Los exprocuradores César Azabache, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia solicitaron a la presidenta Dina Boluarte observar la norma que limita la colaboración eficaz por las graves consecuencias que acarrearía en términos de impunidad frente al crimen organizado en el Perú.
A través de una carta pública, los exabogados del Estado peruano recordaron que antes de la promulgación de la Ley de Colaboración Eficaz, la lucha contra la criminalidad organizada resultaba “frecuentemente infructuosa” debido a la dificultad para obtener información interna que permita su desmantelamiento y sanción.
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Asimismo, indicaron que a lo largo de 23 años la norma y sus modificaciones han permitido “romper con décadas de impunidad” en el país pese a sus limitaciones, y mencionaron los casos Fujimori – Montesinos, Club de la Construcción, Los Cuellos Blanco del Puerto y Lava Jato.
Del mismo modo, Azabache, Ugaz y Vargas Valdivia calificaron de “inaceptable” que un Congreso con solo el 9% de aprobación y “enfrascado en un desmontaje institucional del país” pretenda neutralizar la ley de manera antitécnica para convertirla en un “instrumento simbólico”.
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“La amplia mayoría de votos a favor (84 frente 27 en contra) emana, además, de miembros de todas las agrupaciones políticas investigadas, ellas y sus representantes, por diversos actos de corrupción y otros graves delitos”, subrayaron.
“Pretender acortar los plazos del proceso de colaboración a 12 y 18 meses para casos ordinarios y de gran complejidad, respectivamente, resulta un despropósito y una clara intención de convertir este valioso mecanismo en inoperante”, agregaron.
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Finalmente, advirtieron que la modificación de la Ley de Colaboración Eficaz busca “entorpecer” la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada, y beneficiar así a los integrantes de organizaciones criminales, “quienes podrán alcanzar la impunidad en perjuicio de los intereses de la gran mayoría de peruanos”.
“Como ha ocurrido en oportunidades anteriores, la norma puede ser mejorada, pero ello debe ser producto de un esfuerzo serio que involucre un debate técnico con la participación de reconocidos operadores del derecho (fiscales, jueces, procuradores y abogados) y de la academia, quienes, conjuntamente, busquen soluciones para, entre otros aspectos, las dilaciones indebidas y la corroboración y la defensa del aspirante”, sentenciaron.
Cabe indicar que la propuesta aprobada por el Congreso señala que desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación, se dará un plazo máximo de 8 meses.
Además, por causas justificadas, el fiscal podría prorrogar este hasta por cuatro meses. Y en caso de crimen organizado, la prórroga sería hasta por 8 meses.
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La modificatoria también establece que está prohibido corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes.