Nota de redacción:
El 6 de marzo del 2015 la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Sandro Espinoza Flores por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública y Cohecho Activo en agravio del Estado, archivándose el caso.
El 25 de julio del 2016, el décimo quinto juzgado especializado en lo penal de la Corte Superior de Justicia de Lima absolvió a Sandro Espinoza Flores por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad.
La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, negó que coordine con Nadine Heredia y Ollanta Humala temas relacionados a las investigaciones por el irregular resguardo a la vivienda del ex operador montesinista Óscar López Meneses.
“De ninguna manera. Mi actuación no está guiada por intereses particulares, mucho menos políticos”, recalcó en el programa “Sin peros en la lengua”.
Príncipe respondió así a la acusación del policía (r) Sandro Espinoza, amigo de López Meneses y dueño de Police Security, quien afronta una investigación por lavado de activos.
Espinoza afirmó ayer que “hay una organización criminal” detrás de las pesquisas por el Caso López Meneses, la cual está formada por la Procuraduría de Lavado de Activos, el Congreso y Nadine Heredia.
Según el ex policía, tanto el presidente Humala como su esposa mantienen vínculos con López Meneses.
“La denuncia que hizo es falsa. Si tiene esos supuestos audios, que los presente. Que haga con ellos lo que considere conveniente. [...] Que muestre las pruebas”, acotó Príncipe.
“INVESTIGADOS ESTÁN DESESPERADOS” El ex policía también afirmó que la comisión congresal que investiga el caso busca proteger al mandatario.
El presidente del grupo, Juan Díaz Dios (Fuerza Popular), dijo no conocer ningún acuerdo entre la pareja presidencial y el ex operador montesinista.
“[Espinoza] tendrá que probarlo. A mí no me consta. Si tuviera un elemento probatorio, seré el primero en denunciarlo”, comentó.
Lo que Díaz sí cree es que las personas vinculadas al caso están desesperadas ante las investigaciones de la comisión congresal. Por eso, afirma, se habría buscado obtener información del grupo a través del ex trabajador del Congreso, Ronald Baca Ávila.