Distintas críticas de especialistas despertó el proyecto de ley de la bancada Unión Por el Perú que busca evitar que el Jurado Nacional de Elecciones cancele la inscripción de las agrupaciones políticas que no pasaron la valla electoral en estas últimos comicios, hasta después de las elecciones municipales y distritales del 2022.
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UPP -que apenas obtuvo el 2.07% de votos válidos en los comicios del 11 de abril- es uno de las 14 agrupaciones políticas que perderán su inscripción tras las elecciones generales, ya sea por no pasar la valla o por no haber participado.
Julio Silva Meneses, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral y Gobernabilidad, considera que esta iniciativa legislativa pretende dejar sin efecto la reforma electoral que se hizo en el 2019.
“Estamos hablando de un proyecto de ley que tiene una clara finalidad que es precisamente retroceder, me parece, en la reforma electoral y es que luego de estas elecciones, es cierto, hay muchos partidos que van a perder su inscripción, pero esto era parte de las reglas de juego establecidas y creo yo que es muy importante que los partidos políticos respeten estas reglas previamente establecidas y conocidas por todos”, indicó.
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La iniciativa legislativa busca que se incorpore una novena disposición transitoria en la Ley de Organizaciones Políticas que plantea que la cancelación de inscripción de los partidos por las causales a) y b) del artículo 13, al menos 5 congresistas electos y más del 5% de los votos válidos a nivel nacional, se postergue hasta que se concluyan las elecciones el proceso de las elecciones regionales y municipales 2022.
José Tello, experto en temas electorales, sostiene que esta norma tan “antitécnica” es contraproducente ya que impediría la “depuración” de los partidos políticos y desestabilizaría los próximos comicios del 2022 con tantas organizaciones en carrera. “Parece que ellos no terminan de entender que las elecciones regionales y municipales son mucho más complejas en todo aspecto que las elecciones generales porque hay casi 200 circunscripciones provinciales y casi 1650 distritales”, indicó.
“Tener presente a tantos actores involucrados en una elección mucho más compleja, porque es mucho más amplia, no va. Es contraproducente contra cualquier ánimo de refroma política, es antitécnico porque mantendría a un sistema electoral que ya sabemos que necesita depurarse y, en tercer lugar, en una elección tan compleja, mucho más amplia de la que hemos vivido, es de verdad un problema impresionante para los organismos electorales”, agregó.
José Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), declaró que esta iniciativa es “una sacada de vuelta a la regla” que dispone que los partidos pierdan la inscripción. Asimismo, agregó que hay un conflicto de intereses por la bancada UPP debido a que su agrupación es una de las que perderá su inscripción al obtener solo el 2,07% de votos válidos a nivel nacional el pasado 11 de abril.
“Lo están haciendo en beneficio propio, digamos. (...) La regla era que los partidos perdían la inscripción si no pasaban la valla, entonces acá lo que se está haciendo es modificar esto porque se estaría aplicando aún hasta la otra la elección, cuando la ley decía que ahorita terminada esta elección se les cancela la inscripción. (...) Espero que las demás bancadas no respalden porque sería una burla, cuando ya hemos decidido nuestra votación, de que más de 10 partidos no continúen en la carrera política salvo que vuelvan a inscribirse”, sostuvo.
Los tres expertos coincidieron en que no se puede aprobar una ley que modifique las reglas del proceso electoral en curso; sin embargo, ya hay un antecedente en las elecciones del 2016 cuando se estableció que los partidos podían retirarse de la elección sin perder la inscripción con la ley 30414.
“La norma de intangibilidad está establecida en la misma Ley de Orgánica de Elecciones. Esta ley dice que todas las reglas del juego para una elección tienen que ser aprobadas como máximo hasta una determinada fecha, en estos comicios fue el 28 de septiembre del 2020. Hasta esa fecha tenían que hacerse todas las modificaciones que iban a regir en estas elecciones”, indicó Silva Meneses.
“Se está depurando el sistema de partidos políticos, y es urgente porque en el 2016 esa ley fue un salvataje. (...) Ahora que se da concluida la elección congresal (...) desde ese momento es la cancelación de la inscripción, entonces, impedir eso en serio que es contraproducente”, sostuvo Tello.
“Podría ser ilegal en el sentido de que coaliciona con el principio de facilidad de las leyes electorales, que no se pueden modificar las reglas del proceso electoral en curso. (...) Esa norma estaría cambiando la regla de esta elección y por lo tanto, una norma que se apruebe en estas circunstancias no debería ser aplicada”, exclamó, por su parte, Villalobos.