Desde el 2004 se han presentado, sin éxito, proyectos de ley en busca de que las cooperativas de ahorro y crédito sean supervisadas por una entidad que no sea su propia federación. En este período parlamentario van tres iniciativas, todas dictaminadas, pero varias decisiones retrasaron su discusión en el pleno.
El primer proyecto presentado en este período fue el de Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), en setiembre del 2016. Este planteó que las cooperativas sean “reguladas y supervisadas” por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), ya que considera como un conflicto de intereses que estas sean fiscalizadas por su federación.
Casi cuatro meses después, la misma SBS presentó otro proyecto. Su iniciativa iba en el mismo camino: establecer un régimen de sanciones y que la supervisión esté a su cargo, de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Ambos proyectos fueron dictaminados en la Comisión de Economía y llevados al pleno en agosto del 2017. La fórmula estableció una supervisión de la SBS gradual en los siguientes cuatro años. En tanto no entre en vigencia, estas continuarán rigiéndose por la actual ley. Es decir, supervisadas por su federación.
Las sanciones y los reportes de información a la SBS –especifica el dictamen– también serán bajo un régimen progresivo en ese tiempo.
El dictamen no se aprobó en el pleno porque Freddy Sarmiento (Fuerza Popular) presentó una cuestión previa para que el dictamen retorne a la Comisión de Producción, que entonces presidía. Su pedido prosperó y su grupo emitió su dictamen cuatro meses después.
En este se estipuló que la SBS cuente con un órgano especializado para la supervisión de las cooperativas, pero que su control y regulación debería tener el apoyo de la federación, por lo cual esta última recibiría una contraprestación.La comisión, en realidad, recogió textualmente las conclusiones del informe final del Grupo de Trabajo de Cooperativas que presidió el fujimorista Miguel Torres.
Desde este grupo, además, se ha presentado una propuesta sobre una nueva ley general de cooperativas. Torres, hasta meses antes de ser elegido congresista en el 2016, integró el Estudio Torres y Torres Lara, que tiene como clientes a 18 cooperativas y a la federación que hoy las supervisa.
—La tercera vía—El debate político de las cooperativas revivió esta semana con el proyecto de Úrsula Letona (FP), que propone una superintendencia ad hoc.
Letona –cuyo proyecto se dictaminó en cinco días– criticó que la supervisión efectiva de la SBS en la actual propuesta demorará mucho y que no tipifica responsabilidad penal. “Dicen que los bancos quieren comprar las cooperativas”, afirmó.
Ese argumento fue repetido por sus colegas de bancada durante el debate del pleno de ayer.
—Proyectos regresan a comisiones—Después de cuatro horas de debate, en el pleno se decidió que los dictámenes que proponen que la SBS regule a las cooperativas de ahorro y crédito vuelvan a las comisiones de Economía y Producción. La propuesta del legislador Héctor Becerril (Fuerza Popular) fue aprobada con 46 votos a favor y 42 en contra.
La decisión se tomó pese a que ayer mismo la Junta de Portavoces había decidido incluir los dictámenes en la agenda del pleno. Además, el presidente de la Comisión de Economía, Guido Lombardi, presentó durante la discusión un texto sustitutorio que recogía aportes de las distintas bancadas sobre el tema.
“Hay una campaña para presionar al Congreso para que le dé una nueva atribución de SBS”, dijo Becerril durante el debate.En tanto, Mercedes Araoz consideró innecesario que el debate siga dilatándose.