El Congreso de la República aprobó este viernes inhabilitar a las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores) por su presunta vacunación irregular contra la COVID-19 con dosis del laboratorio chino Sinopharm, caso también conocido como ‘Vacunagate’.
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Sobre Astete Rodríguez, el pleno aprobó la sanción para el ejercicio de la función pública por un año con 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
En sus alegatos de defensa, Astete, quien asistió al pleno, reiteró que recibió la vacuna del laboratorio chino luego de que se la ofrecieran otros trabajadores de su despacho y, según ella, convencida de que era un proceso legal.
Asimismo, reiteró lo que dijo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y después ante la Comisión Permanente: que el 21 de enero le informó al presidente Francisco Sagasti que le habían ofrecido la vacuna y que él le dio visto bueno al procedimiento.
Esto ha sido rechazado por el mandatario en reiteradas ocasiones. De igual manera, manifestó que ese mismo día le informó sobre esta conversación a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.
En tanto, por 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el pleno también aprobó la inhabilitación de la exministra Pilar Mazzetti para el ejercicio de la función pública por 8 años.
En su defensa, asumida de forma virtual, la extitular de Salud cuestionó que no se haya atendido su pedido para postergar el debate del informe que plantea inhabilitarla y dijo que había “errores” en las infracciones constitucionales que se le atribuyen.
“Por esta ausencia de flexibilidad y lo que nos parece una precipitación evidente a lo largo del proceso y por una insuficiente comprensión, mucho me temo que se ha puesto en riesgo la protección y defensa que la Constitución me garantiza. Se me niega en este actuar precipitado la oportunidad de contar con un abogado defensor para esta audiencia”, criticó la exfuncionaria.
Pilar Mazzetti señaló que hay “errores graves” cuando se le adjudica responsabilidad por supuestamente haber cometido faltas en su función en la lucha contra la pandemia, algo que señaló no tiene relación alguna con el “error político” de haber pedido que se le aplique la vacuna de Sinopharm.
“He reconocido [mi error] primero que nadie y he pagado el precio político y he pedido disculpas, pero de ahí decir que no se protegieron los intereses nacionales y que no trabajamos al servicio de la nación hace ver que no se ha analizado los esfuerzos realizados y se ha pasado por encima de los resultados obtenidos”, concluyó.