Tras un pedido de la fiscalía, el Poder Judicial (PJ) amplió por ocho meses la investigación preparatoria seguida contra el expresidente Pedro Castillo y sus exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, así como contra el entonces asesor Aníbal Torres por el Golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
El plazo inicial vencía este sábado 12 de agosto y por ello el Ministerio Público solicitó el viernes que se amplíe el plazo de las investigaciones por ocho meses más. Como argumento, aseguró que diversas diligencias no se han podido realizar, entre ellas la toma de declaración de diversos testigos que no acudieron a la citación fiscal, así como la elaboración de pericias técnicas. El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, accedió al pedido.
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Durante la audiencia del viernes 12, la fiscal Suprema Silvia Sack afirmó ante el juez Checkley Soria que 19 testigos no se presentaron al llamado fiscal pese a que sus declaraciones fueron programadas entre junio y los primeros días agosto.
Entre ellos, se encuentran el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví Olarte, quien fue citado para el 2 de agosto para que declare sobre las coordinaciones previas a la emisión del mensaje presidencial que buscó establecer un estado de excepción.
“En el presente caso, aún no se cumple con el objetivo de la investigación preparatoria por cuento existe aún actos de investigación pendiente de realizar”, indicó la fiscal.
También fueron citados la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano; el chofer Erick Huamán López, quien trasladó a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, así como un grupo de efectivos policiales que debían brindar su versión sobre las órdenes para el cierre del Congreso.
Además, señaló la fiscal, la defensa del vacado exmandatario solicitó que se tome la declaración de otros testigos como Lina Sánchez Camada -exsecretaria del Ministerio de Defensa- y del asesor del despacho de la presidencia del Consejo de Ministros, Andrés Eduardo Salas.
"Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el presunto delito de rebelión y conspiración, no participó de la diligencia, pero sí lo hicieron su abogado, así como Bettsy Chávez, Aníbal Torres y otros investigados"
Mira aquí la audiencia, con los argumentos de la fiscalía y de los investigados
Remarcó que se trata de un caso complejo, por lo que necesitaba más tiempo para concluir con las diligencias propuestas por el Ministerio Público y otros que han surgido de la información recabada y a pedido de las partes.
“Resulta necesario la prórroga de la investigación preparatoria por ocho meses adicionales para recabar la evidencia digital necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación; en particular, aquella relacionada a la elaboración del Mensaje de la Nación que emitió el expresidente Castillo Terrones, el día 7 de diciembre del 2022, así como el proyecto del Decreto Supremo con el que se habría pretendido materializar acciones anunciadas en dicho mensaje de la Nación"
La fiscal Sack Ramos señaló que también están pendientes de realizar las diligencias de deslacrados de las evidencias halladas en el domicilio del exasesor y ex presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Un total de 3,773 clips de la cámara de vigilancia de su vivienda y diligencias periciales a su laptop, CPU y otros elementos.
También se debe realizar, prosiguió, la copia espejo de los bienes incautados en el allanamiento a las oficinas de los ministerios de Vivienda, Defensa, Trabajo y Justicia, así como a la Dirección Nacional de Inteligencia, PCM y gabinete de asesores de Palacio de Gobierno.
Finalmente, indicó que necesitan terminar de recabar y procesar los registros históricos del levantamiento del secreto de las comunicaciones que se autorizó días atrás para 14 personas, entre investigados, testigos y terceros.
Este es el mensaje de la Nación en el que Pedro Castillo el día del golpe de Estado
Posición de las partes
Posición de las partes
Pese a que las diligencias solicitadas a la fiscalía también se encuentran pendientes, la defensa de Pedro Castillo, el abogado Wilfredo Robles, se opuso a la ampliación de la investigación por ocho meses, alegando que ya culminó el plazo razonable que se le otorgó al Ministerio Público.
“A estas alturas estamos culminando una etapa de investigación preparatoria cuya complejidad fue declarada por el propio Ministerio público y se otorgó ocho meses (…) entonces, tendría que evaluar señor juez cómo el Ministerio Público ha empleado estos 250 días y luego podría ponderarse que tan plausible es que pida una prórroga por un tiempo igual”, anotó.
Duberlí Rodríguez, defensa de Aníbal Torres, cuestionó que el Ministerio Público no haya realizado todas las diligencias programadas durante el plazo que se les otorgó.
“Por ejemplo, los testigos que no han concurrido, el Ministerio Público tiene los apremios necesarios para hacerlos concurrir sin pedirle autorización al juez ¿cómo en ocho meses no lo van a lograr?”, cuestionó.
Aseguró que si bien su patrocinado no está en prisión preventiva, sí le han incautado elementos que le sirven para su trabajo y no se ha realizado la pericia porque la oficina pertinente no ha facilitado dicha diligencia.
A su turno, Torres Vásquez se adhirió a los argumentos de su defensa. “Solamente quisiera hacer presente que los instrumentos incautados en el allanamiento son mis instrumentos de trabajo”, dijo.
Luis Barranzuela, quien se presentó como nuevo abogado de la exministra Betssy Chávez, recordó que su patrocinada se encuentra con prisión preventiva y responsabilizó a la fiscalía de no llevar adelante las pericias y otras diligencias.
Chávez Chino, al hacer uso de la palabra, reafirmó que no se oponía al pedido fiscal, y rechazó estar dilatando las investigaciones. “La crítica va a que las dilitencias tienen que hacerse en el tiempo que corresponde”, anotó sobre la prisión preventiva que cumple por este caso.
Alexander Gonzales, defensa legal del exministro Roberto Sánchez Palomino, no se opuso al requerimiento fiscal de ampliación e indicó que se allanaban a la pretensión.
El exministro Huerta Olivas, también se mostró de acuerdo con el pedido de la fiscalía alegando que busca hallar la verdad.