La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pidió ayer al Gobierno que incluya al personal del Ministerio Público en el primer grupo de vacunación contra el COVID-19 por el riesgo de contagio que representan las funciones de prevenir y perseguir el delito.
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Ávalos argumentó que los fiscales están presentes en la primera línea de riesgo. Pero el Gobierno ha decidido que los primeros en vacunarse serán el personal del sistema de salud, las Fuerzas Armadas y policiales, los bomberos, integrantes de la Cruz Roja, serenazgo, brigadistas, personal de limpieza y seguridad, estudiantes de salud y los miembros de mesa de las elecciones de abril.
Fuentes de la fiscalía informaron que el comunicado se publicó porque Ávalos ya había agotado los canales de coordinación. Mostraron dos oficios enviados en enero pasado al Ejecutivo.
Para los infectólogos Julio Cachay y Eduardo Gotuzzo, el pedido de Ávalos debe ser evaluado. “Estamos ante un evento singular y se van realizando observaciones sobre el terreno. [...] Una solicitud de un grupo de la población se tiene que evaluar”, dijo Cachay.
Gotuzzo agregó que en cada institución del Estado hay funcionarios con diversos niveles de contacto con la población y, por lo tanto, con mayor o menor riesgo de contagio. “Es importante que se expongan las razones por las que se debe escoger cada grupo”, añadió.
Pero para el infectólogo Carlos Medina, se debería seguir con las fases de vacunación ya establecidas. “Ahora no hay vacunas para todos, incluso dentro del personal de salud se tendrá que priorizar”, explicó.
La primera fase busca proteger la integridad del sistema de salud y la continuidad de servicios básicos.
Intentamos obtener una respuesta oficial del Minsa al pedido de Ávalos, pero hasta la publicación de esta nota no contestaron.
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