Martín Vizcarra: las claves del juicio por corrupción que podría terminar en una condena a 15 años de cárcel

Este lunes, Martín Vizcarra se convierte en el cuarto expresidente peruano en sentarse frente al banquillo de los acusados, imputado de presunta corrupción y afrontando una posible condena que lo podría llevar a purgar 15 años de cárcel.

El Ministerio Público lo acusa de haber recibido una coima de S/2,3 millones en su condición de exgobernador de la región Moquegua, entre el 2011 al 2014, de las empresas Obrainsa e ICCGSA.

El dinero ilícito sería el monto que Vizcarra Cornejo habría solicitado para quebrantar la ley y la confianza que se le otorgó como funcionario público, a cambio de entregarles de manera irregular, respectivamente, la licitación para la construcción de dos proyectos: “Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua” y “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2″.

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Luego de abrir investigación por estos presuntos actos irregulares, y pasar por proceso preparatorio, el Equipo Especial Lava Jato imputa al exgobernador regional moqueguano ser autor del delito de cohecho pasivo propio en ambos casos.

Por la primera obra licitada al consorcio ‘Obrainsa Astaldi’ ha solicitado seis años de cárcel y otros nueve años de cárcel más por la segunda obra licitada al ‘Consorcio Hospitalario Moquegua (Iccgsa e Incot)’, bajo el concurso real de delitos.

La fiscalía también ha solicitado que Vizcarra Cornejo sea inhabilitado por seis años para ejercer cualquier cargo público.

Junto al expresidente también han sido incluidos y convocados a juicio oral, como terceros civilmente responsables, las personas jurídicas INCOT Contratistas Generales S.A.C., ASTALDI S.P.A. - Sucursal del Perú, Obras e Ingeniería S.A.- OBRAINSA e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. – ICCGSA

El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, y quien será el encargado de sustentar la acusación tiene la seguridad que los elementos recaudados probarán, con suficiencia, la responsabilidad penal de Martín Vizcarra. Así lo ha comentado al El Comercio horas antes de la instalación del juicio oral contra el expresidente; por tanto, asegura que obtendrán una sentencia condenatoria.

“Hemos acusado porque estamos convencidos, del caudal probatorio que se ha obtenido, que la persona de Martín Vizcarra ha cometidos los delitos de cohecho pasivo propio, tanto en los proyectos de Lomas de Ilo y de la Ampliación del Hospital Moquegua, y que por ello se va a obtener una sentencia condenatoria.”

Germán Juárez Atoche, fiscal del Equipo Especial Lava Jato.

El exmandatario ya ha sido sometido a dos juicios políticos ante el Congreso de la República que lo han inhabilitado por cinco años (en su rol de exministro de Transportes y Comunicaciones) y diez años (por vacunarse irregularmente contra el Covid-19) ; sin embargo, aún le espera el juicio penal, que establecerá si fue o no un funcionario corrupto.

De esta manera, Vizcarra Cornejo se suma a lista de expresidentes del Perú que afrontan o afrontaron sendos juicios penales por presunta corrupción: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y el fallecido Alberto Fujimori.

Martín Vizcarra fue llamado a juicio oral por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, integrado por los magistrados Fernanda Isabel Ayasta Nassif, Lorena Paola Sandoval Huertas y Giovanni Felix Palma, desde las 9 de la mañana de este lunes, de manera presencial.

La próxima sesión también fue convocada con antelación para el 4 de noviembre desde las 9 de la mañana, luego se irán programando de acuerdo a la agenda del colegiado.

El exmandatario ha interpuesto una última acción legal para evitar sentarse en el banquillo de los acusados este lunes, enviando un documento al colegiado para que declaren la nulidad de la citación a juicio oral.

Para el expresidente y su defensa legal, el auto de acusación que se analizará en juicio oral debía contener también la imputación por el presunto delito de colusión - por el que inicialmente fue acusado por la fiscalía- y cuyo control acusatorio aún se encuentra pendiente.

