El vocero de la bancada de Podemos Perú, Arón Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, y el ministro de Economía, Waldo Mendoza, por la devolución de aportes a los aportantes y exaportantes a la Oficina Nacional Previsional (ONP).
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El congresista acusó a ambos funcionarios de los presuntos delitos contra la administración pública –delitos cometidos por funcionarios públicos – omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y resistencia o desobediencia a la autoridad.
Espinoza recordó que el pasado 3 de diciembre el Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley que plantea la devolución de los fondos administrados por la ONP, a los aportantes del sistema nacional de pensiones, creado por el Decreto Ley N° 19990.
Precisó que tras la publicación de la ley en el Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo no ha cumplido con implementar el procedimiento operativo de devolución en el plazo establecido (15 días) y que venció el pasado 30 de diciembre.
“Es por ello que tanto Violeta Bermúdez Valdivia, Presidenta del Consejo de Ministros, así como Waldo Mendoza Bellido, Ministro de Economía y Finanzas, son los responsables por la falta de implementación de la Ley Nro. 31083”, detalló.
Cabe indicar que el Poder Ejecutivo presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la devolución de aportes de la ONP aprobada por el Parlamento.
En esta demanda, que fue presentada por el procurador Luis Alberto Huerta Guerrero, se alega que la ley que dispone la devolución de los fondos administrados por la ONP afecta el derecho como el acceso a una pensión de los adultos mayores y el carácter intangible de dichos recursos.
El TC admitió la demanda de inconstitucionalidad y eligió como ponente de esta causa al magistrado José Luis Sardón de Taboada. Tras ello, se notificó al Congreso de la República, en su condición de demandado, para que presente sus descargos en un plazo de hasta 30 días.
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La denuncia de Aron Espinoza contra Bermúdez y Mendoza será derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento Nacional, que deberá debatir su admisión, caso contrario pasará al archivo.
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