La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría este lunes declarar improcedente el informe final de la Denuncia Constitucional 068 presentada contra la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos.
Como se recuerda, la extitular del Ministerio Público fue acusada de los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y encubrimiento personal.
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La Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales y Productivas presentó la acusación contra Ávalos Rivera por archivar una denuncia presentada contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).
Dicha asociación, el 20 de octubre del 2020, había incluido en su denuncia al exjefe del Gabinete Ministerial Vicente Zeballos, al exministro de Salud Víctor Zamora y a los integrantes del Comando COVID-19 por los delitos de lesa humanidad, omisión de actos funcionales, exposición de personas al peligro y corrupción de funcionarios.
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El documento se basaba en los altos índices de contagio del COVID-19, así como los fallecidos por la falta de oxígeno, hospitales en desuso, utilización de pruebas serológicas para diagnóstico, entre otros argumentos.
El informe de calificación precisa que en la denuncia no se acreditaron los hechos que tipifiquen los delitos expuestos. Tampoco cumplía el requisito de haber sido formulada por persona capaz o representante debidamente acreditado.
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Por ello, por mayoría -con 16 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención- se acordó enviar al archivo la denuncia presentada contra Zoraida Ávalos.
Se trata de un caso distinto al que verá el Pleno del Congreso el próximo miércoles 21 de junio, que es el informe final sobre las denuncias constitucionales 209 y 231 (acumuladas) contra la actual fiscal suprema.
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Dicho documento recomienda acusar a la extitular del Ministerio Público por su decisión suspender los actos de investigación en el proceso abierto contra el expresidente Pedro Castillo por los casos: concesión Puente Tarata III, adquisición de Biodiesel B100 y ascensos militares.
El informe también propone acusar a Ávalos Rivera por presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución y por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y solicita su inhabilitación por 5 años.
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