Pedro Castillo tuvo al menos 12 abogados tras su golpe de Estado: ¿quiénes son? | VIDEO

Desde que dio su golpe de Estado hace casi un mes y tras su posterior detención en flagrancia por rebelión, el expresidente Pedro Castillo ha tenido al menos 12 abogados que han ejercido su representación. Según especialistas consultados por El Comercio, detrás de estos constantes cambios se puede advertir una posible estrategia de victimización para alegar que no se ha respetado su derecho a la defensa.

Al momento de su detención, el 7 de diciembre, Castillo estuvo junto con Aníbal Torres, su exjefe del Gabinete, quien asumió su defensa en dichas diligencias.

Torres también estuvo con Castillo al día siguiente, en la audiencia en la que el juez supremo Juan Carlos Checkley validó su detención. Allí se sumó a la defensa el abogado Víctor Pérez Liendo, cuyos alegatos no fueron suficientes para que Castillo sea liberado. Pérez Liendo también firmó una carta a nombre de Castillo en la que solicitó asilo al Gobierno Mexicano.

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Confirmada la detención del expresidente, más abogados se sumaron a su entorno. Uno de ellos fue Guillermo Olivera, quien apeló la detención y protagonizó improvisadas ruedas de prensa afuera de la Dinoes. En una de estas afirmó que Castillo “estaba un poco sedado” cuando dio su golpe. El 9 de diciembre se sumó a la defensa Ronald Atencio, abogado y asesor del congresista Guillermo Bermejo.

Sin embargo, al día siguiente Castillo designó una nueva defensa: Miguel Pérez Arroyo, exdefensor del expresidente Alberto Fujimori, y María Adriano.

Pérez indicó a El Comercio que fue el propio Castillo quien lo llamó –a través de un intermediario– el 10 de diciembre. “Me dijo: ‘Doctor, necesito que usted asuma mi defensa, me han recomendado y me han hablado bien de usted, y necesito que venga a verme cuanto antes’”, dijo.

Pérez explicó que su renuncia fue por “incompatibilidades” sobre cómo sería la defensa: “Nosotros no íbamos a hacer una defensa política”. Por otro lado, contó que le exigió a Castillo ser el único que decida sobre la defensa: “[Fue] una de las cosas que no ocurrió. Había personas que permanentemente estaban alrededor suyo, que daban sus pareceres”.

Tras la salida de Pérez, el 12 de diciembre, Atencio fue ratificado como principal abogado. Se le sumó Raúl Noblecilla, también cercano a Bermejo. Ambos, sin embargo, no participaron en la audiencia de prisión preventiva del exmandatario. Tampoco lo hizo el investigado.

Ante ello y para respetar su derecho a la defensa, la Corte Suprema postergó la audiencia y se le asignó abogados de la Defensa Pública: Ítalo Díaz y Jhans Ventura. Fue el primero quien tomó la palabra en la audiencia del 16 de diciembre, tras la cual el Poder Judicial (PJ) dictó 18 meses de prisión a Castillo. Tres días después, Atencio y Noblecilla renunciaron sin explicar sus motivos.

Para la apelación, Castillo nombró como abogados a Wilfredo Robles y Paulino Loa, quienes no evitaron que se ratifique su prisión. El 29 de diciembre, “Perú 21″ reveló que Robles estuvo preso por terrorismo. El abogado reconoció dicho paso por prisión ese mismo día en una entrevista en radio Exitosa, pero negó tener una condena.

En los días siguientes, Loa renunció y Sandro Balvín se presentó en medios como el nuevo abogado de Castillo. Según dijo, iba a reestructura la defensa y apuntar a que sea procesado en libertad.

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Fuentes de El Comercio indicaron que Balvín aún no se acredita formalmente ante la fiscalía. Robles no respondió a una consulta de este Diario para corroborar su alejamiento de la defensa.

Estrategia

Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, dijo que hay dos posibles lecturas de esta inestabilidad. Una es que Castillo no se convence o no confía en las estrategias que plantean sus sucesivos abogados. La segunda es que se trata de una estrategia para argumentar “indefensión”: que no ha tenido una defensa idónea en su proceso.

Sophia Icaza, abogada del Estudio Linares, coincidió en que estaríamos ante una estrategia para alegar una violación al derecho a la defensa ante instancias como la Corte IDH, a donde se presume que recurrirá el exmandatario. “Como se dice coloquialmente: están preparando la cancha”, opinó.

Pérez tiene un análisis similar: “Pareciera que es una estrategia para luego alegar indefensión”. Sin embargo, aclaró que no vio ningún impedimento de parte del PJ o de la fiscalía al derecho a la defensa de Castillo mientras fue su abogado.