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En febrero último- dos meses después de haber salido del penal de Barbadillo, tras la reposición de su indulto humanitario por el Tribunal Constitucional- el expresidente Alberto Fujimori (85 años) decidió, con el respaldo de su hija Keiko Fujimori, su inscripción como militante de Fuerza Popular, según fuentes allegadas a la cúpula naranja.
La conversación en la que se concretó la afiliación del sentenciado exmandatario fue en la casa de San Borja, donde vive actualmente con la excongresista y sus nietas. Esta vivienda le perteneció a la ex primera dama Susana Higuchi, quien se la dejó en herencia a sus hijos.
Las mismas fuentes allegadas al partido naranja indicaron que, si Fujimori fue afiliado a la agrupación fundada por su hija antes del 12 de julio, cuando vence el plazo para integrarse a un partido político para ser candidato en las próximas elecciones generales, es porque “una postulación” de su parte al Senado e, incluso, a la Presidencia de la República “está abierta”. “Hay una posibilidad muy grande”, complementaron.
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El Comercio le hizo llegar al ex jefe de Estado un cuestionario con cuatro preguntas. Él decidió responder solo a una: ¿Será candidato a la Presidencia o al Senado, o a ambos? ¿De qué depende? “Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”, afirmó en una carta dirigida a este Diario.
Fujimori fue internado en la UCI de una clínica el último miércoles, luego de sufrir una caída y esto le generará una fractura en la cadera, según informó su hija Keiko Fujimori.
El retorno de Fujimori- condenado en el 2009 a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- a la política activa depende de que responda de manera positiva al tratamiento que está recibiendo por el tumor maligno que le detectaron en la lengua, precisaron otras fuentes de Fuerza Popular.
“Si sale bien, él seguirá adelante y su participación política podrá ser más importante y trascendente”, detallaron.
Al interior del fujimorismo- de acuerdo con las mismas fuentes- no existe preocupación por la edad y la salud de su líder histórico frente a una eventual campaña.
“Él ha hecho campaña cuando estaba en Japón y no va a poder hacer hoy una campaña desde su casa, puede hacerla de manera virtual”, mencionaron.
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No amenazó con irse
Otras fuentes cercanas a la cúpula naranja negaron que Fujimori haya amenazado con irse a otro partido si es que no se formalizaba su inscripción. Esta se dio el miércoles 19 de junio.
“La relación entre el expresidente y su hija está en buen momento. No están peleados. Y él en ningún momento amenazó con militar en otra agrupación. La incorporación del ex jefe de Estado se caía de madura y se ha dado de manera orgánica y natural”, manifestaron.
Detallaron que, incluso, se contemplaba realizar “una bienvenida pública” al ex jefe de Estado, también sentenciado por actos de corrupción, como el pago de la CTS a su exasesor Vladimiro Montesinos. No obstante, esta ha quedado congelada por el tratamiento médico que lleva.
“Para el fujimorismo, es necesario que Alberto Fujimori sea reivindicado en las urnas, ese es el mayor respaldo después de todo lo que ha vivido, ese es nuestro anhelo. Él regresó al Perú para su reivindicación, no para morir en prisión”, subrayaron.
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El subsecretario general y portavoz del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, confirmó que “sí” está abierta la posibilidad de una postulación de Fujimori, como “la de todo militante” de su agrupación.
“Nosotros estaríamos encantadísimos de tener una participación más activa [de su parte]”, expresó a El Comercio.
Al ser consultado sobre si el exmandatario tendrá participación en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) o en la Comisión Política del partido fujimorista, el excongresista respondió que eso dependerá de “su disponibilidad de tiempo”. “Contar con su consejo constante será importante”, añadió.
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Torres, además, se refirió al inciso h del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que los deudores de reparaciones civiles, como Fujimori, no pueden ser candidatos a la presidencia o vicepresidencias de la República.
“Sería una locura limitar la participación de una persona [en las elecciones], que es un derecho que está en la Constitución, por ese motivo [la deuda de una reparación civil]. Las limitaciones que se establezcan en leyes deben ser rigurosamente evaluadas por las instancias correspondientes para evitar que se dañe un derecho superior”, sostuvo.
