Daniel Soria: Procuradores y bancadas del Congreso condenan injerencia de Aníbal Torres

Un grupo de 22 procuradores públicos y congresistas de siete bancadas de oposición condenaron las anunciadas intenciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, respecto al posible retiro del procurador general Daniel Soria. Los legisladores consideraron que tal pretensión configura una represalia y amedrentamiento contra el abogado del Estado por haber denunciado días atrás al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación por el Caso Provías.

El jueves, en Piura, Torres declaró a la prensa que existen “denuncias públicas” respecto a que Soria “no reuniría los requisitos, entonces hay que revisar su expediente para ver si eso es cierto o no”. Sin embargo, cabe recordar que fue Fernando Pachas, abogado del mandatario, el que pidió públicamente la destitución del procurador la tarde del miércoles y, por la noche, el ministro anunció la medida.

Un día antes, Pachas se reunió con Torres en el despacho de este por cuarenta minutos. Soria fue designado en febrero del 2020.

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Consultado por si acaso no existe alguna presión al procurador por denunciar al presidente, aseveró: “Esa es una invención de la prensa. La prensa siempre lo conecta con el presidente. Yo lo que pregunto a la prensa es lo siguiente: ¿qué hacemos si el señor no reúne los requisitos?”.

El exprocurador anticorrupción, José Ugaz, recalcó que Soria solo ha ejercido su autonomía funcional y dijo que de concretarse el “despropósito” se desataría una grave crisis. “Lo que es más preocupante es que el ministro de Justicia acoja lo que a todas luces es una represalia por haber tomado una decisión autónoma que no debería ofender al presidente si no tiene nada que ocultar”, sentenció.

A su juicio, “poner a un procurador complaciente para que el presidente esté feliz” hablaría de un mandatario que no quiere tener algún tipo de fiscalización a su gestión. “Si realmente tomaran una decisión que implique destituir al actual procurador, sancionarlo o tomar alguna decisión sería un gravísimo error político, porque eso sería interpretado como una declaración de culpabilidad del presidente y le dará suficientes municiones a la oposición para que vuelvan al tema de la vacancia”, advirtió a El Comercio.

En tanto, un grupo de 22 procuradores públicos emitió el jueves un pronunciamiento rechazando “cualquier intento de injerencia política” en la labor de la Procuraduría General del Estado.

Los firmantes llamaron al Ejecutivo a respetar la institucionalidad de ese organismo y precisaron que los procuradores “no son abogados defensores del gobierno de turno”.

También resaltan que la procuraduría posee autonomía funcional, técnica y administrativa, a pesar de ser un ente adscrito al Ministerio de Justicia.

Por último, advirtieron que cualquier injerencia vulneraría el principio de autonomía funcional, del que gozan por ley, y añaden que la autonomía de los procuradores es una demanda histórica.

Entre los firmantes se encuentran Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el Caso Odebrecht, y otros de diversos ministerios e instituciones públicas.

Rechazo general

José Arriola, vocero alterno de Acción Popular, envió ayer un oficio a Gladys Echaíz, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, pidiendo citar con urgencia a Torres para que aclare sus expresiones y sea conminado a cumplir su rol.

En diálogo con El Comercio, Arriola sostuvo que Soria solo ha hecho una denuncia que no implica alguna sanción inmediata y recordó que el presidente ha señalado que se allanará a las investigaciones.

“No sé por qué el ministro de Justicia funge de escudero del presidente para mantenerse en el cargo. Él no puede manifstar que va a revisar el expediente del nombramiento del procurador, eso a todas luces significa una represalia, obstrucción a la justicia, una intimidación”, afirmó.

Lady Camones, legisladora de Alianza para el Progreso y primera vicepresidenta del Parlamento, mencionó que si bien el ministro puede tener la facultad para tomar la acción que plantea, “en este momento es inoportuno hacerlo y contraproducente porque pude parecer una represalia”.

