Ataques a aeropuertos durante las protestas #VideosEC #UI
Unidad de Investigación
En menos de dos meses de protestas violentas contra el gobierno de Dina Boluarte, iniciadas al día siguiente de que asumiera la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo por su golpe de Estado, se han registrado al menos 18 acciones de hostilización o intentos de ingreso por parte de turbas a los aeropuertos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno.
Según información oficial, hasta el 24 de enero, en el aeropuerto internacional de Puno hubo siete incursiones violentas; en el de Cusco, cuatro; en el de Arequipa, también cuatro; en el de Ayacucho, dos; y en el de Apurímac se reportó una de esas acometidas.
MIRA: Los nexos de los operadores de las protestas con Pedro Castillo y su gobierno
Como se recuerda, la mayor parte de muertes entre diciembre y enero por la ola de violencia en el país ocurrió durante los enfrentamientos de manifestantes y vándalos contra las fuerzas del orden que resguardaban los aeropuertos.
Por esas muertes, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investiga de forma preliminar a Boluarte; al primer ministro Alberto Otárola; al titular de Defensa, Jorge Chávez; y al exministro del Interior Víctor Rojas. La indagación, abierta en los primeros días de enero, es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Esa pesquisa es distinta a las que las fiscalías iniciaron en cada jurisdicción donde se produjeron los hechos. En estas se investigan delitos derivados de actos de vandalismo, daños contra la propiedad pública y privada, entre otros ilícitos.
El primer ataque a aeropuertos del sur del país se ejecutó el domingo 11 de diciembre del año pasado, cuatro días luego de que Castillo fuera vacado por el Congreso.
Durante aquella jornada de movilizaciones, cientos de personas entraron al terminal aeroportuario de Andahuaylas, en Apurímac, e incendiaron parte de sus instalaciones. Se reportó la muerte de dos personas, entre ellas un menor de edad, así como decenas de heridos.
El último enfrentamiento entre manifestantes y policías se registró el martes 24 de enero, en Juliaca, Puno, cerca del perímetro del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac, de acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, la empresa Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), concesionaria del aeródromo de Juliaca, indicó que hubo un grave daño a la infraestructura perimétrica, razón por la cual se deberá reconstruir 20 muros de ladrillo e instalar unos 1.000 metros de cerco de seguridad, además de la reposición de sus bases.
La compañía también informó que por semana se pierden 100 vuelos y 15.000 pasajeros dejan de viajar a esa región.
En el caso de Arequipa, AAP señaló que la afectación a la seguridad del aeropuerto y a los sistemas de aeronavegación tiene un costo estimado de US$500.000. Por cada día de cierre del terminal, 36 vuelos se pierden y 5.000 pasajeros se perjudican.
En Ayacucho, el cierre del aeródromo implicó la pérdida de seis vuelos diarios y 1.000 pasajeros afectados.
Actores en la zona
En las cinco regiones donde se realizaron acciones de hostilización contra los centros aeroportuarios, el Ministerio del Interior (Mininter) identificó como actores de las movilizaciones a 38 dirigentes de gremios o frentes de defensa locales que respaldan las protestas contra el gobierno de Boluarte, según el Informe 000348-2022/IN/VOI/DGOP/DPCS/ETC.
En Apurímac figuran 12 impulsores de las protestas, como los presidentes de los frentes de defensa de distintas organizaciones o jurisdicciones. En Cusco aparecen diez promotores de las manifestaciones; en Arequipa, siete; en Puno, cinco; y en Ayacucho, cuatro.
En esa lista fue consignado el nombre de Rocío Leandro Melgar, presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), quien fue detenida de forma preliminar el 12 de enero por la policía antiterrorista debido a su presunta implicancia en el intento de toma del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, en diciembre, y otras acciones violentas.
Conocida como ‘Cusi’, Leandro integró Sendero Luminoso y purgó prisión por participar en atentados terroristas en las décadas del ochenta y noventa.
Después de su excarcelación, ella se afilió al Movadef, órgano político de fachada de Sendero Luminoso. En el 2018 coincidió con Pedro Castillo en una actividad organizada por el Fredepa.
¿Actos coordinados?
De las referidas acciones, en tres ocasiones se atacaron dos o tres centros aeroportuarios durante el mismo día, de acuerdo con reportes oficiales analizados por El Comercio.
