Unidad de Investigación
Si bien Pedro Castillo es investigado por la Fiscalía de la Nación por su alto cargo, la disposición que formaliza la investigación preparatoria por organización criminal contra su esposa, Lilia Paredes Navarro, y los hermanos de esta, Yenifer, David y Walter, detalla el papel que cada miembro de la familia cumplía en la presunta red que concertaba obras públicas en municipios a través del sector Vivienda.
La coordinación de la red comenzó a inicios del gobierno, según la confesión del empresario Hugo Espino, incluida en el documento de 170 páginas del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, al que El Comercio accedió.
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La disposición señala que, por las diligencias realizadas, se ha identificado “la existencia y permanencia de la organización criminal”, que, “con la activa participación de altos funcionarios del Estado, habría constituido, dirigido, promovido, controlado, supervisado, administrado y coordinado una estructura” que involucraría al mandatario, su esposa y hermanos, así como a José Medina, alcalde de Anguía, distrito de Chota (Cajamarca), donde está la casa de Castillo.
En la red, en la que los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana participaron como testaferros, se habría concertado para “obtener diversas licitaciones públicas a favor de municipios” con la participación del ministro Geiner Alvarado (investigado por la Fiscalía de la Nación) cuando estaba en Vivienda (ahora está en Transportes).
El grupo se habría beneficiado con más de S/6 millones en obras públicas de municipios de Anguía, Chadín (Cajamarca), Cajatambo y Chachapoyas (Amazonas).
“Todos, desde sus roles y funciones, contribuyeron en el proyecto criminal [...]. Mediante la modalidad de las ‘licitaciones públicas fraudulentas’ [...] lograron obtener el contrato y buena pro de diversos proyectos de ejecución pública, logrando obtener dinero producto de sus ilícitos, aprovechándose del poder que ostentan al tener vinculación directa con el primer mandatario, quien habría facilitado la concreción del plan criminal”, indica el documento. Por eso, para la fiscalía estamos ante una “red criminal en el poder”.
—Primer contacto—
La disposición fiscal describe las acciones e imputaciones relacionadas con los integrantes de la llamada “red criminal en el poder”, en base a indagaciones y declaraciones de colaboradores, incluida la confesión de Hugo Espino del 14 de agosto.
Espino es una de las personas a quienes el 9 de agosto se les detuvo de forma preliminar por 10 días, como parte de la investigación del caso (los otros fueron su hermana Anggi, el alcalde Medina y Yenifer Paredes). Sus empresas, JJC Espino y Destcon, fueron usadas en la presunta red criminal. Durante el arresto, su hermana y él se acogieron a la confesión sincera.
Según la declaración de Espino, desde el 8 de agosto del 2021, once días después de que Castillo asumiera la presidencia, ya coordinaba con Lilia y Yenifer Paredes. En esa fecha se reunió con ellas en Palacio de Gobierno (en el lugar estuvo varias veces, según el registro de visitas). Entonces, Yenifer Paredes, quien afronta un pedido de 36 meses de prisión preventiva que se analizará hoy (nota vinculada), le solicitó que comprara un chip de celular para que la primera dama lo usara para sus coordinaciones, ya que temía “ser interceptada” o “chuponeada”.
En una segunda reunión, en setiembre del 2021 en Palacio, a donde Espino ingresaba por gestión de la primera dama, hablaron de “hacerse suyos” proyectos de inversión pública en la Municipalidad de Chachapoyas, “aprovechando la relación amical” entre Lilia Paredes y el alcalde de la provincia, Víctor Raúl Culqui.
Asimismo, Espino confesó que Lilia Paredes “coordinaría” para que se dé el financiamiento de la obra de Chadín “en concertación con el presidente” Castillo.
En setiembre del 2021, Espino y su amiga Yenifer –quien tenía puesto un chaleco de JJM Espino– se presentaron en Succha Chonta (Chadín) para ofrecer una obra de agua y saneamiento básico a los vecinos.
—La lobbista—
A diferencia de su hermana Lilia, Yenifer Paredes cumplía otro rol en la red: lobbista.
“Se encargaría de buscar y captar alcaldes de las diferentes localidades del país para ofrecerles la viabilidad y celeridad para el financiamiento de sus proyectos de obras públicas [...], asegurándose de que la organización criminal pueda contar con empresas de fachada que se encarguen de la formulación del expediente técnico y posterior ejecución de la obra”, informa la fiscalía.
Espino explicó el rol de la cuñada del presidente. Afirmó que ella se encargó de coordinar la llegada a Lima del alcalde de Chachapoyas. Los tres luego se reunieron en una pollería de Chorrillos, cuya dueña era su sobrina Fanny Oblitas Paredes. En la cita “concertaron el programa criminal de viabilidad, celeridad y financiamiento de la ejecución de obras en dicho gobierno local”.
Posteriormente, Espino y Paredes viajaron a Chachapoyas para volver a reunirse con el alcalde Culqui. En el encuentro, según Espino, Paredes le dijo al burgomaestre: “Estamos en todas las condiciones de apoyarlo”.
