Más que una elección de fiscales supremos, la JNJ está por definir el rumbo de la fiscalía

No habrá que esperar mucho para conocer el desenlace. Las entrevistas, que serán ante el pleno de la JNJ, están programadas para el lunes 30 y martes 31 de mayo. Para ese último día, se espera que se vote según el cuadro de méritos y posteriormente se informen los resultados (ganan los que obtienen al menos cuatro de los siete votos del pleno). Los elegidos se sumarán a la Junta de Fiscales Supremos (JFS), la máxima instancia deliberante del Ministerio Público, que hoy solo tiene dos miembros: Pablo Sánchez, quien desde fines de marzo es fiscal de la Nación interino, y Zoraida Ávalos.

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En la fiscalía no hay otro tema que genere mayor discusión que este. No es para menos. Con los nuevos nombramientos, la JFS volverá a tener el quórum necesario para tomar decisiones cruciales que quedaron pendientes. En primer lugar: elegir al jefe máximo del Ministerio Público para los siguientes tres años. Sánchez ya adelantó que solo espera que juren los dos nuevos fiscales para convocar a la JFS y así, entre ellos, votar por quién será el próximo fiscal de la Nación. Sánchez también ha dicho, a diferencia de su colega Ávalos, que esta vez no presentará su candidatura. De modo que solo quedarían tres opciones, de las que nos falta conocer el nombre de dos.

El trasfondo

A simple vista, pareciera que es un rutinario concurso público. Pero es todo lo contrario. Para empezar, es la primera vez que esta entidad, creada a raíz de la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organiza un concurso público de esta envergadura. Un desafío en el que tendrán que demostrar los miembros de la JNJ que están muy lejos de las prácticas por las que fueron destituidos sus antecesores.

Sin embargo, este es solo el lado superficial de la historia. Detrás de este proceso, hay toda una pugna para conseguir los votos en la inminente elección del próximo fiscal de la Nación y también para tener una mayoría amigable en la JFS que permita un mayor control en la fiscalía. Para ello, es indispensable contar con aliados en la JNJ: ya sea para que ayuden a su candidato o para bloquear el ascenso de quien no es de su preferencia.

Las dos candidatas

Son dos las protagonistas: las candidatas Liz Patricia Benavides, que va primera en el puntaje acumulado, y Delia Espinoza, que marcha tercera. Las dos pasarán por la entrevista personal el lunes 30. Las dos también representan posiciones contrarias respecto a un personaje central: Zoraida Ávalos. Una cuenta con el respaldo de la exfiscal de la Nación. La otra ni un poco. Simpatías y enemistades que en el momento indicado se traducen en votos decisivos.

Benavides no es de la facción de Ávalos. Desde hace más de 11 años, esta fiscal se desempeña como adjunta suprema titular adscrita a la Fiscalía de la Nación (nombrada por el CNM). Un cargo que nadie más ha tenido en el Ministerio Público y que fue creado a pedido de la JFS. Su despacho está a cargo de las denuncias a los magistrados. Por ello, ha visto casos contra exjueces como Walter Ríos, Ricardo Chang, Francisco Boza y César Hinostroza, y más recientemente contra el hoy recluso fiscal Ricardo Rojas.

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En enero del 2019, el nombre de Benavides sonó en los medios por ser una de las primeras en solicitar al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que diera un paso al costado luego de que removiera, la noche de fin de año, a Rafael Vela y José Domingo Pérez del Caso Odebrecht.

Espinoza, quien sí es del círculo de Ávalos, también ha protagonizado una polémica contra un fiscal de la Nación. En este caso, Pablo Sánchez. En el 2015, el diario “Correo” la acusó de urdir un “complot” contra quien era en ese entonces jefe de la fiscalía. Este consistía en reunir a un grupo de fiscales superiores para que firmaran un pronunciamiento que denunciara malos manejos de la administración de Sánchez y se solicitaba la intervención del extinto CNM.

Aunque nunca llegó a concretarse, Espinoza niega que haya estado detrás de la organización. Sin embargo, el frustrado evento fue interpretado como una represalia, pues Sánchez la había separado del cargo en el que previamente la nombró: coordinadora nacional de Lavado de Activos. Lo hecho, entre otras cosas, se basó en un informe fiscal respecto a sus presuntos vínculos con la red Orellana.

En el 2009, el CNM nombró a Espinoza como fiscal superior titular penal de Lima y hasta el año pasado trabajaba en la fiscalía de Surco-Barranco. Pero el 30 de diciembre del 2021, Ávalos la promovió como fiscal suprema provisional en la fiscalía a cargo de los delitos cometidos por funcionarios públicos.

La decisión del JNJ puede consolidar un intento de Ávalos de regresar como fiscal de la Nación. Esta última, como se sabe, es cercana a María Zavala de la JNJ (fuentes en la fiscalía afirman que también lo es de Inés Tello). Pero lo más importante es que este nombramiento marcará una nueva correlación de fuerzas en el Ministerio Público, donde Sánchez y Ávalos están, por decir lo menos, enemistados.

Más aún ahora, que Ávalos deberá resolver si denuncia a su colega por una consultoría de S/17.000 con la empresa Chisac, que se contrató durante su gestión en el 2017. Ello, basado en un informe del miércoles pasado del fiscal Reynaldo Abia (más cercano a Ávalos que a Sánchez). Esto podría poner en riesgo la ratificación de Sánchez (que se verá en setiembre junto con la de Ávalos) o bien asegurar su voto, que en caso de un empate deberá ser el dirimente como fiscal de la Nación interino.

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