En esa línea, dijo no ver consecuencia en el gobierno, desde donde se ha señalado colaboración con la justicia. “Si luego de que el procurador ha presentado la denuncia contra el presidente, el ministro de Justicia quiere iniciar acciones para revisar su expediente, pues a todas luces es un acto de amedrentamiento, coacción, para que tenga otro tipo de comportamiento frente a posibles actos de corrupción del presidente”, consideró.

Para Martha Moyano, de Fuerza Popular, Torres debería ser invitado a brindar explicaciones ante el pleno del Congreso, “si es que no es interpelado”. “Lo que están haciendo es una forma de venganza”. “Lo que están haciendo es una forma de venganza con el procurador y no me parece correcto que intervenga el asesor jurídico, el ministro de Justicia, y el propio presidente, el imputado”, opinó.

José Williams, portavoz de Avanza País, consideró que, de la iniciativa de Torres “es una forma de presionar” al procurador, así como “una represalia, un reclamo, tratar de imponer poder”. “Todo aquello que de alguna forma va a impactar sobre una investigación correctamente hecha sí es una obstrucción. No es velada, pero sí afecta a una correcta investigación”, refirió.

Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, sostuvo que tal acción perjudicaría mucho más la imagen del presidente. “Es una evidente represalia, porque hacer ese tipo de movidas después de haberse denunciado al presidente de la República obedece a una represalia”, dijo.

A su turno, Wilmar Elera, vocero alterno de Somos Perú, sostuvo que el procurador tiene autonomía e independencia. “Se vería muy mal. El que la debe no la teme, pero en este caso parece que se está temiendo. Si se retira al procurador general, sería como una represalia”, indicó ante posible medida de Torres. Finalmente, Carlos Anderson, de Podemos Perú, el ministro de Justicia “está actuando como abogado personal del presidente, está haciendo un uso indebido de su poder”, lo que evidencia que el presidente Pedro Castillo “no quiere ser fiscalizado, no quiere darle cuentas a nadie”.

Bloque oficialista

Es en la bancada oficialista de Perú Libre desde donde hay respaldo a la decisión del ministro Torres. Álex Paredes, del ala magisterial del grupo parlamentario, se expresó a favor de revisar el nombramiento de Soria, porque “el señor no tiene los requisitos de haber litigado a favor del Estado”.

“No debería continuar en el cargo en la lógica de que en la vida no hay indispensables. Hay muchos profesionales en derecho que tal vez puedan asumir el cargo, pero que se ciñan a los requisitos”, declaró a la prensa.

Sin embargo, desde la bancada aliada de Juntos por el Perú, la vocera alterna Ruth Luque tuvo una opinión más precavida. Lo que hay que garantizar es que la procuraduría sea autónoma. La procuraduría defiende los intereses del Estado y no del gobierno de turno. Eso es lo que debería guiarnos y no estar sujetos a voluntades o decisiones políticas. Confiamos en que se garantice esa autonomía”, comentó a El Comercio.

Luque prefirió no hacer calificativos sobre las intenciones de Torres, pero dijo esperar que no se configure alguna represalia y aseguró que estará vigilante para que ello no se dé. “Hay que respetar el ejercicio funcional de acuerdo a las normas vigentes. Hay que ser respetuosos de ejercicio funcional y que cualquier decisión que se haga se tome en base a una evaluación objetiva”, apuntó.

El cuestionamiento

El cuestionamiento a Soria es que no habría cumplido con el requisito de tener “trayectoria en la defensa jurídica del Estado”, señalado en el decreto legislativo que creó la Procuraduría General del Estado. El constitucionalista Samuel Abad recordó que, cuando fue adjunto de la Defensoría del Pueblo en Asuntos Constitucionales (1996-2007), trabajó con Soria.

El hoy procurador fue, durante cuatro años (1998-2002), comisionado de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría. Por entonces, en el contexto de la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori y el retorno a las sendas de la democracia, los defensores del Pueblo fueron Jorge Santistevan de Noriega y Walter Albán. Abad subrayó que el cuestionamiento se hizo también tras la designación del procurador, pero no prosperó.

