Antes de definir que presidirían el Congreso, en Alianza para el Progreso (APP) tenían una cosa en claro: mantendrían a toda costa el manejo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se tenían en agenda las denuncias en contra de tres de sus congresistas por recortes de sueldos.

Mantener la presidencia de dicho grupo les serviría para aguantar las sanciones hasta que la polémica se disipe, pero no contaban con que, con el transcurso de los meses, seguirían acumulando cuestionamientos contra sus miembros. Es así que, a la fecha, seis de los 11 legisladores de APP arrastran alguna denuncia.

Aunque ya no es investigada, los cuestionamientos empezaron con la legisladora Lady Camones, quien fue censurada tras 40 días de gestión como presidenta del Congreso por unos audios, y ahora continúa con Alejandro Soto, quien se mantiene en el control del Congreso pese a acumular cinco investigaciones a la fecha.

Continúan la lista las tres legisladoras denunciadas por recortes de sueldos, y han seguido los casos más recientes de Cheryl Trigozo, denunciada porque un trabajador de su despacho realiza labores de mánager para su orquesta familiar, y Nelcy Heidinger, por un colaborador suyo que opera en el Congreso y asiste a entidades públicas con un fotocheck del Parlamento sin tener contrato formal.

El grupo de APP ha podido aguantar las investigaciones y, cuando no lo consiguió, como en los casos de Magaly Ruiz y Rosio Torres en la Comisión de Ética, se aseguraron de lograr penas mínimas, gracias al apoyo del bloque de derecha.

Si bien el equipo técnico de la Comisión de Ética recomendó la suspensión de Ruiz y Torres, solo recibieron una amonestación pública. Pero dicha sanción no es tan pública, pues El Comercio accedió a las resoluciones firmadas la semana pasada (tres meses después del acuerdo) y no figuran en un lugar visible del portal web del Parlamento.

Las denuncias constitucionales que arrastran son por los mismos hechos –también está acusada María Acuña– y han pasado cinco meses sin mayores avances. Al respecto, la titular del grupo, Lady Camones, explicó, a través de su despacho, que los casos se encuentran en elaboración del informe de determinación de hechos, para lo cual se tienen delegados.

“El informe de determinación de hechos se pone a consideración en la subcomisión, luego se cita a audiencias con partes, testigos y peritos. Aproximadamente, el informe final se presentaría en los próximos dos meses”, adelantó.

“APP hoy está sosteniendo la estabilidad del país, y ahí Soto está desempeñando un gran papel"

Luis Valdez, secretario general de APP

Este Diario entrevistó al secretario general de APP, Luis Valdez, para conocer la postura del partido frente a la creciente cantidad de cuestionamientos en la bancada. El exparlamentario delimitó con claridad quiénes tienen el aval y a quiénes podrían dejar a su propia suerte.

En el caso de Cheryl Trigozo, Valdez alegó que la parlamentaria tiene derecho a realizar otras actividades fuera del Congreso, y utilizó como ejemplo a los docentes, médicos o artistas.

“Se cuestiona a su trabajador y, en la misma línea, después de sus ocho horas, puede tener otro empleador incluso. Si se detecta que el trabajador hizo otras labores durante su horario en el Congreso, constituye una falta administrativa, no una responsabilidad penal. La d

enuncia de la procuraduría me parece arbitraria”, dijo.

En el caso de las ‘mochasueldos’, Valdez defendió a María Acuña asegurando que ha revisado el caso al detalle, y los vouchers de pago al excolaborador denunciante “prueban que el dinero salió del bolsillo de la congresista y de su empresa”.

Sobre Ruiz y Torres, el hombre de confianza de César Acuña refirió no conocer los casos al detalle. “A mí me generan dudas, pero mis dudas no las hacen responsables”, apuntó.

Para finalizar, Valdez manifestó que Alejandro Soto está haciendo una buena labor. “APP hoy está sosteniendo la estabilidad del país”, indicó tras adelantar que ya tienen una “preagenda legislativa” que se presentará pronto. Este Diario reveló que el 73% de los temas aprobados en el pleno, durante la gestión Soto, tenían opiniones técnicas negativas de otras entidades.