Sin consenso. El Pleno del Congreso suspendió hasta este jueves la elección individual de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Esto luego de que los tres primeros candidatos -de una lista de 15- no lograran los 87 votos requeridos. En un nuevo intento, el legislador César Combina (APP) planteó reconsiderar la votación de los postulantes Aarón Oyarce Yuzzelli y Carlos Hakansson Nieto, pero tampoco alcanzaron el mínimo.
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Fue por ello, que el congresista Fernando Meléndez (APP) propuso una cuestión previa para suspender la sesión a fin de buscar mayores consensos. El Congreso siguió adelante con el proceso de selección de magistrados pese a la medida cautelar dictada por el Poder Judicial para detener dicho proceso.
El primer postulante Fernado Calle -con el mayor puntaje en el proceso- solo logró 6 votos. Luego fue el turno de Aarón Oyarce Yuzzelli -en el segundo puesto del orden de mérito- quien tampoco fue elegido magistrado. Obtuvo 71 votos. El tercer candidato Carlos Hakansson Nieto, corrió la misma suerte, consiguió 81 votos.
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NOTA PREVIA
Por la tarde, el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima había concedido una medida cautelar interpuesta por el abogado y expresidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima Walter Ayala. Esta medida acompañaba a una acción de amparo.
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El Congreso había programado para este miércoles y jueves el debate y votación de la elección. En total, 15 candidatos fueron declarados aptos para continuar en el proceso de selección y reemplazar a seis magistrados que tienen el mandato vencido.
En respuesta, Luis Valdez, presidente de la Comisión de Constitución e integrante de Alianza para el Progreso (APP), dijo que la decisión judicial “es un hecho bastante grave que no lo podemos dejar pasar de manera tan ligera. [...] Esta indebida intromisión tiene que significar un manifiesto de este Congreso digno rechazando esa interferencia y abuso de poder”.
En tanto, Carlos Mesía, de Fuerza Popular, consideró que la resolución es prevaricadora. “Viola además la sana doctrina de lo que es el funcionamiento del proceso de amparo, que solo procede ante amenazas inminentes y estas no son de futuridad remota”, dijo.
Según pudo conocer este Diario, la mayoría de parlamentarios considera que la sentencia judicial es “floja” debido a que no tiene “motivación ni valoración de principio de separación de poderes”. Esa posición se vio reforzada luego de que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) dispusiera iniciar una investigación preliminar contra la jueza que ordenó detener el proceso de selección de magistrados del TC, Amparo Blácido Báez.
Hasta el martes por la mañana, en el Congreso no había la certeza de conseguir los 87 votos necesarios para la elección de magistrados. Sin embargo, el fallo judicial produciría un efecto contrario: la unidad entre bancadas “en defensa del fuero”, informaron fuentes parlamentarias. Podrían alcanzar, entonces, los votos requeridos para al menos seleccionar a tres nuevos magistrados, y con ello recomponer las tendencias en el TC en favor del bloque conservador.
Argumentos en contra
El pasado 30 de junio, Ayala ingresó a la Corte Superior de Justicia de Lima una demanda de amparo contra la elección de magistrados del TC sustentándola en una falta de legitimidad del Parlamento, conflictos de interés, falta de motivación para reactivar la comisión especial encargada de la elección, vulneración de plazos razonables, entre otros.
Una vez admitido a trámite este recurso, el 1 de julio presentó una medida cautelar. “Hay la apariencia de derecho y urgencia. Si el juez no emitía la medida cautelar, mañana [hoy] se daba la elección y carecería de eficacia, de que se tome una decisión en el momento adecuado”, dijo a El Comercio.
En tanto, el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio concedió la medida cautelar porque acogió uno de los argumentos esgrimidos por Ayala: hubo, presuntamente, una falta de publicidad y transparencia del proceso de elección. Es decir, no se habría cumplido con lo que establece el artículo 35 del reglamento para la elección del TC, documento que fue aprobado por la misma comisión especial, que exige la publicación de la motivación de la calificación de entrevistas a candidatos.
“No apreciándose publicación alguna de dicha motivación conforme lo exigido por el principio de publicidad”, indica la resolución.
El constitucionalista Bruno Fernández de Córdova señaló que, ante la medida cautelar, “no hay una disposición legal que el Congreso pueda argüir para exonerarse del cumplimiento” y que, si bien pueden proceder a la apelación, esto no suspende sus efectos. “Cuando el juez otorga la medida cautelar, solo el juez la puede levantar”, dijo.
Además de este recurso, el constitucionalista Luciano López –junto a cuatro docentes de la PUCP– presentó ayer una segunda demanda de amparo. Estos recursos podrían ser resueltos en un plazo de dos o tres meses.
López argumentó que el proceso de selección de magistrados se realiza en una cuarta legislatura “inconstitucional”, creada por el Parlamento recientemente. Añadió que en el proceso no se respetaron los principios de transparencia, imparcialidad y meritocracia.
El martes, 21 docentes y abogados, entre ellos Luciano López, calificaron de inconstitucional el proceso de selección.
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