Estos hechos se registraron el 12 y 14 de diciembre, así como el 19 de enero, en los aeródromos de Arequipa, Cusco y Puno.
En Arequipa, alrededor de 200 personas ingresaron el lunes 12 de diciembre al aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón tras romper el cerco perimétrico. Personal del Ejército tuvo que apoyar a la policía para recuperar el control de la pista de aterrizaje.
Unas horas después, en Cusco, un grupo de manifestantes se dirigió al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete para intentar entrar a sus instalaciones. Por ese motivo se enfrentaron con policías.
El miércoles 14 de diciembre, en Cusco, una turba ingresó al aeropuerto Alejandro Velasco Astete a través de forados que hicieron en el perímetro. Ocasionaron incendios en parte de las instalaciones.
Durante esa misma jornada, numerosos protestantes trataron de tomar el aeródromo de Juliaca. Con ese fin destruyeron parte de las rejas del cerco perimétrico.
Y el jueves 19 de enero, cuando se preparaba la llamada ‘Toma de Lima’, unos 300 manifestantes llegaron hasta el aeropuerto Alfredo Rodríguez de Arequipa con el fin de entrar por la fuerza. Algunos lograron su objetivo y destruyeron equipos.
Tras unas pocas horas, en los centros aeroportuarios de Cusco y Puno sucedieron hechos similares, pues las turbas intentaron ingresar a sus instalaciones, pero sus acciones fueron neutralizadas por las fuerzas del orden.
Varias de esas incursiones violentas contra los aeropuertos coincidieron con ataques, previos o en la misma fecha, a comisarías u otras dependencias policiales en la región.
Objetivo subalterno
El general PNP en retiro José Baella, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), opinó que los ataques a diferentes aeropuertos fueron planificados por quienes azuzan las protestas violentas con el objetivo de imponer una asamblea constituyente.
“No es coincidencia. […] Hay una situación concertada. [Atacaron] los aeropuertos porque saben que por esa vía se trasladan los recursos, mercadería para la población. [Y también por esa vía] se llevan refuerzos [policiales] para recuperar el control donde se está atentando contra entidades públicas, como las comisarías, oficinas del Poder Judicial, de la fiscalía. […] No se trata de una demanda social, sino política”, dijo a este Diario.
Asimismo, refirió que atacar un aeropuerto internacional es considerado un acto terrorista, según convenios de las Naciones Unidas que el Perú ha suscrito.
“El aeropuerto es una instalación clave. Cuando se les ataca, muchas personas inocentes terminan perjudicadas”, manifestó.
Casi 90 atentados contra comisarías, juzgados y fiscalías, según reportes
Desde que empezaron las movilizaciones el 8 de diciembre pasado, sedes de la Policía Nacional o de sus dependencias en ocho regiones han sido atacadas al menos 47 veces. Varios casos terminaron con incendios de sus instalaciones, según reportes oficiales.
La mayoría de esas acciones hostiles se concentraron en Puno (22). Las otras se registraron en Apurímac (7), Arequipa (6), Cusco (5), Huancavelica (3), Tacna (2), Ayacucho (1) y La Libertad (1).
En Juliaca (Puno), el 10 de enero último, el suboficial PNP José Luis Soncco Quispe fue asesinado y su cuerpo calcinado luego de que el vehículo policial en el que realizaba rondas de vigilancia fuera retenido y atacado por una turba.
Las oficinas de entidades del sistema de justicia también fueron objeto de incursiones violentas por parte de protestantes y vándalos.
En el caso del Poder Judicial se han registrado 15 ataques a sus oficinas en seis regiones. El último jueves, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, informó que más de 4.000 expedientes se quemaron durante esas acciones hostiles.
Las incursiones violentas a sedes judiciales fueron en Puno (5), Ayacucho (3), Huancavelica (3), Apurímac (2), Arequipa (1) y Cusco (1). Siete de sus instalaciones terminaron incendiadas.
En tanto, el Ministerio Público reportó 26 locales afectados por ataques durante las manifestaciones, en siete regiones, principalmente en el sur del país.
En un informe, la fiscalía precisó que 10 de sus oficinas fueron siniestradas en diciembre del 2022.
Datos
- Entre diciembre y enero, 608 personas fueron detenidas por las protestas y disturbios. La mayoría ya fue liberada.
- Según la fiscalía, ocho de los intervenidos cumplen prisión preventiva y 40 tienen detención preliminar.