El informe que presentó la Defensoría del Pueblo un mes después de que Alberto Fujimori recibiera el indulto humanitario por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no solo cuestiona el otorgamiento de la gracia presidencial, sino que manifiesta que el indultado tiene el “deber” de permanecer alejado de la vida política.
No solo eso, sino que exhorta al Estado a “adoptar previsiones legales que aseguren que los beneficiarios se mantengan alejados de toda actividad que guarde relación con los crímenes motivo de su sentencia”. En el caso de Alberto Fujimori, medidas que lo alejen de hacer política.
- ¿Privar de la vida política? -
“El quehacer político es complejo. Alberto Fujimori puede hacer política desde su casa o a través de sus partidarios, sus hijos o sus congresistas. Puede escribir por Twitter o responder preguntas, todo desde su dormitorio. Legislar sobre no hacer política sería muy complicado”, comentó a El Comercio el constitucionalista Ernesto Álvarez.
También comentó que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Caso Crousillat diferencia dos indultos: el normal y el humanitario, mas no establece limitaciones claras para este último.
“La posibilidad de que Alberto Fujimori pueda o no participar en política se puede considerar como un deseo a nivel ético pero no está legislado. Se puede hacer política por internet y estando muy enfermo”, comentó el analista.
También le sumó el hecho de que el ex presidente fue indultado por el Estado, lo que equivale a un perdón de los delitos cometidos. “No hay una limitación clara a nivel constitucional sobre actividades relacionadas a crímenes que llevaron a un ex reo a prisión”, indicó Álvarez.
- Una recomendación válida -
El constitucionalista Víctor García Toma, por otro lado, comentó que la Defensoría del Pueblo actúa bien al emitir un informe que recomiende a Alberto Fujimori alejarse de la política.
“Sus informes no son vinculantes, son opiniones y, en este caso, es una buena sugerencia. No tiene carácter normativo o interpelatorio. Es una recomendación saludable decir que Alberto Fujimori tiene que ser consciente de las razones por las que fue indultado”, manifestó.
García Toma consideró acertado y viable que la Defensoría comente, en su informe, que Alberto Fujimori debe asumir un comportamiento que coadyuve a la paz y la gobernabilidad y que no afecte a la ciudadanía generando polémica con sus actitudes. “No se le otorgó la gracia para que realice política ni para hacer cosas que afecten a los familiares de las víctimas de su gobierno”, dijo el constitucionalista.
- Más allá de sus competencias -
Donde ambos analistas coincidieron es en la competencias que tiene la Defensoría del Pueblo al calificar el indulto como “deficiente” por no cumplir con los estándares planteados en su informe.
“El informe es un testimonio de la posición política de Walter Gutiérrez y de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo contra el indulto [...] No le corresponde a esta institución opinar sobre esto. El indulto es materia de control constitucional y de control legal por parte de jueces, pero no veo por qué el defensor del Pueblo debe arriesgar una opinión que podría considerarse que busca influir en los magistrados del Poder Judicial”, señaló Ernesto Álvarez.
El constitucionalista recordó que el indulto a favor de José Enrique Crousillat fue anulado por el propio presidente de la República, no por faltar a la ley o la Constitución, sino por presión social y porque la “evidente salud” del indultado generó una sublevación de la opinión pública.
Víctor García Toma cuestionó que la defensoría se pronuncie sin haber revisado el expediente que el Ministerio de Justicia no le entregó antes del informe.
“Me parece que se excede porque, en tanto no pueda revisar el informe médico o el expediente, no se puede decir si PPK indultó bien o indultó mal. No se puede emitir un pronunciamiento de valor si no se tienen los elementos de juicio”, concluyó.
MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...
-