La congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) pidió al presidente del Parlamento, Manuel Merino, que convoque a la Comisión Permanente para que se proceda a establecer los plazos para que se investiguen las denuncias constitucionales que se han declarado como procedentes hasta la fecha.
En un oficio remitido este lunes, la legisladora recordó que hay casos que fueron declarados como procedentes contra ex altos funcionarios y autoridades que todavía no han sido evaluadas por la Comisión Permanente, la que debe señalar el tiempo que se deberá usar para las investigaciones correspondientes.
Luego de ser declaradas como procedentes en la subcomisión, el siguiente paso es que el informe de calificación se presente ante la Comisión Permanente y se establezcan plazos.
“Puesto que la demora en las investigaciones y procesos judiciales podrían conllevar no solo a la pérdida de la calidad de los medios de prueba, sino incluso a su desaparición (documentos, testigos, colaboradores, entre otros) estimo que resulta imperativo que el Parlamento tramite con la mayor celeridad posible, sin que ellos suponga afectación alguna al debido proceso en sede parlamentaria, los procesos de acusación constitucional en la modalidad de antejuicio político”, se lee en el documento escrito por Lizárraga.
Hasta el momento, la Comisión Permanente ha otorgado 15 días de plazo para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y elabore los informes de las denuncias contra los suspendidos fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, así como contra el excongresista Héctor Becerril y el exjuez supremo César Hinostroza. Esto ocurrió el 21 de agosto último.
La subcomisión, tras esto, debe designar a los congresistas que elaborarán los informes correspondientes por cada caso. El 28 de setiembre, se designó a Felícita Tocto (Somos Perú) como ponente a cargo del informe del caso contra Pedro Chávarry.
Al congresista Franco Salinas (Acción Popular) le asignaron el caso del suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez, quien fue denunciado por la legisladora del Partido Morado Carolina Lizárraga por sus vínculos con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Desde entonces, la subcomisión ha aprobado como procedentes una segunda acusación contra Héctor Becerril, y la acusación que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el congresista Edgar Alarcón (Unión Por el Perú), presidente de la Comisión de Fiscalización.
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