La orden fue la siguiente: en el 2011, Rodolfo Orellana le encargó al abogado Rodolfo Reyna Salinas, ex asesor principal del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, apropiarse de un inmueble ubicado en Miraflores; para ser exactos, en la cuadra 6 de la calle Shell. Para este fin, se utilizó un fraudulento laudo arbitral y se transfirió dicha propiedad a la presunta testaferra de esta red: Rosa María Ledesma viuda de Reyna.
Según declaró el colaborador eficaz, con código de reserva CELAV 01-2015, por esta operación Reyna Salinas recibió, aparentemente el 14 de enero del 2013, la suma de US$80 mil, de un total de US$720 mil que fueron repartidos, en montos menores, a cuatro miembros de esta presunta organización. El ex asesor fue quien se llevó la mejor tajada. Su trabajo fue fundamental para la apropiación del inmueble.
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El colaborador eficaz de la investigación fiscal seguida contra la red de Rodolfo Orellana afirmó que Reyna fue el encargado de falsificar la firma del liquidador del Banco Popular. El inmueble estaba inscrito a nombre de esta entidad, que se encontraba, ya en ese entonces, en liquidación.
En paralelo, operadores de esta presunta mafia se encargaron de coordinar un amañado proceso de arbitraje, con el fin de asegurarse la transferencia de este inmueble a favor de la testaferro. Aprovecharon que el liquidador ya no existía. Consignaron para ello los datos, como si el liquidador estuviese trabajando.
El colaborador también contó que los laudos arbitrales se hicieron en coordinación directa con Ludith Orellana, número 2 de la presunta red de Rodolfo Orellana. Y Patricia Rojas, hoy prófuga en Panamá, fue quien consiguió el árbitro para lograr la transferencia del inmueble. Se efectuaron dos laudos arbitrales: Uno para obtener la propiedad y el otro para lograr la posesión. Uno de los árbitros fue Hernando Talavera, hoy preso en el penal de Ancón.
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