La reciente destitución del juez supremo Aldo Figueroa, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría anular el proceso judicial que inició hace cuatro años contra el excongresista Michael Urtecho, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, peculado, apropiación ilícita y concusión.
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Figueroa Navarro es el presidente de la Sala Especial Suprema que juzga al exlegislador junto a los jueces supremos Iris Pacheco y Ramiro Bermejo.
Sin embargo, tras la decisión de la JNJ de retirarlo del PJ, el tribunal tendría que reemplazar al juez supremo y llamar a otro magistrado.
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Dicha sala ya había tenido un cambio de juez a finales del 2018, cuando el magistrado Juan Chávez Zapater, que integraba el tribunal cuando inició el juicio oral, renunció al Poder Judicial. En su reemplazo ingresó el magistrado Bermejo Ríos.
La norma procesal señala que si dos de los tres jueces de un tribunal son cambiados en el transcurso de un juicio oral, el proceso se quiebra y debe empezar nuevamente con el llamado de otro juez. Es decir, empezaría de cero para que el nuevo magistrado que podría reemplazar a Figueroa, pueda tomar conocimiento de todo el proceso.
La salida de Figueroa Navarro se haría efectiva una vez que este reciba la notificación de la decisión de la JNJ. Esto aún no ha ocurrido.
Para la tarde de este lunes se había programado la continuación del juicio oral contra Urtecho; sin embargo, la sesión se suspendió hasta el viernes próximo debido a la licencia del presidente de la Sala. Es decir, Figueroa.
-Trabajo perdido-
Desde hace tres años el caso ya estaba siendo analizado por Sala Especial Suprema, que se encontraba en la etapa final del juzgamiento contra el exparlamentario.
Urtecho fue denunciado a inicios del 2017 por el Ministerio Público por haber recortado el sueldo de sus trabajadores que laboraban en su despacho parlamentario y lo habría usado para beneficio propio.
Una de las denunciantes fue la extrabajadora Evelyn Goicochea, quien relató que Urtecho se quedaba con S/1000 soles de su sueldo mensual de S/3,000.
La fiscalía también incluyó como denunciada a la esposa del exlegislador, Claudia Gonzales.
Tras las investigaciones, el Ministerio Público determinó que el congresista presentaba un desbalance patrimonial de S/4 millones aproximadamente.
Según pudo conocer El Comercio, el juicio oral se encontraba en la revisión de las declaraciones del acusado, luego vendrían los alegatos finales de la Fiscalía Suprema Anticorrupción y de la defensa del acusado. Finalmente, se escucharía la defensa personal de Urtecho.
Estas diligencias, explicaron, tomaría por lo menos tres sesiones o seis horas de diligencia, aproximadamente. Luego de ello, el tribunal quedaría expedido para emitir su resolución.
Por ello, las fuentes mostraron su preocupación por este caso, ya que “se perderían años de trabajo” en el Poder Judicial, así como del Ministerio Público.
Carlos Meneses Malpica, quien hasta hace unos días ejercía la defensa legal de Urtecho, sostuvo que si el juicio se quiebra no sería responsabilidad de su expatrocinado.