La Junta Nacional de Justicia (JNJ) invocó al Congreso de la República la “mayor reflexión” sobre denuncia constitucional contra ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, que se verá este jueves 25 de mayo.
En un comunicado, dicha institución manifestó que las imputaciones contra la fiscal suprema “guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de su función, como expresión de su propia independencia”.
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“La JNJ respeta plenamente la atribución constitucional propia del Congreso de la República, contenida en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú. No obstante, estima que el ejercicio de tales facultades debe hacerse ponderando cuidadosamente los valores constitucionales en juego, contenidos en los artículos 139.2, 146.1 y 158.2 de la Constitución, entre otros, relativos a la independencia en la administración de justicia”, expresó.
En ese sentido, la Junta enfatizó que la justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones y que ninguna conciencia democrática y republicana debería permanecer indiferente ante los desafíos que estas circunstancias suponen.
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“La JNJ no acude en defensa de una persona. Este órgano constitucional autónomo defiende garantías universales propias de la función judicial y fiscal, que lo son al mismo tiempo de la estabilidad de nuestras instituciones y de nuestra propia democracia”, sentenció.
Como se recuerda, Zoraida Ávalos deberá presentarse en el Congreso el próximo jueves 25 de mayo para ejercer su derecho a la defensa en torno a las denuncias constitucionales 209 y 231 (acumuladas).
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El documento recomienda acusarla por presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución, y solicita su inhabilitación por el periodo de cinco años para el ejercicio de la función pública.
Además, se le acusa por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.
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Ávalos Rivera se refirió a este caso, suscitado en torno a las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo y afirmó que un sector de ese poder del Estado pretende inhabilitarla “por cuestiones políticas”.
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