El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria, aclaró este jueves que el expresidente Pedro Castillo no se encuentra “secuestrado” sino cumpliendo una orden de prisión preventiva en el marco del proceso que se le sigue por el Golpe de Estado.
Durante una audiencia pública, el magistrado se dirigió al exmandatario luego de que este hiciera uso de la palabra para intentar victimizarse al ejercer su defensa debido al recurso de tutela de derecho que sustentó junto a su abogado, Eduardo Pachas.
“Señor Castillo, le vuelvo a precisar, usted no está secuestrado. Hay una orden judicial por la que usted está con una orden de prisión preventiva”, le indicó Checkley.
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El magistrado también le indicó que el fin de la audiencia era escuchar al expresidente. “Segundo, sí, precisamente, esta audiencia ha sido para escucharlo y atender el requerimiento que usted hace, así como los argumentos de la fiscalía”, acotó el juez supremo.
Como se recuerda Castillo Terrones viene cumpliendo siete de los 18 meses de prisión preventiva que se dictó en su contra en diciembre del 2022, luego de haber sido detenido por haber encabezado un golpe de Estado el 7 de diciembre del año pasado.
El exjefe de Estado es procesado por el presunto delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) por haber pretendido subvertir el orden constitucional, ordenar el cierre del Congreso y reformar el sistema de justicia.
En el recurso de tutela de derecho solicitaba que el Poder Judicial se pronuncie sobre el pedido que había realizado al Ministerio Público para que se realice la actuación de pruebas testimoniales y documentales que habían requerido.
En este contexto, el vacado exmandatario participó en la audiencia, en la que dijo estar secuestrado desde hace siete meses, sin comunicación con su familia.
“Como es un derecho constitucional también el hecho de que estoy acá, siete meses secuestrado, que hasta el día de hoy no tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos, con mis padres y con mi familia. Pueden quitarme la libertad, pero no pueden quitarme el derecho a comunicarme; hay una tortura a mi familia, a mis hijos, a mis padres”, señaló.
Castillo aseguró que en su caso se habrían fabricado colaboradores eficaces y que los grupos de poder, así como la prensa, estaban en su contra por no haberse sometido a ellos.
“Estoy dándome cuenta, cada vez más, de que en el caso de Castillo; para Castillo la ley y para mis amigos un café. Hoy, estoy convencido de que la fiscalía es un verdadero colaborador eficaz de este gobierno de facto”, anotó.
Fiscalía rechazó pedido
Fiscalía rechazó pedido
De otro lado, el Ministerio Público solicitó que se declare infundado el recurso de tutela de derechos solicitado por Castillo y su abogado Eduardo Pachas.
Esto, debido a que la fiscalía ya se había pronunciado rechazando el pedido del exmandatario para recoger la declaración del presidente del Congreso José Williams, las congresistas Martha Moyano (tercera vicepresidenta), María del Carmen Alva Prieto (expresidente del congreso) y Patricia Chirinos, así como de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, y otras seis personas, en el marco del proceso judicial que se le sigue por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Así lo informó la fiscal suprema adjunta Galinka Meza de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, durante la misma audiencia.
A través de una disposición del 3 de julio pasado, también se rechazó el pedido del exmandatario para poder recoger la versiones de los parlamentarios Jorge Montoya (Renovación Popular) y Américo Gonza (Perú Libre), el actual ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta y el General del Ejército Peruano Víctor Manuel Canales Rosas.
“En la misma forma, como hemos manifestado, no es pertinente para desacreditar o no los hechos que se le atribuyen a Castillo Terrones, en coautoría con los demás investigados en este proceso, los ocurridos el día 7 de diciembre del 2022″, señaló la fiscal.
Mira aquí toda la audiencia:
No obstante, se admitió la toma de declaración de Lina Sánchez Kamada (exsecretaria del exministro de Defensa, Gustavo Bobbio) quien deberá acudir a la fiscalía el próximo 24 julio a las 15:00 horas; y Andrés Salas Jaén (funcionario del Gobierno de Pedro Castillo y exasesor de la comisión del Congreso que investigó un presunto fraude en el proceso de las elecciones generales del 2021).
Además se admitió dos de las 14 documentales, entre ellas diligenciar al Congreso para que informe sobre la moción de vacancia presentada por el congresista Edward Málaga y una denuncia de la exsecretaria del Mindef Lina Sánchez; así como la visualización de dos de los seis videos solicitados.
Por tanto, la fiscal señaló que al haber dado respuesta al pedido de la defensa de Castillo Terrones para la actuación de pruebas testimoniales y documentales, ya habría operado la “sustracción de la materia” sobre el recurso de tutela habría. Es decir, ya no tendría razón de atenderse lo pedido por la defensa del exmandatario.
El abogado Eduardo Pachas insistió en el pedido, al señalar que la fiscalía recién había notificado su decisión el pasado 12 de julio.
Además, aseguró que la fiscalía se negaba de realizar diligencias y tomar declaraciones a testigos que podrían dar cuenta sobre una presunto “complot” para destituirlo antes del 7 de diciembre de 2022.
Por ello, solicitó al magistrado que permita “hacer prueba” a su patrocinado a través la declaraciones y documentos que han solicitado que la fiscalía admita y actúe.
“Es derecho de mi patrocinado, y que se vea el accionar y se vea si acá hay un Estado de Derecho o hay una dictadura”, anotó.