En diciembre pasado, la procuraduría anticorrupción informó que el expresidente acumula una deuda de aproximadamente S/57 millones por concepto de reparación civil.
Cierre de filas
El politólogo Paolo Sosa consideró que en una elección “normal”, la incorporación de Fujimori a Fuerza Popular “hubiera sido un problema”, pero en un escenario fragmentado, como el que se avizora en 2026, el acercamiento del expresidente pasa por “el cierre de filas” de todo el fujimorismo, con el objetivo de lograr un 20% que le permita pasar a la segunda vuelta.
“Incluso, si Alberto Fujimori no llega a ser candidato al Senado o a integrar una plancha presidencial, su afiliación busca asegurar un caudal que les permita la entrada al balotaje. Se han filtrado algunas encuestas que muestran que Fujimori aún tiene un tipo de arrastre electoral”, manifestó.
En diálogo con El Comercio, Sosa remarcó que Fujimori está entre los presidentes peruanos con mejor recordación. Por ejemplo, citó un estudio del IEP que le da 70% de aprobación.
“[Fuerza Popular] apuesta por la fragmentación, cerrar filas y convencer a los sectores viejos y nuevos del fujimorismo que son un solo proyecto y así forzar una entrada a segunda vuelta. Esta no es la misma estrategia que siguió Keiko Fujimori en el 2016, cuando intentó ampliar su caudal. Hoy, dada la división, apuesta por mantener y fortalecer un núcleo duro”, remarcó.
Sosa recordó que, en el 2021, Fujimori Higuchi comenzó a hablar de “mano dura” y que en la actualidad ha dado un paso más al sumar a su padre a su partido.
“Cuando tiene tres o cuatro candidatos que pelean por el primer lugar se busca ampliar la votación, pero si tienes hasta 10 postulantes peleando por migajas, lo que te conviene es cerrarte en tu núcleo duro, asegurar tu 20%. Los últimos ocho años de crisis han generado que la marca del partido fujimorista se haya agotado y han optado por convertirse en un partido de nicho”, sostuvo.
El politólogo refirió que es difícil que un solo candidato pueda aglomerar al antifujmorismo, sobre todo porque luego de su respaldo al expresidente Pedro Castillo hace tres años ha tenido “fisuras”.
Además, Sosa indicó que es probable que Fujimori termine siendo un candidato “en la sombra”.
“No creo que su candidatura sea posible si no hay un cambio muy drástico en las autoridades electorales, y que vayan en contra de su jurisprudencia. En Fuerza Popular, la dinámica terminará siendo parecida a lo que fueron Castillo y Vladimir Cerrón en el 2021. No sé si el fujimorismo prevé que esto puede generar una dualidad”, acotó.
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El punto de vista legal
El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga explicó que Fujimori no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular, porque el indulto que recibió en el 2017 no declara su inocencia.
“Él no es inocente, la gracia presidencial que recibió lo releva del cumplimiento de la pena, un indultado mantiene el estatus de condenado hasta que termine su pena y luego pide la rehabilitación. No ha sido absuelto, su sentencia [de 25 años] no ha sido quebrada o anulada, está vigente. El indulto permite que no esté en la cárcel”, expresó a El Comercio.
Quiroga cuestionó que desde Fuerza Popular estén intentando dejar entender que el indulto es una anulación de la sentencia. “Eso no ocurre así, eso lo declara solo el Poder Judicial. Fujimori no puede ser candidato ni ser elegido ni ser designado a un cargo público”, enfatizó.
El letrado también señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en su momento, tendrá que determinar si admite o no una eventual candidatura del expresidente.
“Otro punto es que tampoco puede ser rehabilitado hasta que no pague la totalidad de su reparación civil”, concluyó.
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Una postura similar tuvo el abogado constitucionalista Natale Amprimo, quien sostuvo que el expresidente Fujimori “no puede postular, porque su condición de condenado no cambia” tras su indulto.
“El indulto lo único que hace es liberarlo de la pena a diferencia de lo que es una amnistía, que ahí sí los hechos son borrados. El indulto no lo declara inocente”, manifestó.