“La trayectoria de la Defensoría durante la gestión del doctor Santistevan se caracterizó precisamente por la defensa del estado de derecho y ahí estuvo el doctor Soria. Era la única institución pública autónoma, fue una época muy difícil. Comenzar a cuestionar la experiencia en la defensa del estado de derecho después de casi dos años de nombramiento es absurdo, se explica por el hecho de que está cumpliendo su rol”, expresó.

Agregó que la norma tampoco establece como requisito haber sido procurador de una entidad pública para ser designado procurador general. “El doctor Soria ha trabajado en la Defensoría del Pueblo y una de sus funciones ha sido defender al Estado de derecho, no ha sido un defensor del gobierno. Qué más autónoma e independiente que la función de la defensoría en esa época”, sentenció.

Comisión de Fiscalización

La mañana del jueves, Daniel Soria se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso en sesión reservada para explicar las acciones de su gestión.

Según pudo conocer El Comercio, durante la sesión fue consultado por las expresiones de Torres. Ante ello lamentó la postura del ministro, dijo ser consciente de que vendrían ataques de distintos frentes para obstaculizar su labor y resaltó que tenía autonomía, y que esta debería ser repotenciada.

“Fue diplomático en decir que le tiene sin cuidado, que esos ataques van a venir de todo lado, que el ministro Torres está en su derecho y que él seguirá trabajando en las denuncias que tenga que hacer”, comentó una de las fuentes consultadas.

Durante la sesión de la comisión se aprobó el plan de trabajo en el marco de la investigación por las reuniones no transparentadas de presidente Pedro Castillo en una vivienda de Breña. El mandatario no está entre las primeras personas que serán citadas, pero el objetivo es convocarlo más adelante.

Uno de los temas que se discutió fue una propuesta del congresista Enrique Wong (Podemos Perú) para solicitar el allanamiento de la vivienda de Breña, amparado en la facultad que da el Reglamento del Congreso a las comisiones investigadoras, pero el tema se dejó para una próxima sesión.

A su salida del Congreso, Soria dijo no haber recibido comunicación del ministro. “No he tenido ninguna conversación, el ministro no me ha llamado. Somos una entidad autónoma, cada uno en su espacio de trabajo. Nosotros seguimos trabajando, porque en realidad hay otros grandes temas en la procuraduría”, explicó.

“No se configura falta grave”

El Decreto Legislativo N°1326, con el que se creó la Procuraduría General del Estado, establece los requisitos para la designación y las causales para la remoción del procurador general.

Entre estas últimas están la renuncia, el impedimento legal sobreviniente a la designación, el término del período de 5 años y una falta grave. Este caso se configura por la obtención de beneficios indebidos, usar información para intereses particulares, proselitismo político, ocultar alguna prohibición para ejercer la función, entre otros.

Para la exministra de Justicia Ana Neyra, Soria no ha incurrido en ninguna causal y “aquí claramente no se ha configurado la falta grave”.

“Parece tratarse de una represalia por haber denunciado al presidente. Y eso es muy peligroso, porque los procuradores defienden al Estado, no a los presidentes o gobiernos. Es una muy mala señal que el ministro diga que va a revisar el nombramiento”, dijo.

Estimó que la oportunidad de la iniciativa del ministro Torres es discutible y que, probablemente, el funcionario argumente que se revisa la designación porque recién se ha asumido el gobierno. Sin embargo, consideró que “hay otras prioridades antes de remover a un procurador que tiene autonomía”.

Respecto al impedimento legal sobreviniente a la designación como causal de remoción, explicó: “Es un impedimento nuevo que podría haber surgido luego del nombramiento. Pero en este caso es una valoración de un requisito que se hizo en su momento, se consideró que cumplía y que ahora se está valorando que no se cumple”. Empero, insistió en que ninguna de las causales para la destitución se cumple al momento en el caso de Daniel Soria.

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