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En Palacio de Gobierno, la noche del 10 de agosto, cuando las pesquisas de la fiscalía cercaban al entonces presidente Pedro Castillo y a su entorno, el primer ministro Aníbal Torres dijo en una reunión con dirigentes de organizaciones sociales: “Si cada uno [de ustedes] trajera a Lima 50 personas, entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos y no solo a una determinada clase, a un sector del poder económico”.
En Palacio de Gobierno, la noche del 10 de agosto, cuando las pesquisas de la fiscalía cercaban al entonces presidente Pedro Castillo y a su entorno, el primer ministro Aníbal Torres dijo en una reunión con dirigentes de organizaciones sociales: “Si cada uno [de ustedes] trajera a Lima 50 personas, entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos y no solo a una determinada clase, a un sector del poder económico”.
Unas horas antes, en el patio de la sede de Gobierno, el mandatario había sostenido un encuentro con más de 500 dirigentes de rondas campesinas. Entre ellos estaba Marino Flores Gonzales, rondero cajamarquino y profesor como Castillo.
Flores Gonzales es coordinador general de la Asamblea Nacional de los Pueblos, conglomerado de agrupaciones y gremios que ha impulsado la llamada ‘Toma de Lima’, como parte de las protestas en diferentes regiones del país contra la gestión presidencial de Dina Boluarte y el Congreso.
MIRA: Informe del Ministerio del Interior identifica a 130 “actores” de las protestas en 19 regiones
El 12 de enero último, siete días antes de que se iniciaran las manifestaciones en la capital, Marino Flores se reunió con Castillo en el penal Barbadillo, en Ate, donde el expresidente permanece recluido desde la segunda semana de diciembre, tras su golpe de Estado. Ingresó a las 11:13 a.m. y se retiró a las 11:56 a.m., según información oficial.
En sus redes sociales, además de la renuncia de Boluarte, Flores pide “la libertad y restitución de los derechos del presidente Castillo”.
El dirigente de la Asamblea Nacional de los Pueblos registra nueve ingresos a Palacio de Gobierno –donde también está la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)–, entre octubre del 2021 y setiembre del 2022. La mayoría de sus citas fueron con Castillo y Torres.
De acuerdo con fuentes de este Diario, Marino Flores se desempeñó como asesor informal en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego durante el gobierno de Castillo.
El nombre del mencionado operador además figura en el Informe 000348-2022/IN/VOI/DGOP/DPCS/ETC, del Ministerio del Interior, como uno de los “actores” de las protestas, que empezaron en diciembre y se reanudaron el 4 de enero.
El Comercio intentó tener la versión de Flores, pero no respondió las comunicaciones.
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Desde el 4 de enero se reanudaron las protestas. Una demanda es la libertad de Pedro Castillo. (Foto: GEC)
Un caso similar es el de Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap). Este gremio promueve las movilizaciones, cuya ola de violencia ha dejado más de 50 fallecidos y cientos de heridos.
El 11 de diciembre pasado, Huanca visitó a Castillo en el cuartel de la Dinoes, donde estuvo recluido antes de que fuera trasladado al penal de Barbadillo.
Durante la presidencia de Castillo, la activista ingresó al menos 15 veces a Palacio de Gobierno. En algunas fechas coincidió con Marino Flores. En ocho ocasiones se dirigió al despacho de Torres en la PCM.
En junio pasado, su hijo Jhonn Coaquira Huanca obtuvo un contrato del Ministerio de Cultura por S/24.000 para brindar “asistencia técnica” al gremio que dirige Lourdes Huanca, su madre.
Como se recuerda, en agosto del 2022, Huanca acompañó a Yenifer Paredes, cuñada del exmandatario, cuando ella se entregó a las autoridades por la orden de detención en su contra.
Asimismo, el año pasado, la dirigente campesina reconoció a este Diario que Castillo la llamó para ocupar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero no aceptó.
Otros “actores”
Luego de revisar información de la PCM, El Comercio halló más casos de impulsores de las protestas que tuvieron relación con el exmandatario o su gobierno: nueve dirigentes en seis regiones.
En Madre de Dios está Elwis Vilca Vilcapaza, dirigente del Frente de Defensa de La Pampa, donde la minería ilegal realiza millonarias operaciones de extracción de oro. Como presidente del comité de lucha de esa región, Vilca lidera las protestas en esa zona. Registra dos ingresos a la PCM, el 21 y 22 de setiembre del 2022.
En Ica, Alejandro Ramos Sedano es considerado por la policía uno de los azuzadores de los disturbios en Barrio Chino.
El 8 de abril del 2022, Ramos estuvo en la PCM junto a otros dirigentes de Barrio Chino y Expansión Urbana, zonas donde hay bloqueos de carreteras.
En Arequipa está Máximo Franco Bequer, representante de la minería informal en Caravelí cuyas visitas a Palacio se incrementaron en la gestión de Castillo.
