La incorporación de trabajadores a los regímenes laborales 728 o 276 se opone a la reforma del servicio civil, señaló el Ejecutivo. (Foto: José Sotomayor / GEC)
La incorporación de trabajadores a los regímenes laborales 728 o 276 se opone a la reforma del servicio civil, señaló el Ejecutivo. (Foto: José Sotomayor / GEC)
Redacción EC

El Poder Ejecutivo observó la autógrafa de ley que elimina en forma progresiva el régimen de Contrato Administrativo de Servicios () en el sector público que fue aprobado por el Congreso de la República.

El pasado 11 de diciembre, el Parlamento aprobó con 113 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones la ley que elimina el régimen CAS.

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La norma aprobada plantea que ninguna entidad del Estado podrá contratar personal bajo el régimen CAS, mientras que los contratos de los trabajadores que actualmente están en esa modalidad laboral serán indefinidos. Asimismo, dispone la incorporación progresiva de los trabajadores CAS a los regímenes laborales del D.L. N° 728 o del D.L. N° 276 en las entidades públicas, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.

En un oficio remitido a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, el Ejecutivo citó 21 puntos para explicar las razones sobre la decisión de observar dicha ley.

Entre los puntos clave, el Ejecutivo argumenta que la incorporación de los servidores contratados bajo el régimen CAS a los regímenes laborales 728 y 276 “afecta al acceso e incorporación de servidores a la administración pública y se opone a la reforma del servicio civil”, que pretende dar un sentido de orden, racionalidad y resultados a la gestión de los recursos humanos en el sector público.

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El documento también advierte que la implementación de la mencionada autógrafa de ley demandará un costo de S/ 4,244.6 millones del Tesoro Público para financiar el total de gastos vinculados a la planilla del personal por concepto de gratificación, bonificación por escolaridad, compensación por tiempo de servicios (CTS), Incentivo Único (CAFAE), asignación familiar, entre otros.

“Los recursos con que cuenta el Estado para realizar la reforma en materia de gestión de recursos humanos, se encuentran orientados a la implementación de la Ley N° 30057 (Ley del Servicio Civil), por lo que, en caso de que se aprueben medidas en materia de personal vinculadas a otros regímenes laborales, las mismas no cuentan con financiamiento en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021”, menciona el Ejecutivo en su oficio que fue firmado por el presidente de la República, Francisco Sagasti, y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

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