La Subcomisión de Acusaciones Constitucional declaró procedente la denuncia de ex jefes de la Marina contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional por regresar la condición de lesa humanidad a hechos de El Frontón.
El informe de la comisión será analizado hoy por la Comisión Permanente, quien deberá otorgar un plazo para realizar las investigaciones correspondientes y emitir un informe final sobre el Caso El Frontón.
“Los denunciados se habrían excedido en el ejercicio de sus funciones, en la medida que los magistrados asumieron presuntamente un procedimiento procesal irregular para cambiar el sentido de un fallo que tenía calidad de cosa juzgada constitucional bajo una modalidad de corrección de error material e interpretando el voto de un magistrado que a dicha fecha no estaba en ejercicio de sus funciones”, sustenta el informe de la subcomisión presidida por la legisladora fujimorista Karina Beteta.
-Los acusados-Los magistrados implicados son Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinoza y Marianella Ledesma, a quienes se les acusa por el presunto delito de prevaricato previsto en el artículo 418 del Código Penal. Además de la infracción a los incisos 2, 3 y 13 del artículo 139 de la Constitución Política Peruana.
En un comunicado difundido ayer, dichos magistrados advirtieron que si la Comisión Permanente aprueba una acusación en su contra se estaría violando el debido proceso.
“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resolvió con fecha 26 de junio admitir a trámite la denuncia que fue presentada el 25 de abril, sin advertir que los denunciantes habían interpuesto antes, con fecha 21 de abril, un recurso de reposición ante el Tribunal Constitucional”, indica el comunicado.
En el motín de los terroristas de Sendero Luminoso en El Frontón durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990) murieron más de 130 personas. Por esos hechos están procesados 35 marinos que participaron en la operación. Luego de un largo proceso, el 8 de setiembre se iniciará la etapa de juicio oral de ese caso. La fiscalía ha pedido para los encausados penas entre 25 y 30 años de prisión.
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