Congreso no toma acciones sobre viaje a China: “Por ahora nadie tiene competencia sobre ese tema”

Cinco de los seis congresistas que integraron la comitiva que viajó a Shanghái (China) retornaron a Lima entre el último miércoles y jueves. Sin embargo, el congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) permanecía hasta este jueves 6 fuera del país junto a su esposa, informaron fuentes a El Comercio.

Flores es aún presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento. La invitación fue de la empresa Digital Policy & Law Group (DPL Group) que financió la asistencia de Flores, Karol Paredes, Silvia Monteza, Ilich López, (Acción Popular), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) a una convención de tecnología móvil en el país asiático.

De este grupo, solo López y Medina son parte de la referida comisión.

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El último miércoles, la congresista Paredes volvió a rechazar haber cometido alguna falta al Reglamento de Ética por aceptar el financiamiento de este viaje. La congresista de Acción Popular es también presidenta de la Comisión de Ética hasta que se realice el cambio de directiva.

“Aquí no hay ninguna donación ni una cuestión irregular, no hemos ido con ningún fondo del Congreso”, respondió Paredes a Canal N. En el diálogo se negó a dar detalles sobre el hospedaje que le brindaron en China junto a los demás legisladores. “No me acuerdo ni qué he comido, han sido tantas las comidas que hemos comido que no ya ni me acuerdo”, dijo en otro momento la legisladora.

Los congresistas han permanecido al menos 12 días fuera del Perú. Sin embargo, en el Parlamento no se ha anunciado, ni mucho menos iniciado ninguna acción respecto a este caso y no hay posibilidades de que ocurra al menos hasta agosto, luego de la elección de una nueva Mesa Directiva del Congreso y de una nueva directiva de la Comisión de Ética.

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), tercer vicepresidente del Parlamento, dijo a El Comercio que este caso implica un posible cuestionamiento ético, pero no delictivo. Esto a menos de que se detecte un conflicto de interés que involucre a la empresa y los congresistas.

Por tanto, hasta que eso no ocurra, considera que se debe resolver en fuero ético, lo que podría darse recién cuando se conforme una nueva Comisión de Ética.

“Mientras eso no exista, estamos en el campo de lo ético. La única comisión que tiene injerencia en ese tema es la de Ética, presidida por la congresista que también ha viajado. Pero entiendo que esta comisión tampoco puede sesionar porque solo está habilitada la Comisión Permanente para poder sesionar”, dijo Muñante.

Por ende, se debe esperar a la conformación de la nueva Comisión de Ética, que debería instalarse recién en agosto, para que se tome una decisión.

“Ninguna otra comisión puede abocarse ni tampoco la Mesa Directiva [puede] atribuirse facultades que no le competen”, incidió Muñante.

El vicepresidente del Congreso consideró que “de todas maneras” la Comisión de Ética tendrá que pronunciarse sobre este tema pendiente. “Pero por ahora nadie tiene competencia sobre ese tema”, enfatizó en diálogo con El Comercio.

“Ninguna otra comisión puede abocarse ni tampoco la Mesa Directiva a atribuirse facultades que no le competen. [...] Pero por ahora nadie tiene competencia sobre ese tema”.

Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso.

No obstante, Muñante consideró que este caso no está aclarado y la Comisión de Constitución puede ser el fuero para dilucidar los que tiene que ver con la prohibición de donaciones.

“Cuando una organización gubernamental o no gubernamental invita a un congresista, no precisamente una empresa privada, a formar parte de alguna capacitación técnicamente estamos también hablando de una donación. El congresista entonces no tendría que recibir nada de nadie y eso también estaría desnaturalizando la función del congresista”, consideró.

“Eso va a ser importante que se precise. Pero mientras la redacción siga siendo tan generalizada vamos a tener más de un problema”, reiteró Muñante. Finalmente, dijo que los seis congresistas que viajaron a China no están obligados a presentar un informe sobre esta visita al no haber sido financiado por el Congreso.

“No tienen una obligación de hacerlo. Ante los medios seguramente van a dar cuenta, pero formalmente no está obligados a dar un informe. Si por cuestiones de transparencia deciden hacerlo, nadie se lo impediría”, concluyó.

El Comercio intentó conocer si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluaría el caso, pero pese a insistentes pedidos no obtuvimos ningún pronunciamiento.