La polémica es la siguiente: ¿Puede un funcionario público bloquear desde su cuenta personal en Twitter a un ciudadano? La Primera Sala Civil de Lima acaba de emitir una decisión que establece criterios iniciales, derivados de una acción de amparo presentada por el abogado –de filiación aprista– Erick Iriarte contra el ex primer ministro Pedro Cateriano.
“Existen filtros de bloqueo donde un usuario de Twitter puede restringir a quiénes le permite el acceso a su perfil y bloquear a quiénes no desea que accedan; sin embargo, en el caso de autos se trata de una persona quien desempeñaba el cargo de presidente del Consejo de Ministros el cuál es portavoz del Estado Peruano, aunque el Twitter era personal [...]”, señala el documento.
No obstante, más adelante refiere: “[...] como ciudadano peruano tiene derecho a seleccionar a qué seguidores les permite el acceso a su perfil en las redes sociales [...]”.
Iriarte presentó su demanda en mayo del 2015 debido a que desde la cuenta oficial de Pedro Cateriano “@PCaterianoB” se bloqueó su cuenta “@coyotegris”. En primera instancia su queja fue declarada improcedente. Iriarte apeló en diciembre del 2015.
La apelación le fue concedida, pero el fallo recién se emitió el 13 de setiembre, casi dos meses después de que Cateriano dejara su cargo. “[La resolución] no va al fondo del asunto porque alega que Cateriano ya no era primer ministro, pero precisa que en caso lo hubiese sido no podría bloquear por ser portavoz del Estado”, explica Iriarte.
El alegato de Iriarte se basa en que todo lo publicado por Cateriano en su cuenta de Twitter es de interés público y esa información no puede ser negada a ningún ciudadano. Pero los bloqueos en Twitter suelen destinarse a los denominados ‘trols’, término usado para cuentas reales o falsas que intervienen en conversaciones para generar polémica, ofender y provocar de modo malintencionado a los demás usuarios, a menudo enviando múltiples mensajes.
Cuando le retrucamos que muchas cuentas falsas se usan para agredir e insultar a los funcionarios e incluso utilizan fotos trucadas, Iriarte responde así: “Una de las características que tiene en concreto el Twitter es la opción de silenciar. No tienes por qué recibir agravios pero no puedes impedir el acceso a información que das como funcionario del Estado”.
Iriarte asegura que no ha logrado determinar la razón por la cual Cateriano lo bloqueó. Le preguntamos si es por su afiliación aprista y responde con los siguientes argumentos: “Ahora se usa mucho el término ‘trol’, pero hay que saber diferenciar los anónimos de las personas que simplemente tienen un punto de vista diferente, y que quizá se expresan de una manera más fuerte”, dijo tras anunciar que acudirá al Tribunal Constitucional para que este se pronuncie sobre el fondo de su demanda y se genere un precedente.
¿Cuentas privadas?Otra duda en relación con este tema tiene que ver con el carácter privado o público de una cuenta. ¿Al asumir un cargo en el Estado, la cuenta de un ciudadano se vuelve pública? El abogado del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) Roberto Pereira recuerda que, en el caso de los correos electrónicos, en algunos países se prohíbe que el funcionario pueda usar cuentas privadas para tratar asuntos de interés público o vinculado a sus funciones.
“Está el caso, por ejemplo, de la señora Hillary Clinton en Estados Unidos donde se le ha cuestionado por haber utilizado su cuenta privada de correo electrónico para atender pedidos de interés público, porque si tú utilizas una cuenta privada lo que estás haciendo es excluir del dominio público aquello que debe serlo”, explica. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado luego en su portal web dichos correos de Clinton.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio afirma que, si bien es cierto que cada uno está en libertad de aceptar quién participa en su cuenta de Twitter, el cargo público trae otra connotación. “A no ser que haya una razón que afectara la seguridad del señor Cateriano, todas las personas que accedieron [a su cuenta] estaban porque él las aceptó. Pudo haber algunas desavenencias, pero esas son las reglas que él aceptó cuando abrió una cuenta de Twitter, tal es así que a través de la misma difundía información que era de competencia exclusivamente pública”, comentó a El Comercio.
Las redes sociales han comenzado a generar debates sobre los límites y conflictos entre la privacidad, libertades y el acceso y transparencia de la información pública y ahora quedará en manos del Tribunal Constitucional determinar si el Caso Iriarte vs. Cateriano es lo suficientemente relevante como para establecer un precedente en el Perú. En Twitter son varias las personas –entre reales y anónimas– que se quejan del bloqueo de políticos como el alcalde de Lima, Luis Castañeda; las congresistas Luciana León, Lourdes Alcorta e Indira Huilca, entre otros políticos y funcionarios públicos. Este debate da para largo.
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“Facultades”, la caricatura de @otravezandres ►https://t.co/dO57btgFjl pic.twitter.com/FAgdr5VY7C— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 26 de septiembre de 2016