El gasto anual de la planilla estatal se incrementará de S/9.000 millones a S/11.530 millones. (Foto: Archivo)
El gasto anual de la planilla estatal se incrementará de S/9.000 millones a S/11.530 millones. (Foto: Archivo)
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El pleno del aprobó ayer con 113 votos el proyecto de ley “que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los del ”.

MIRA: Congreso aprobó proyecto de ley que plantea eliminar el régimen CAS en el sector público

En detalle, el dictamen de la –que fue exonerado de pasar por una segunda comisión el último jueves por acuerdo de la Junta de Portavoces– plantea que se incorpore a los trabajadores bajo el régimen de contrato administrativo de servicios () a las planillas de las entidades estatales (bajo los regímenes de los decretos legislativos 728 y 276).

El texto señala que la incorporación se realizará de forma progresiva dentro de un plazo máximo de cinco años y “respetando la disponibilidad presupuestaria de las entidades públicas”.

Asimismo, precisa que se elimina “la temporalidad sin causa” y se prohíbe la contratación bajo el régimen CAS: “A partir de la entrada en vigencia de esta ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar personal a través del régimen CAS”.

ANÁLISIS

La Autoridad Nacional del Servicio Civil () mostró su preocupación con la aprobación de esta norma. Detalló que se está generando un incremento automático del 25% del costo de la planilla estatal.

El gasto anual se incrementa de S/9.000 millones a S/11.530 millones.

Radiografía del CAS
Radiografía del CAS

Servir también indicó que esta norma atenta contra la meritocracia, dado que permite que “más de 300.000 personas entren sin concurso público y de manera indefinida a trabajar en el Estado”.

“Esto vulnera la Constitución. Esto se convertirá en una bomba de tiempo para la sostenibilidad del país y del próximo gobierno”, complementó la entidad.

Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, indicó que el régimen CAS tiene tanto lados positivos como negativos.

“Por un lado, el CAS permite atraer personal técnico óptimo, porque su estructura permite competir con el sector privado. Así ocurrió con la pandemia, por ejemplo. Pero también hay abusos, como que no se brinda estabilidad laboral en algunos casos, pues hay contratos que se renuevan cada mes y que se extienden por años”, refirió Toyama.

Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, consideró que el Congreso no debió eliminar este régimen.

“Si bien hay casos de abusos, no te puedes bajar la norma, sino legislar para que se fiscalice mejor en esos casos. El CAS tiene una serie de derechos”, acotó Lora.

En tanto, Pamela Navarro, directora y fundadora de Atalla Legal, dijo que el Estado sí tiene una deuda pendiente con este rubro, pero que no era el momento para aplicarlo. Agregó que el proceso de incorporación debe darse de manera ordenada.

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