Una explicación al hecho de que sujetos acusados de extorsión, tenencia ilegal de armas, narcotráfico y violencia sexual regresen de forma rápida a las calles tras ser capturados está en que no son sentenciados de manera rápida por las autoridades judiciales, pese a que se trata de delitos graves y de gran impacto en la sociedad.
De acuerdo con las cifras el Sistema de Información Estadístico Penitenciario del INPE, el cual fue difundido por el analista de datos Juan Carbajal, unos 1,668 sujetos fueron internados en los penales, entre enero y agosto del 2026, por los delitos de extorsión y tenencia de armas, pero solo 44 (2.64%) fueron condenados, lo que significa que 1,624 (97.36%) están sin sentencia.
Otra muestra de esa lamentable situación es que se han registrado, en ese mismo periodo, 1,933 ingresantes a establecimientos penitenciarios por casos de narcotráfico y delitos conexos, pero 1,769 (91.52%) están sin sentencia. En delitos sexuales, se registraron 1,541 ingresantes, sin embargo, 1,311 (85.07%) está a la espera de un juicio.
En el caso de los delitos de delincuencia patrimonial violenta y común, como el robo y hurto agravado, unos 2,429 fueron internados, entre enero y agosto de este año, en las cárceles, sin embargo, 2,155, que equivale al 88.72%, todavía no enfrentan un proceso penal.
Patio del pabellón seis.
Foto: Alonso Chero
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Esto trae como consecuencia, según comentó Carbajal a El Comercio, que las cárceles del país estén hacinadas y que un gran porcentaje de la población penitenciaria esté con prisión preventiva.
Un punto que destacó Juan Carbajal es que, en los casos de juicios por alimentos, la justicia presenta una mayor efectividad, ya que se ha reportado que hay 1.980 personas sentenciadas, lo que representa más del 60% de los internados en penales por ese delito.
Plantean crear juzgados y fiscalías especializadas en temas de extorsión
Wilfredo Pedraza, exministro del Interior y abogado penalista, indicó a El Comercio que la alta cifra de sujetos internados en penales por casos de extorsión u otros delitos graves sin tener sentencia evidencia que el sistema de justicia “está respondiendo de manera inadecuada” a ese problema.
Por ello, consideró imprescindible que se creen juzgados y fiscalías especializadas en temas de extorsión, tal como se crearon, décadas atrás, despachos para abordar los casos de terrorismo en el país.
“Las extorsiones están siendo investigadas por fiscalías de carácter penal junto con todos los delitos que usualmente aborda una fiscalía, pero lo que se trata es tener por especialidad en primer lugar, y, en segundo lugar, por la necesidad de una respuesta pronta y porque se trata del delito de mayor incidencia en el país en este momento”, refirió.
“No se tiene que investigar ni juzgar a través de mecanismos ordinarios, sino mediante fiscalías especializadas que tengan dedicación exclusiva y competencia nacional para el juzgamiento de estos temas”, agregó.
Además, remarcó que se debe reforzar las áreas de investigación del Ministerio Público, ya que ellos tienen la carga principal de indagación y así evitar que los casos queden impunes.
“Es imprescindible que el Poder Judicial y la Fiscalía deriven mayor logística, mayor cantidad de fiscales para investigar estos temas (de extorsión). En caso no tengan recursos disponibles, tendrán que hacer una reingeniería”, refirió.
Wilfredo Pedraza es abogado penalista (Foto: GEC / Jorge Cerdán)
Pedraza consideró que no necesita promulgar nuevas normas para aligerar los procesos penales contra los sujetos acusados de extorsión o delitos graves. “Las reglas procesales para la investigación son claras y suficientes. La Ley de Crimen Organizado y el Código Procesal Penal entregan al fiscal herramientas suficientes para investigar, lo mismo al juez, ya que le entrega herramientas para imponer condenas bastantes altas”, explicó.
“Hay, además, legislación complementaria que obliga al sistema bancario y a las empresas de telefonía celular brindar información a las autoridades. Incluso, el sistema permite escuchas legales, permite la colaboración”, agregó.
No obstante, precisó que se debe diferenciar el procesar a un deudor por un tema alimentario, que es un proceso formal sin complicaciones, e investigar delitos de extorsión, ya que las bandas operan de manera clandestina y hay dificultad de lograr evidencia.
El Estado debe priorizar la respuesta a los delitos violentos
James Rodríguez, abogado penalista y presidente de la Sociedad Peruana de Defensa Legal, indicó que la poca cantidad de personas que han sido condenadas por el delito de extorsión, pese a estar internadas en un penal, demuestra que “existe una crisis de justicia penal en el país”.
“El problema radica en que no basta con encarcelar, también hay que sancionar de manera oportuna. Es bastante claro que existe una crisis de justicia penal en el Perú y que no debe medirse únicamente por el número de personas detenidas ni por la cantidad de años de prisión que establecen las leyes”, afirmó.
En ese contexto, remarcó que el Estado no está cumpliendo su función de investigar, juzgar, y sentenciar los delitos, sobre todo los que afectan la seguridad de los ciudadanos. Por ello, consideró que las autoridades deben priorizar la respuesta a los delitos violentos y a las organizaciones criminales mediante investigaciones técnicamente sólidas para buscar un buen resultado.
Las extorsiones se han multiplicado en el país. (Foto: GEC)
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Además, consideró que muchos fiscales solo se conforman con obtener una prisión preventiva para el acusado y no buscan una sentencia.
“El problema es que en la justicia peruana también se está confundiendo la prisión preventiva como una sentencia. Una persona procesada no es necesariamente culpable, la prisión preventiva es una medida cautelar, excepcional y no debe usarse como un sustituto de una sentencia, por lo que los operadores judiciales, fiscales, piensan que como los imputados ya está en prisión preventiva, ya están sentenciados, pero no, ellos deben ser juzgado oportunamente”, afirmó.