Sin embargo, agregan, debía haberse realizado el control acusatorio pues se trata de los mismos hechos contenidos también en el delito de cohecho pasivo propio, por el que ha sido convocado a juicio oral. El tribunal deberá pronunciarse por dicho requerimiento.

Según la acusación del Ministerio Público, a finales del 2013, cuando Martín Vizcarra era gobernador regional de Moquegua, tomó conocimiento que la empresa Obrainsa consorciada con la empresa Astaldi, estaban participando como postores en la licitación del proyecto “Construcción de la Línea de Conducción N. ° 1 Jaguay – Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua”, supervisada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Por ello, se contactó con el gerente comercial de la empresa Obrainsa, Elard Paúl Tejeda Moscoso -al que conocía previamente- a fin de concertar una reunión para poder ayudarle a ganar la buena pro de la referida licitación.

La comunicación fue mediante una llamada directa de Vizcarra a Tejeda entre el 4 y 6 de noviembre de ese año; y donde el funcionario le hizo saber que estaba en Lima, ofreciéndose a ir personalmente hasta las oficinas de Obrainsa, ubicadas en San Isidro, para coordinar aspectos referentes a la mencionada licitación.

La reunión se concretó en las oficinas de Obrainsa, entre los días 5 y 6 de noviembre del 2013 aproximadamente, en horas de la tarde. Allí, el exmandatario le brindó información privilegiada y clave para que el consorcio pueda adjudicarse el proyecto sin contratiempos.

El exgobernador regional le informó a Tejeda Moscoso que el monto máximo a ofertar para la construcción, no debía exceder de S/81′000.000, por lo que su propuesta económica -que inicialmente había sido observada- debía ajustarse a dicho monto. Además, le aseguro que una vez concluida la evaluación de la Unops, él iba a ser informado con los resultados para que exprese su no objeción sobre la adjudicación.

A cambio de haberle proporcionado dicha información y por las acciones ilícitas que realizaría posteriormente, Vizcarra Cornejo habría solicitado un beneficio económico consistente en el 2% del valor de la obra establecido en S/1′016. 212,76, según relató el colaborador eficaz 10-2018. Las empresas consorciadas aceptaron entregar el pago ilícito.

Fue así que el 12 de noviembre del 2013 la Unops le informó al consorcio Obrainsa-Astaldi que su propuesta por un monto total de S/80′981.137,34 por “Lomas de Ilo” había sido seleccionada y había recomendado al Gobierno Regional de Moquegua su propuesta para que se les adjudique la obra. Es decir, que la suscripción del contrato quedaba a merced del gobierno regional, a través del entonces gobernador Martín Vizcarra.

Con esos resultados y previo a la firma del contrato, Vizcarra Cornejo llamó a Tejeda el 2 de diciembre del 2013, solicitando que “a cuenta de lo pactado” le alquile una avioneta para viajar a Lima para reunirse con unas personas, que luego debían ser trasladadas a Ilo.

Obrainsa pagó S/35, 985.65 por el alquiler de una avioneta para el traslado de personas de Lima a Ilo con retorno.

Los pagos en efectivo, de otro lado, se habrían realizado de manera personal a Vizcarra Cornejo en las oficinas de Obrainsa. S/400,000.00 fue entregado entre el 27 o 28 de enero de 2014 y S/600,000.00 entre la primera semana de abril de 2014.

En el segundo hecho, Vizcarra Cornejo también es acusado de haber condicionado su cargo como gobernador regional para obtener un beneficio económico ilegal de S/1′300,000, para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra: “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2″ a favor del “Consorcio Hospitalario Moquegua” que integraban las empresas Iccgsa e Incot.

Según la acusación fiscal, Vizcarra habría realizado el requerimiento indebido a través de su amigo y hombre de confianza, José Manuel Hernández Calderón, al gerente comercial de Iccgsa, Rafael Granados Cueto, aprovechando que estos dos últimos participaban en una reunión de la Cade 2013, llevada a cabo en Ica, entre los días 28 y 29 de noviembre de 2013.