En la reunión se acordó que JJM Espino elaboraría el expediente técnico de un proyecto de saneamiento de localidades de Chachapoyas. Espino recuerda que la cuñada del presidente le aseguró al alcalde “que una vez aprobado el expediente técnico, ella se encargaría”, a través de su hermana Lilia y del presidente Castillo, de ver “la viabilidad y celeridad” con el ministro Alvarado (Vivienda) para el financiamiento de la ejecución de obra, que se aprobaría en el decreto de urgencia. Además, Espino reconoció que con Culqui acordaron que el pago por servicio de consultoría sería de S/150.000. En ese momento, “el alcalde provincial le entregó en efectivo la suma de S/40.000, los cuales no se bancarizaron”.
Paredes no solo es investigada por organización criminal, sino también por lavado de activos. La disposición fiscal de investigación preparatoria (así como la de prisión preventiva) incluye un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, del 11 de agosto, que señala que Paredes realizó 28 depósitos en efectivo por un total de S/91.970 entre octubre del 2021 y junio del 2022.
El informe advierte que durante la ejecución de los depósitos en efectivo de Paredes “no se identificó alguna actividad económica que le hubiera permitido obtener los fondos antes descritos”. Asimismo, resalta que 27 depósitos se hicieron en la agencia Plaza Pizarro del Banco de la Nación, ubicada cerca de Palacio.
—Alcalde y coimas—
Sobre el rol del alcalde Medina, Espino describió que, sistemáticamente, le depositó 15 veces un total de S/120.535, “producto de actividades ilícitas, vinculadas a hechos de corrupción ocurridos en la Municipalidad de Anguía”.
Espino confesó que Medina, operador de la red, habría realizado coordinaciones con Castillo y Alvarado “a efectos de que los proyectos de ejecución de obra de su distrito sean incluidos en el Decreto Supremo 102-2021″, que benefició a Anguía.
También reveló que en octubre del 2021 habría concertado con Medina la ejecución de una obra de saneamiento en el distrito, y que la coima sería del 10% del monto total. La suma superó los S/228.000. En enero le entregó S/100.000, y en marzo, otros S/100.000.
—Descargos—
En diálogo con El Comercio, Eliu Arismendiz, abogado del ministro Alvarado, aseveró que su defendido está cooperando con la investigación y que está presentando documentación y “elementos de descargo” ante la fiscalía. “Mi patrocinado no está aceptando los cargos imputados. No forma parte de una organización criminal”.
Benji Espinoza, abogado de Lilia Paredes, rechazó la hipótesis de la fiscalía. También cuestionó la formalización de investigación preparatoria a su defendida. Dijo que “es bastante estruendosa, [...] tiene un organigrama con el fin de hacer ruido, pero jurídicamente no tiene mayor consistencia”.
El abogado Dionicio Quesnay desconocía la información sobre los depósitos realizados por Yenifer Paredes.
Walter y David Paredes
- Walter Paredes depositó S/20.000 en la cuenta bancaria de Anggi Espino. El monto sería parte de un acuerdo entre Hugo Espino y Rubdel Oblitas Paredes, sobrino del presidente Castillo, para financiar un expediente de una obra en el Ministerio de Transportes.
- Hugo Espino declaró que conversó con David Paredes sobre la obra en Chadín. En octubre del 2021, Paredes depositó S/70.000 en la cuenta de Espino.
Coordinadora de presunta red criminal
Lobbista de la presunta red criminal
Miembro de presunta organización criminal
Miembro de presunta organización criminal
Miembro de presunta red criminal
Integrante de presunta red criminal
Integrante de presunta red criminal
Miembro de presunta red criminal
Operador de presunta red criminal
Testaferros de presunta red criminal
Hoy se sustenta pedido de prisión preventiva para Yenifer Paredes
El fiscal Hans Aguirre, miembro del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, sustentará hoy a las 4:00 p.m. el pedido de 36 meses de prisión preventiva para la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes Navarro, y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero.
Ambos son investigados por integrar presuntamente una red criminal y por haber incurrido en el supuesto delito de lavado de activos.
De acuerdo con la tesis fiscal, se habría formado una organización para dirigir licitaciones en distintas municipalidades y favorecer con ellas a empresas como las de los hermanos Hugo y Anggi Espino.
Según el Ministerio Público, en el caso de la hermana de la primera dama existe sospecha grave, debido a que un informe de la UIF de la SBS reveló que había realizado 28 depósitos por más de S/91 mil durante el período que comprende la investigación.
Otro elemento que la fiscalía considera para el requerimiento es el papel de Paredes como lobbista. Según el Ministerio Público, ella establecía vínculos con alcaldes para dirigir las denominadas “licitaciones públicas fraudulentas”, como sucedió en el caso de Anguía, según lo revelado por Hugo Espino.
Para la fiscalía, la prisión preventiva es la única medida que permitiría garantizar la presencia de la investigada durante el proceso y evitar obstrucción a la justicia.
Dionicio Quesnay, abogado de Paredes, indicó que los hechos señalados “no constituyen sospechas graves que pudieran utilizarse para imponer una prisión preventiva”.
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