Al menos en tres obras públicas a cargo de consorcios relacionados a la asesora empresarial Karelim López, investigada junto al ex secretario presidencial Bruno Pacheco por delitos de corrupción, se detectaron irregularidades que implicaron a funcionarios en acciones indebidas –una de esas construcciones colapsó en pleno proceso de ejecución y murieron cuatro obreros–, según informes de la Contraloría a los que accedió El Comercio.
Los contratos de esas tres adjudicaciones fueron otorgados por Provías Nacional entre febrero del 2016 y agosto del 2018 a las asociaciones empresariales Consorcio T&T Chacanto, Consorcio Vial Pro y Consorcio Vial 67, las cuales tienen como integrantes en común a la peruana Termirex S.A.C. y a la española Tableros y Puentes S.A. El monto total de estas contrataciones ascendió a S/313,1 millones.
Tal como lo reveló este Diario, López asesoraba a Termirex S.A.C., miembro del Consorcio Puente Tarata III, cuando ese grupo empresarial obtuvo un contrato por S/232,5 millones en Provías Descentralizado en octubre pasado, luego de que la lobbista ingresara varias veces a Palacio de Gobierno. Este hecho es investigado por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro.
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Acciones indebidas
El 23 de julio del 2019, Karelim López ingresó como representante de Termirex S.A.C. a la sede de Provías Nacional para tratar sobre el “puente Chacanto” (Cajamarca) con Julio Palacios García, subdirector de Obras de Puentes. El contrato de esta adjudicación, por S/18,9 millones, se había suscrito en marzo del 2016.
López llegó a esa reunión con Luis Pasapera Adrianzén, dueño de la mencionada compañía, quien estuvo implicado en el pago de sobornos al exgobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos años atrás.
Palacios fue designado director ejecutivo de Provías Nacional el 3 de agosto pasado, días después de que se iniciara el gobierno de Castillo y la gestión de Juan Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones. En ese cargo estuvo hasta el 15 de setiembre pasado.
En junio del 2019, un mes antes de la reunión con Palacios, la Contraloría había emitido un informe respecto a la construcción del puente Chacanto, que cruza el río Marañón y une las regiones Cajamarca y Amazonas.
El órgano de control halló que Consorcio T&T Chacanto había construido la estructura del falso puente, que sirve de base para la obra, con un “sistema constructivo” y materiales distintos a los especificados en el expediente técnico.
“[En informes del supervisor de obra] se advierte que las torres estaban construidas con elementos modulares metálicos, a pesar de que las especificaciones técnicas consideraban el empleo de concreto reforzado”, se anota en el documento.
Asimismo, se detectó que “se propició que el contratista cobrara por trabajos distintos a los contratados […] o que no se ejecutaron”.
Además, la auditoría encontró que el consorcio incumplió con la participación de especialistas en la obra que había ofrecido en su propuesta para ganar la buena pro. Pese a esto, se incluyó el pago de sus honorarios (S/303.903) en los costos generales, de forma “indebida y sin sustento”.
“Se ha determinado la ausencia de algunos profesionales cuya función es la adecuada dirección de la obra. […] Se tuvieron problemas relacionados con la ausencia de los especialistas en estructuras, metrados y valorizaciones; impacto ambiental y seguridad industrial”, se indica en el informe.
Al respecto, la Contraloría recomendó el inicio de procesos administrativos a dos funcionarios de Provías Nacional: al jefe del Área de Gestión de Obras, Napoleón Díaz Saldaña, y al especialista en puentes Víctor López Agüero. Díaz fue asesor de Julio Palacios mientras este fue director ejecutivo de la entidad.
En el sur
En representación de Consorcio Vial Pro, que obtuvo la adjudicación para realizar mejoras y conservación en un tramo de un corredor vial en Puno, Karelim López ingresó a Provías Nacional en 12 oportunidades, desde junio del 2018 hasta abril del 2019.
En ese período se reunió con funcionarios de Administración, Logística, Conservación y Tesorería de Provías Nacional. Entre los motivos de las visitas se consignó: firma de contrato, coordinación de consorcios y de proyectos en general, pago de copias fedateadas, reunión de valorización. La suma de este contrato, otorgado el 1 de agosto del 2018, ascendió a S/115,9 millones.
En junio del 2021, la Contraloría publicó un informe de control concurrente sobre ese servicio de “mejoramiento de las carreteras de pro región Puno (paquete 2)”, a cargo del mencionado consorcio.
El órgano de control estableció cinco “situaciones adversas”, entre las cuales figuran las faltas de control de la supervisión, de fiscalización de la entidad en la verificación de los recursos ofertados y de registro de la información actualizada del servicio.
Según el documento, esto afectaría el presupuesto de la entidad, el control y la calidad del servicio, así como el seguimiento, el monitoreo respectivo y la transparencia de acceso a la información.
Por otro lado, en nombre de Consorcio Vial 67, López visitó Provías Nacional el 5 de febrero del 2020 para firmar un contrato en la Subdirección de Conservación.
La buena pro de este servicio para otro tramo del corredor vial de Puno (”paquete 1″) se entregó el 2 de agosto del 2018 y el contrato por S/178,2 millones fue suscrito el 5 de setiembre del mismo año.
En su informe, de noviembre del 2020, la Contraloría halló cuatro situaciones adversas, tales como trabajos realizados sin el “sustento técnico económico” establecido, falta de aplicación de penalidades al contratista y deficiente previsión en la nivelación entre la berma y la calzada que afectaría a los usuarios.
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Obreros murieron por colapso de puente
En el documento de la Contraloría se hace referencia a una tragedia ocurrida el 23 de febrero del 2017. El puente Chacanto, que aún estaba en construcción, colapsó y dejó cuatro trabajadores muertos y diez heridos.
En su momento, la policía del distrito de Balsas (Celendín, Cajamarca) señaló que las muertes de Elías Gonzales del Águila, José Huamán, Adalberto Trillo y Max Trillo se debieron a que cayeron al río Marañón con la estructura metálica del arco del puente que se desplomó. Una de las hipótesis que la fiscalía investigó fue la supuesta negligencia del consorcio.
La obra fue inaugurada el 14 de enero del 2020 por el entonces presidente Martín Vizcarra y el ministro Edmer Trujillo.
El Comercio buscó las versiones de algún representante de los consorcios mencionados, y de Karelim López, para este reportaje. Tanto José Luis Francia, defensor legal de Termirex S.A.C., como César Nakazaki, abogado de López, señalaron que no podían dar ninguna información debido a la reserva de la investigación del Ministerio Público.
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