Similar al primer caso, la propuesta se hizo cuando se encontraba en trámite la presentación de una nueva propuesta económica por parte del consorcio integrado por Iccgsa e Incot, en relación al proceso de licitación llevado a cabo por UNOPS.

Una vez que el referido consorcio salió ganador se llevó a cabo la suscripción del contrato el 18 de diciembre del 2013 y un adelanto para la obra. Fue luego de ello, indica la fiscalía, que se comenzó a materializar la entrega del dinero a Vizcarra Cornejo.

Los pagos se habrían realizado en efectivo a través de Hernández Calderón, con sumas que oscilaban entre S/100.000 a S/200.000. Algunas veces fueron entregadas personalmente al amigo de Vizcarra en las oficinas de Iccgsa y otras eran entregadas al chofer de Calderón en el domicilio del expresidente.

La fiscalía señala además que, en dos oportunidades, el mismo Vizcarra Cornejo habría recibido el dinero de manera personal por parte de los directivos de Iccgsa.

Al juicio oral han sido citados 27 testigos, entre los que se encuentran colaboradores eficaces con identidad develada, que han participado en los presuntos actos de corrupción por los cuales es acusado Martín Vizcarra.

También han sido citados tres testigos técnicos, dos testigos extranjeros y nueve peritos.

El caso presentado por el Ministerio Público, a través del Equipo Especial Lava Jato se ha fortalecido por la cantidad de colaboradores eficaces que decidieron entregar información y confesar sus actos ilícitos, así como la declaración de testigos.

Por el primer hecho de la licitación irregular del proyecto “Lomas de Ilo” el colaborador eficaz N°10-2018, con sentencia e identidad develada, Elard Tejeda Moscoso, representante de Obrainsa, señaló ante el fiscal Germán Juárez Atoche, haber entregado el soborno solicitado por Martín Vizcarra.

Para este caso también se cuenta con la declaración testimonial de Rosa Carmen Ríos Quinteros, asistente de gerencia de Obrainsa, quien confirmó haber visto a Martín Vizcarra -a quien conocía con anterioridad- en las oficinas de Obrainsa, hasta “en tres oportunidades” en el “año 2013″ -fecha de la licitación- y 2014 aproximadamente.

Junto a ello, se encuentran los documentos entregados por Obrainsa para confirmar el alquiler de una avioneta solicitada por Vizcarra. Entre estos, los correos electrónicos que intercambiaron con el entonces exgobernador para confirmar el vuelo y la lista de pasajeros.

Mientras tanto, por el segundo hecho vinculado al proyecto “Hospital de Moquegua Nivel II”, la fiscalía ha presentado documentos y la declaración de uno de los colaboradores más importantes del caso: José Manuel Hernández, amigo de Vizcarra y quien ha confirmado la solicitud del soborno y pagos realizados por las empresas Iccgsa e Incot.

Junto a ello, también están las versiones de los colaboradores con sentencia e identidad develada Jorge Iturrizaga (gerente de Incot S.A. y Colaborador Eficaz N° 3-2020) , Fernando Castillo Dibós (Gerente de Iccgsa y Colaborador Eficaz N° 01-2019), Rafael Granados Cueto (Gerente de Iccgsa y el Colaborador Eficaz N° 13-2019) y Javier Jordán Morales (Representante legal de Iccgsa y Colaborador Eficaz N° 15-2019) quienes han confirmado los presuntos pagos ilegales a Vizcarra Cornejo.

Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, dijo a este Diario que la imputación de la que se sostiene el Ministerio Público, es una imputación construida en base a “testimonio falsos de personas reconocidas como delincuentes”, y versiones que además han sido inconsistentes por parte de los colaboradores eficaces presentados en la acusación.

A ello, indicó, las corroboraciones de las versiones de los delatores fueron corroboradas únicamente con el testimonio del personal que depende económicamente de los mismos colaboradores eficaces.