En setiembre del 2021, ya como presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, se reunió con el entonces primer ministro Guido Bellido. En octubre pasado aprovechó un encuentro con otros mineros para posar con Castillo y manifestarle su apoyo.
Franco y otros 40 dirigentes mineros son investigados por la Fiscalía de Crimen Organizado por un posible financiamiento a las protestas contra el gobierno de Boluarte.
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Dirigentes de las protestas en siete regiones figuran con ingresos a Palacio de Gobierno durante la presidencia de Pedro Castillo.
Por su parte, Felipe Domínguez Chávez, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Cono Norte en Arequipa, que agrupa a cientos de pobladores, participó con otros dirigentes en una reunión en la sede de gobierno que se realizó en el 2022.
Después de que Boluarte asumiera la presidencia, el dirigente manifestó su apoyo público a la propuesta sobre la conformación de “la república sur peruana”.
En Puno, Félix Suasaca, presidente del Frente de Defensa Unificado contra la Contaminación de la Cuenca del Coata y del Lago Titicaca, ha apoyado a Castillo desde que era candidato presidencial. Fue así que Suasaca tuvo llegada a la PCM y otros ministerios durante la gestión de Castillo. El 9 de enero, mientras se producían las violentas protestas en Puno, el dirigente declaró a radio Exitosa que “el Perú profundo arde y va a arder”.
El Frente Nacional de Trabajadores del Perú (Fenate Perú), gremio magisterial con bases en el sur del país y que fue inscrito legalmente a los dos días de que Pedro Castillo asumiera la presidencia, ha dado su apoyo incondicional al expresidente.
La cabeza de este sindicato, José Chipana, se ha reunido hasta tres veces con el exmandatario en Palacio. Al ser detenido Castillo en diciembre pasado, Chipana decidió sumarse a un paro nacional con el fin de solicitar nuevas elecciones.
En Cajamarca, la Federación de Rondas Campesinas de Chota es otra organización que participa en las protestas. Su presidente, Noé Rafael Campos, ha apoyado a Castillo desde un inicio y, tras su detención, ha pedido su libertad.
En Moquegua, dos dirigentes cercanos a Castillo han logrado que organizaciones que lideran estén activas en las protestas, como Emilio Callata Venegas, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua, y Edgar Rea, exprefecto regional de Moquegua e integrante de Fenate. Ambos visitaban Palacio de Gobierno para conversar directamente con el expresidente durante el 2021 y 2022.
‘Cusi’ y Castillo en evento del 2018
Tres de los siete detenidos por la policía antiterrorista en Ayacucho hace unos días, sindicados de promover movilizaciones violentas en esta región como la toma del aeropuerto, participaron junto con Pedro Castillo en una actividad –en octubre del 2018– que tuvo como agenda impulsar una asamblea constituyente. Este objetivo coincide con una de las exigencias planteadas en las protestas de las últimas semanas.
En aquel momento, Castillo era un líder sindical del gremio de profesores que era conocido por haber liderado la huelga magisterial del 2017, entre junio y setiembre de ese año, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Se trata de Rocío Leandro Melgar, Estefany Alanya Chumbes y Arturo Canales Tantaleán. La primera es presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa); la segunda, la vicepresidenta de esta organización; el tercero, miembro de la asociación de feriantes de la feria dominical de San Juan Bautista.
El jueves 12 de este mes, ellos fueron detenidos de forma preliminar por 15 días.
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Arturo Canales, ahora recluido de forma preliminar, estuvo en la actividad del 2018 que fue organizada por el Fredepa (Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho). Imagen: Captura de video
Desde diciembre pasado, el Fredepa respalda y participa en las movilizaciones contra la administración presidencial de Dina Boluarte. Ese mes, 10 personas fallecieron tras enfrentamientos entre los protestantes y la policía.
Rocío Leandro, conocida como ‘Cusi’, integró la agrupación subversiva Sendero Luminoso en los años 80 y 90. Purgó 11 años de prisión. Fue sentenciada por participar en atentados terroristas.
Después de su excarcelación, ella se afilió al Movadef, órgano político de fachada de Sendero Luminoso.
En tanto, las pesquisas señalan que Estefany Alanya, ‘Jazmín’, era mando militar del comité regional principal de Ayacucho de la organización senderista. A Arturo Canales también se le vincula con el Movadef.
El objetivo
La actividad del 2018, en la que estuvo Pedro Castillo, fue organizada por el Fredepa y se realizó en Lima. Se denominó Primera Asamblea Nacional de Frentes de Defensa y Organizaciones Populares.
Según videos a los que accedió El Comercio, Castillo participó como representante de su gremio en el evento, donde también estuvieron Leandro, Alanya y Canales.
“Los pueblos originarios, las organizaciones sindicales, populares y los frentes de defensa se han visto obligados a realizar esta primera asamblea nacional, con la finalidad de tener una nueva Constitución, a través de una asamblea constituyente”, dijo el entonces dirigente sindical, en una entrevista realizada durante la actividad.
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