, presidida por el exministro Fernando Carbone, que fue publicado el 25 de febrero. En diálogo con El Comercio, Carbone señaló que desconoce la fuente de esa revelación y precisó que sus indagaciones solo se centraron en la aplicación clandestina de las vacunas experimentales.
“En primer lugar, nosotros no investigábamos esos detalles [sobre donaciones]. Nosotros solo hemos investigado el tema de las personas que estaban vinculadas [a la vacunación irregular] y que pertenecían al Ministerio de Salud y al sector Salud”, indicó.
El portal señala que, el 31 de agosto, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) aprobó un pedido de la UPCH para que se autorice la llegada de material médico, además de ventiladores mecánicos y concentradores de oxígeno cedidos por Sinopharm.
“No he visto ese portal. No conozco la fuente de esa información y no estaba dentro de nuestras competencias ese tipo de detalles. Imagino que saldrán a la luz dentro de las investigaciones que otras instancias públicas harán”, comentó Carbone a este Diario.
Según Salud con Lupa, la entonces directora ejecutiva de Productos Farmacéuticos de la Digemid, Sofía Salas Pumacayo, fue quien firmó la autorización. Esta exfuncionaria figura en la lista de 470 beneficiados irregularmente con la vacuna candidata y fue entrevistada por la Comisión Carbone. Otro inmunizado en secreto fue Juan Manuel Miyahira Arakaki, quien -de acuerdo con el portal- representó a la UPCH para solicitar el permiso de Digemid.
Consultado sobre la participación de Salas Pumacayo en la supuesta autorización de donaciones, Carbone refirió nuevamente que no puede emitir mayor comentario porque desconoce la información.
“No ha sido la competencia de la comisión investigadora que yo presidí. Nosotros no hemos visto tal información porque nos enfocamos en el tema de las 3.200 dosis. Nuestro objetivo era distinto. Es algo que, en todo caso, será objeto, entiendo yo, de investigaciones más amplias que la nuestra. La nuestra ha sido una investigación de diez días con un propósito puntual y eso es lo que hemos cumplido”, enfatizó Carbone Campoverde.
El medio añadió que José Mario Mongilardi Fuchs, quien es gerente general de Laboratorios Americanos S.A. -socio comercial de Sinopharm en el Perú-, accedió también a la irregular inoculación. En la lista del ‘Vacunagate’, Mongilardi fue categorizado como “personal del estudio”. Además, su socio, Antonio Armejo Sánchez, gerente general de Ilender Perú, es otro de los privilegiados que fueron inmunizados.
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En total, son 470 las personas que -de acuerdo con las conclusiones de la Comisión Carbone- accedieron irregularmente a la vacuna de Sinopharm, por fuera de los ensayos clínicos. De ellas, 101 no habrían estado relacionadas directamente con el estudio, mientras que 369 sí habrían pertenecido a los equipos de investigación.