Sostuvo que incluso, algunos de los colaboradores eficaces aún no reciben una sentencia en sus respectivos procesos especiales; por tanto, se evidencia la falta de solidez y falta de corroboración sobre las acusaciones presentadas por la fiscalía en contra de su patrocinado.

Es necesario que existan elementos de corroboración sobre el núcleo de imputación. Si alguien dice que te entregó un soborno, debe haber elementos de corroboración de la entrega del soborno, aún cuando no haya prueba de la entrega directa, debe haber elementos que corroboren al menos, ese acto de entrega; y ese acto no existe. Son declaraciones de colaboradores bastante inconsistentes que tratan de vicular el presunto soborno a cambio de presuntas decisiones que habría tomado Martín Vizcarra en el marco de la contratación pública”, señaló.”

Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra.

En esa línea, aseguró que la contratación pública con los consorcios ganadores de las referidas obras, no era de competencia del Gobierno Regional de Moquegua, ni tampoco del gobernador regional de ese momento, es decir Martín Vizcarra. Por el contrario, afirmó que el proceso estaba a cargo de Unops; y en esa lógica, su patrocinado no tenía ningún vínculo competencial para atribuirle un delito de cohecho, que es un delito de infracción de deber, sobre un acto en el que nunca participó.

“Él no convocó o no hizo el llamamiento del concurso de licitación, hablo específicamente de Lomas de Ilo, no hizo el llamado a licitación pública internacional. Fue el Proyecto Especial Pasto Grande con autonomía económica. En las bases de licitación consta claramente que el llamado a la licitación lo hace por encargo del Proyecto Especial Pasto Grande y que el contrato es suscrito, no por el presidente regional, sino por el Proyecto Especial Pasto Grande”, dijo.

Siccha Pérez calificó de “falso” que Vizcarra Cornejo haya firmado los contratos de “Lomas de Ilo” y el “Hospital de Moquegua Nivel II” con los respectivos consorcios ganadores de la licitación.

Argumentó que en el primer caso, el contrato fue firmado por el gerente general del Proyecto Especial Pasto Grande; y en el segundo caso, fue el gerente general del Gobierno Regional de Moquegua.

A su entender, existe “una confusión malintencionada” pues cuando Unops se refiere al gobierno regional -en el Proyecto Lomas de Ilo- se refiere al Proyecto Especial Pasto Grande, porque es una unidad desconcentrada del gobierno regional económica y administrativamente; y ellos lo decidieron a través de su Consejo Directivo, no el gobernador regional.

“Me parece una acusación jurídicamente endeble, es fácticamente falsa y fácticamente inconsistente. Creo que no solo es una cuestión de hecho que debería salir absuelto; sino también como una cuestión de derecho, porque si bien nuestra defensa se sustenta en rechazar las falsas afirmaciones, tal como nos ha señalado nuestro patrocinado, desde el punto de vista jurídico no resiste el menor análisis.”

Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra.

Por tanto, concluyó que en este caso, no es solo que el exmandatario no haya intervenido en el proceso de contratación pública; sino que además el Ministerio Público no ha logrado identificar alguna función específica que habría sido quebrantada.

De otro lado, el abogado rechazó que busquen retrasar el inicio del juicio oral al pedir la nulidad de la resolución que cita a juicio oral, ya que -aseguró- que el Ministerio Público y la Procuraduría habrían advertido con anterioridad al juzgado del control de la acusación sobre su decisión de no esperar a que se concluya con el control de acusación por el delito de colusión en este mismo caso, y pasar únicamente a juicio oral por el delito de cohecho pasivo.

“No estamos buscando retrasar, no es una cuestión que nosotros hayamos advertido necesariamente, porque lo advirtió el Ministerio Público y la Procuraduría en su oportunidad. Ellos le dijeron a la jueza que eso iba a generar nulidad; por tanto es una causal de nulidad absoluta que el mismo hecho, en el marco de un mismo proceso penal, vaya a ser objeto, al mismo tiempo, de un acto de juzgamiento y un acto de control de acusación. En cualquier lugar del mundo esto es inconstitucional y una clarísima vulneración al debido proceso”, concluyó.