En comunicación con El Comercio, Amprimo afirmó que Fujimori no tiene impedimentos para afiliarse a un partido, pero remarcó que no está habilitado para ser candidato.
“Hay un error en considerar que el indulto es una anulación de la condena, él sigue evidentemente como condenado”, acotó.
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El penalista César Nakazaki, exabogado de Fujimori, indicó que el indulto otorgado al exmandatario no le impide postular pues “ha terminado la pena y él está rehabilitado en todos sus derechos, desde el punto de vista penal”. Sin embargo, apuntó que el tema eventualmente tendría que definirse a nivel electoral.
“El indulto no es ningún obstáculo, Aníbal Quiroga saca una interpretación sui generis que [yo] nunca había escuchado, que dice que la persona indultada estaba excarcelada, pero seguía cumpliendo su pena en libertad, lo cual es un craso error”, dijo a El Comercio.
“La pena concluye, se llama conclusión. Él ya no tiene pena, lo que tiene son procesos penales abiertos y los procesos sí no impiden la postulación”, complementó.
Más información
Torres también dijo que Fuerza Popular está abierto a conversaciones para la conformación de un frente. “Si presumen que nosotros no queremos [ir en una alianza] es un grave error, estamos comenzando mal”, sostuvo.
También adelantó que, en los próximos días, el partido fujimorista incorporará a políticos y técnicos a sus filas.
Las sentencias que dictaron contra Fujimori
Fujimori fue condenado el 7 de abril de 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y secuestro agravado, por las detenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
El tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez César San Martín, sentenció a Fujimori en un fallo de carácter histórico para la comunidad nacional e internacional.
Según el fallo, Fujimori, Vladimiro Montesinos y el ex comandante general de las FF.AA. Nicolás Hermoza Ríos aplicaron una “guerra de baja intensidad” y practicaron crímenes de Estado, de manera sistemática, en su lucha contra el terrorismo.
Para los jueces, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados. La sentencia, que tuvo 266 páginas, precisó que el autogolpe de 1992 permitió que todo el poder se centralizara en Fujimori, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que se le brindara gran capacidad operativa al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
El 20 de julio de 2009, Fujimori fue condenado a siete años y medio de prisión por peculado doloso y falsedad ideológica, al probarse que se apropió de US$15 millones del Estado para entregárselos a su exasesor Vladimiro Montesinos, a fin de pagarle por sus servicios y que saliera del país.
Este proceso por corrupción duró apenas una semana, pues Fujimori prefirió acogerse a la conclusión anticipada.
El 30 de setiembre del 2009, Alberto Fujimori fue condenado a seis años de prisión por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, el espionaje a políticos y periodistas, y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema también le impuso el pago de S/27′060.216 por reparación civil por los tres casos de corrupción.
El 11 de diciembre del 2007, Alberto Fujimori fue condenado a seis años de prisión por usurpación de funciones por ordenar a un militar que suplantara a un fiscal para allanar la casa de Trinidad Becerra, esposa de su entonces asesor Vladimiro Montesinos. Esto tras la difusión del primer ‘vladivideo’.
La justicia determinó que fue un allanamiento ilegal que Fujimori dirigió personalmente. El hecho ocurrió el 7 de noviembre del 2000. Esta fue su primera condena.
En la lectura de la sentencia se señaló que el ex jefe de Estado había organizado el traslado del material sustraído, que incluía decenas de ‘vladivideos’, hasta el Grupo Aéreo 8 para verlos junto a su cuñado Víctor Aritomi Shinto, exembajador del Perú en Japón.
En la actualidad, Fujimori enfrenta un juicio oral por el Caso Pativilca. El Ministerio Público ha solicitado 25 años de prisión para el expresidente. La fiscalía le imputa responsabilidad en el asesinato de seis personas en manos del grupo paramilitar Colina. El crimen sucedió el 29 de enero de 1992, en la Pampa de San José y Caraqueño de Barranca (Lima).
A fines de junio último, la justicia de Chile aprobó, en primera instancia, ampliar la extradición de Fujimori por cinco casos ligados a violaciones a los derechos humanos, entre ellos el de esterilizaciones forzadas. Esto 17 años después de que lo entregara a Perú para que sea juzgado por otros hechos.
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