La reforma política, que a vista del Ejecutivo mereció el planteamiento de una cuestión de confianza, significa todavía un pendiente para el Gobierno y el Congreso con miras hacia el Bicentenario. Es por ello que El Comercio, en Alianza con Idea Internacional, organizaron el evento #CruceDePalabras, un espacio para la discusión y reflexión.
Participaron en la cita los congresistas Alejandra Aramayo (Fuerza Popular), Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista), Marisa Glave (Nuevo Perú) y Gino Costa (Bancada Liberal).
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Los parlamentarios polemizaron sobre cinco tópicos: democracia interna; inscripción de partidos; financiamiento; eliminación del voto preferencial, paridad y alternancia; e inmunidad parlamentaria.
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Antes del inicio del debate se sorteó la numeración de los participantes. A su vez, estos podrán efectuar dos intervenciones por tema en un total de 3 minutos: 2 minutos de apertura y 1 de réplica.
La jornada cuenta con la presencia de Percy Medina, jefe de Misión de Idea Internacional, y con la moderación del editor central de Política de El Comercio, José Carlos Requena.
Sobre las elecciones internas abiertas y obligatorias, hubo contrapuntos. Glave y Costa se mostraron de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo. “La propuesta es romper las decisiones de cúpulas y que haya una democracia interna real. Hoy los partidos han sido usados como mecanismo de recolección de dinero. Se requiere democracia interna, con ONPE y participación ciudadana abierta”, dijo la parlamentaria de Nuevo Perú.
En tanto, del Castillo consideró que con las elecciones internas abiertas “hay un riesgo de clientelismo”. También cuestionó que estas sean obligatorias. “¿Y qué pasa si no va? ¿Tiene que pagar multa? No me parece que tengan que ser obligatorias”, manifestó el legislador aprista.
En esa misma línea se mostró Alejandra Aramayo, quien señaló que en la Constitución se establece la obligatoriedad de las elecciones generales, no de las primarias. “Las elecciones internas se podría regular poniendo algunos candados”, propuso la congresista de Fuerza Popular.
El financiamiento y sus posibles sanciones también generó distintas posiciones. “Estoy de acuerdo con que tengamos sanciones políticas, que pueda llegar a eliminación”, manifestó Costa. Para del Castillo, la clave no está en la sanción, sino lo que cuesta la televisión abierta para hacer campaña política. “La madre del cordero de la corrupción política es el alto costo de la campaña en televisión abierta”, agregó.
Respecto a la eliminación del voto preferencial, la paridad y la alternancia, Glave indicó que está de acuerdo con que desaparezca esa figura, pero que se incluya la alternancia en las listas para asegurar que las mujeres pueden estar en puestos en los que podrán ser electas. “No queremos ser relleno, no queremos que ellos decidan”, sostuvo.
Por su parte, del Castillo se mostró a favor de la paridad en la listas –que exista igual número de mujeres y de hombres. Sin embargo, presentó una “observación” a la alternancia. “Pueden haber mujeres que tengan más méritos que los hombres”, dijo.
El último tema fue la inmunidad parlamentaria, uno que ha generado un intenso debate en la Comisión de Constitución. El Ejecutivo propuso en su proyecto que la inmunidad de los parlamentarios quede en manos de la Corte Suprema de Justicia, ya no del propio Congreso.
Aramayo consideró que debe ser el Congreso la entidad que “autoregule de mejor manera” la inmunidad parlamentaria. Consideró que se puede crear una figura nueva: el silencio positivo constitucional. “El Congreso no contesta en determinada fecha, se da por asentada”, explicó.
Desde el Partido Aprista, del Castillo también se mostró en contra de que sea la Corte Suprema la encargada de esta función. “¿El Poder Judicial es una garantía que va a resolver correctamente la inmunidad parlamentaria? Debe dejarse en el ámbito de un organismo autónomo que es el Congreso de la República”, remarcó.
Glave y Costa, sin embargo, sí se mostraron a favor del proyecto del Ejecutivo. Para la congresista de Nuevo Perú, el Parlamento ha hecho un uso “abusivo de un privilegio” que es la inmunidad parlamentaria y la decisión merece que salga del Congreso.