Daniel Jurado Palma, abogado especializado en materia penal, destacó el inicio del juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra, al señalar que llegar a esta etapa “no es una cuestión menor”.

Ello, teniendo en cuenta que antes del juicio existen otras etapas previas en las que se investiga y se podría, si fuera el caso, determinar la inocencia o archivar el caso si es que queda claro que el funcionario no tiene responsabilidad. Sin embargo, en los casos “vinculados a los expresidentes ha ocurrido todo lo contrario”, como el de Vizcarra, donde la teoría fiscal se ha fortalecido hasta llegar a una acusación penal.

“El que lo hayan acusado, en particular en este caso, determina que el fiscal considera que tiene pruebas suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del expresidente Martín Vizcarra. Al igual que ocurrió en el caso del expresidente Alejandro Toledo, el fiscal Germán Juárez en este caso, considera que tiene las pruebas suficientes para lograr la condena del expresidente Martín Vizcarra.”

Daniel Jurado Palma, abogado penalista.

Jurado Palma destacó que en este caso se cuente con las versiones de los colaboradores eficaces, que no son otros que los mismos empresarios que habrían entregado el dinero ilícito a Vizcarra Conerjo y la declaración del amigo del expresidente José Manuel Hernández, por lo que sumado a las pruebas contingentes que apoyen estas versiones, sí se podría afirmar que la fiscalía tiene un caso “meridianamente sólido”.

En esa línea, recordó que el delito de cohecho se prueba con la verificación de la entrega de un dinero de manera ilegal, y para ello se necesita de un funcionario corrupto y un particular corruptor y ambos van a ser sancionados.

No obstante, si el funcionario niega su responsabilidad, pero el particular sí admite haber entregado dinero a cambio de algo, entonces, ya es una prueba bastante fuerte.

“Entonces, si la empresa ha admitido su responsabilidad, admite haberse concertado con varios funcionarios para perjudicar al Estado, entonces evidentemente los jueces con esa admisión de cargos; y si esta admisión de cargos está respaldada por pruebas, por supuesto que tienen más o menos la mitad de la condena ya hecha porque es la versión de los particulares que admiten contra la versión del funcionario que lo niega. Entonces, si este escenario se verifica, si el escenario verifica que los particulares que han sido imputados como cómplices de este cohecho han admitido todas sus responsabilidades, yo creo que también es un escenario altamente, digamos, probable que la acusación fiscal prospere.”

Daniel Jurado Palma, abogado penalista.

Sobre la nulidad solicitada por Vizcarra Cornejo, para que no se instale el juicio oral -al no haberse incluido el delito de colusión por lo mismos hechos- el abogado dijo que no consideraba posible que el Poder Judicial declare fundado su pedido fundada la nulidad pues para ello era necesario un defecto procesal muy grave.

Si bien dijo, no existe ninguna vulneración al debido proceso, sí calificó como “problema logístico o de organización” el que no se haya esperado a que concluya el control de acusación del delito de colusión para que sea incorporado al expediente donde ya está por iniciar el juicio oral por el delito de cohecho, tratándose de los mismos hechos.

Finalmente, Jurado Palma, señaló que es una situación preocupante para la sociedad peruana, en la medida que resulta reprochable que los principales representantes gestión tras gestión pública, como lo son expresidentes del país, están siendo acusados y hasta condenados por delito de corrupción.

“Esto evidencia que las personas que, eventualmente, han adquirido poder en nuestro país, han utilizado el cargo para enriquecerse y es algo que nos deja una lección muy grande para pensar a quién le entregamos el voto a futuro. Resulta una cuestión bastante complicada porque al final ya no es una cuestión de ideología de derecha y izquierda, sino que al final casi todos los periodos han sido investigados, casi todos están llegando a un juicio oral”, comentó.