La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que recomienda denunciar al ex juez supremo César Hinostroza y a cuatro exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por presuntamente integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
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Las recomendaciones finales del documento, elaborado por la congresista María Cristina Retamozo (Frepap) indican que se debe acusar a Hinostroza Pariachi por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho activo específico.
Para ello, la legisladora se basó en las pruebas que incluyó el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien asumió la investigación y presentó la denuncia ante la subcomisión, tales como los audios de las conversaciones en las que se oyen las negociaciones entre el exjuez supremo, miembros del disuelto CNM y funcionarios de la Corte de Justicia del Callao.
También se valoraron testimonios que implican a los presuntos miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto’ en intercambios de favores, con el objetivo de “copar” diversas instancias del Ministerio Público y del Poder Judicial con fiscales y jueces cercanos.
El informe fue aprobado por nueve votos a favor y una abstención de Martha Chávez (no agrupada), quien consideró que la denuncia de Pablo Sánchez no era imparcial.
“¿Cómo la Fiscalía de la Nación es muy activa cuando se trata de dirigir denuncias contra personas que decididamente no son de su entorno, pero cuando son personas de su entorno sí hay una omisión total? [...] ¿A una organización criminal la incorporamos con todos los casos que conocemos, o vamos a ser selectivos respecto a qué cosa nos interesa acusar? Hay un filtro y me niego a prestarme a ese tipo de componendas”, indicó la congresista.
El documento aprobado también concluyó que se debe acusar a los exmiembros del CNM Iván Noguera (organización criminal y cohecho pasivo específico), Julio Gutiérrez Pebe (organización criminal y patrocinio ilegal), Guido Aguila (organización criminal) y Orlando Velásquez (organización criminal).
Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aseguró que este informe será remitido a la Comisión Permanente “a la brevedad posible”.
Con el informe, la subcomisión responde a una denuncia presentada en agosto del 2018 por Sánchez; es decir, el caso ha tardado más de dos años en ser resuelto a ese nivel. Ahora tendrá que pasar a la Comisión Permanente y luego al pleno del Congreso, última instancia que deberá someterlo a debate y votación.
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