El viernes 4 de noviembre, la denuncia constitucional por presunta traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo ingresaría a su etapa final en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tras un lento avance desde que fue presentada en febrero de este año.
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La presidenta del grupo de trabajo, Lady Camones, dijo a El Comercio que “es muy probable” que ese día se sustente y se debata el informe final, que fue presentado en agosto por Wilson Soto e hizo suyo Diego Bazán (Avanza País), el nuevo delegado del caso tras la salida del accionpopulista de la subcomisión.
“El informe ya está presentado, yo solo lo sustento”, señaló, por su parte Diego Bazán a este Diario. Dicho documento, presentado por Soto el 8 de agosto, recomienda que se inhabilite al jefe de Estado del ejercicio de la función pública por un periodo de cinco años por el supuesto delito de traición a la patria.
Además, señala que Castillo habría violado los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú.
“Apreciándose que el máximo representante de la república mediante sus declaraciones demostró su intención de transgredir el mandato de la Carta Fundamental, se concluye y se recomienda: Acusar por juicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, por infracción de los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú; y, de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna, proponemos que se imponga la sanción de inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública”, se lee en el escrito.
“Se concluye y se recomienda: acusar por antejuicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, como presunto autor del delito de Traición a la Patria previsto y sancionado por el artículo 325° del Código Penal; en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado Peruano”, agrega el documento.
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La denuncia se sustenta en una entrevista que Castillo brindó en enero a la cadena CNN en la que se pronunció sobre la posibilidad de otorgar a Bolivia una salida al mar.
“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo…jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, dijo Castillo Terrones aquella vez.
“Yo no lo estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia (…) Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, agregó Pedro Castillo, según lo que señala la acusación.
- Luego de darse cuenta de una denuncia constitucional, la subcomisión tiene 10 días hábiles para calificar el pedido.
- Si se admite y es declarada procedente por el grupo de trabajo, se elabora un informe de calificación que pasa a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas, según declaró ayer la legisladora Lady Camones.
- En la Comisión Permanente se evalúa y se vota el informe de calificación
- Según el reglamento del Congreso, si el informe es declarado procedente en esta instancia, la Comisión Permanente debe ordenar que un plazo de 15 días hábiles la subcomisión investigue y elabore un informe.
- En esta etapa la subcomisión deberá notificar al denunciado para que formule, en un plazo de 5 días hábiles, sus descargos y presente medios probatorios.
- Asimismo, el presidente del grupo de trabajo debe designar un congresista delegado de la denuncia, que deberá realizar un informe de determinación de los hechos y pertinencia de las pruebas. El plazo también es de 5 días útiles.
- Posteriormente, viene la etapa de audiencias, en la que se cita al denunciante, el denunciado y los testigos.
- Luego de ello, el presidente de la subcomisión le otorga al delegado del caso 5 días hábiles para elaborar un informe final, en este puede recomandar acusar al alto funcionario o archivar el caso.
- Dicho documento es debatido y aprobado o rechazado por el grupo de trabajo. Luego pasa a la Comisión Permanente, si aquí se declara procedente, se nombra una subcomisión acusadora.
- En el pleno del Congreso se debate y se vota.
- Cuando se trata de delitos en el ejercicio de la función se necesita el voto del de la mitad de los presentes más uno para ser aprobado, sin contar con los miembros de la Comisión Permanente. Si esto ocurre, se remite el caso a la fiscalía. Si no alcanza los votos, se archiva.
- En el caso de infracciones a la Carta Magna, se necesita del voto de 2/3 del número de integrantes del Congreso (66 votos) para ser aprobada.
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