El Consejo de la Prensa Peruana presentó su informe mensual de libertad de expresión y detalló los principales casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación que ocurrieron en abril.
Entre los casos que abordó el CPP está el allanamiento a la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur durante un operativo del Ministerio Público; un proyecto de ley que obliga a la colegiatura de comunicadores, los comentarios de la presidenta Dina Boluarte a la prensa tras el destape del caso Rolex y diversas agresiones físicas y verbales a periodistas.
Juan Carlos Tafur
La vivienda del director del portal Sudaca.pe, Juan Carlos Tafur, fue allanada por la Policía y se decomisaron sus aparatos electrónicos de él y su esposa. La orden de allanamiento señala que Tafur integraría una organización criminal y que se habría reunido con fuentes investigadas por la Fiscalía supuestamente para favorecer a una de ellas. La orden también cita dos artículos publicados por Tafur en Sudaca.pe, uno de los cuales tendría como objetivo desprestigiar a la fiscal Marita Barreto, quien ordenó el operativo.
Al respecto, el Consejo de la Prensa Peruana considera que si bien cualquier ciudadano puede ser investigado por la justicia, incluyendo un periodista, en el caso del periodista Juan Carlos Tafur existe el riesgo de que la Fiscalía atente contra el derecho constitucional a la protección de las fuentes de información y criminalice la relación del periodismo con sus fuentes.
Asimismo, califica de inaceptable que un artículo sobre la fiscal Marita Barreto, publicado por Sudaca.pe, sea considerado por la Fiscalía como desprestigio. Artículos críticos sobre un fiscal, relacionamiento con fuentes investigadas o dichos no corroborados no deben motivar allanamientos, incautación y levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esta organización pide que la investigación sea transparente.
Proyecto de ley que restringe a periodistas a contratar con el Estado
El congresista Jorge Luis Flores Ancachi propuso un proyecto de ley que busca incorporar una medida en la Ley de Contrataciones del Estado para impedir que los periodistas que hayan laborado en cualquier medio de comunicación y sus parientes de hasta segundo grado puedan contratar con el Estado por un año luego de haber dejado sus cargos de prensa.
El CPP remarcó que si bien esta iniciativa no afecta las libertades de expresión y de prensa de un periodista en ejercicio, sí puede afectar sus futuras oportunidades laborales.
“No es poco común que un periodista, en algún momento de su carrera, labore para el Estado, como lo han hecho y hacen varios y muy buenos reporteros. Esto se lee como un acto vindicativo de un congresista –y otros que firman el proyecto de ley, como Elvis Vergara y Darwin Espinoza- que han sido descubiertos por la prensa como integrantes del grupo ‘Los Niños’, que presuntamente traficaba influencias durante el gobierno de Pedro Castillo. Además, la prensa destapó que Flores Ancachi es un mochasueldo: le exigía a sus trabajadores del Congreso que le entreguen el 10% de sus sueldos. Ha sido acusado por el periodista de La República Liubomir Fernández de quererlo sobornarlo”, indicó.
Proyecto que obliga a la colegiatura
El congresista de Acción Popular Luis Cordero Jon Tay presentó un proyecto de ley que busca crear el Colegio Profesional de Comunicadores. La iniciativa propone que colegiarse a esa institución es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de licenciado de ciencias de la comunicación. Y para ser miembro y, por tanto, para poder ejercer como comunicador es necesario haber obtenido un título profesional en ciencias de la comunicación.
“El proyecto de ley fue firmado por congresistas como Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi, todos a quienes la prensa les descubrió presuntos delitos de tráfico de influencia”, remarcó el CPP.
Caso Espinoza
El congresista Darwin Espinoza, investigado por presuntos actos de corrupción, amenazó al periodista de Latina TV Renzo Bambarén. Al preguntarle el periodista sobre un posible uso indebido de recursos públicos para un reportaje, el congresista respondió que, de emitirse el contenido, lo denunciaría y haría que “pague lo que hizo”.
Caso Rolex
La presidenta Dina Boluarte criticó a la prensa por destapar e informar sobre el uso de relojes Rolex y joyerías de alto valor que no consignó en sus declaraciones juradas, como todo funcionario público debe hacer en el país, y por mentir respecto a los orígenes de los artículos. Sugirió que la cobertura mediática podría deberse a sexismo o discriminación. Según informaciones periodísticas, el valor de la joyería de Boluarte excede su capacidad de gasto teniendo en consideración sus ingresos pasados y presentes como funcionaria. Por otro lado, acusó al diario El Comercio de dar información “tendenciosa y falsa” luego que este informara sobre depósitos S/ 1.1 millones, unos US$ 300,000, en cuentas bancarias personales y mancomunadas, que no ha sido explicados por la presidenta.
El Consejo de la Prensa Peruana también se pronunció sobre los casos de la periodista Romina Mella (IDL-Reporteros), el canal Sol TV, la reportera María Elena Mamani (Latina TV), y los periodistas Paul Pilco Dorregaray y Wilfredo Contreras Palomino, de radio Titanka de Abancay, y de Paul Vega Roque (Radio Estación MIC).