El pasado 13 de octubre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República elevó ante la Comisión Permanente del Parlamento el informe de calificación de dos casos seguidos en la Fiscalía de la Nación contra el congresista Edgar Alarcón, declarando procedente las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y peculado. No obstante, hasta ahora la Comisión Permanente no se ha pronunciado sobre dicho documento.
Este informe seguirá esperando debido a que los parlamentarios se encuentran en semana de representación hasta el próximo 30 de octubre. Con ello, todo lo avanzando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha quedado paralizado, puesto que no pueden continuar hasta que la Comisión Permanente ratifique el informe que declara procedente las denuncias contra el congresista de Unión Por el Perú (UPP).
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Los hechos, en los que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales considera que hay sustento para analizar la situación de Alarcón están vinculados a su paso por la Contraloría. En uno de ellos se le investiga por un presunto desbalance patrimonial de de S/201,337.00, entre el 9 de junio de 2016 y el 4 de julio del 201; lo que generó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.
" (…) Han determinado la existencia de diversos ingresos bancarizados, entre los años los años 2016 y 2017, por la suma de S/275,664.90, cuyos orígenes y depositarios se desconocen, así como el presunto desbalance patrimonial por la suma de S/181,695.50, determinado a partir de la compra de vehículos, la utilización de instrumentos financieros, retiros, transferencias, pagos de préstamos y consumos con tarjetas de crédito, entre otros, comprendido dentro del periodo de investigación penal (del 9 de junio de 2016 al 4 de julio de 2017). Bajo este tenor, tenemos que, en el presente caso, existe relación indiciaria entre los hechos expuestos y el tipo penal imputado, motivo por el cual se cumple con el requisito materia de análisis", se indica sobre la denuncia 371 que fue declarada procedente.
En el caso por presunto peculado doloso, se le imputa al congresista de UPP – en su condición de gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría especializada, vicecontralor y contralor general de la República- haber autorizado pagos a diversos proveedores que no fueron justificados y que alcanzaron el valor de S/81,121.73.
“Habría otorgado la conformidad a diversos servicios, aparentemente, no realizados, los cuales habrían sido pagados de la cuenta de recursos directamente recaudados de la Contraloría General de la República, todo ello con el fin de hacerse de caudales del Estado para sí y otros funcionarios públicos. Bajo este tenor, tenemos que, en el presente caso, existe relación indiciaria entre los hechos expuestos y el tipo penal imputado, motivo por el cual se cumple con el requisito materia de análisis”, se concluye sobre la acusación 372 que también fue admitida.
Días atrás, el presidente del Congreso de la República Manuel Merino, aseveró que la Comisión Permanente del Congreso -la que también preside- se reuniría la próxima semana.
“En la Junta de Portavoces decidimos convocar a la Comisión Permanente y al Consejo Directivo para la semana subsiguiente a la semana de representación y si no lo hemos convocado antes es por los tiempos”, dijo en conferencia de prensa.
Luis Valdez de Alianza Para el progreso (APP) y vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso, señaló a El Comercio que se encontraba en semana de representación con sus autoridades regionales, pero que “eso (la agenda del caso Alarcón) depende de la presidencia”.
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-¿Qué dice el Reglamento?-
El reglamento del Congreso de la República no establece un plazo perentorio para que la Comisión Permanente se pronuncie sobre los informes de procedencia o calificación de las acusaciones constitucionales. Esto es visto, de acuerdo a un rol o cuando lo convoque el presidente.
No obstante, la Constitución concuerda que dicho grupo puede ser convocada dentro del período ordinario o extraordinario de sesiones “cuando sea necesario cumplir con el trámite de acusación constitucional” de acuerdo al artículo 99 de la Constitución.
“Artículo 99: Acusación por infracción de la Constitución. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”, indica la Constitución.
Este paso es importante para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pueda concluir con las investigaciones y funciones, como se estipula en el artículo 89 inciso “d” del Reglamento del Congreso. Será la Comisión Permanente la que disponga el plazo que tendrá la subcomisión, este deberá ser de 15 días hábiles que podrá prorrogarse por una sola vez.
-Casos pendientes-
De otro lado, aún se encuentra pendiente el informe de calificación respecto a la denuncia que se interpuso en noviembre del 2019 contra Alarcón Tejada -actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso- por el presunto delito de cohecho pasivo propio por el caso Los Temerarios del Crimen.
Al respecto, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, le atribuyó que en su cargo de contralor de la República, habría usado sus influencias para beneficiar al exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, con el levantamiento de suspensión temporal de las cuentas corrientes de dicho municipio. A cambio, el funcionario habría recibido S/30 mil por dicho apoyo.
Otro caso que también tiene Alarcón es la investigación en la Primera Fiscalía Anticorrupción por las presuntas ganancias ilícitas debido a la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, en el que se comprenden el período de 2007 al 2016.
En su papel de presidente de la Comisión de Fiscalización fue partícipe de la difusión de diversos audios grabados entre el presidente Martín Vizcarra y personas de su entorno. Las grabaciones, según Alarcón, llegaron a su despacho como parte de las investigaciones que siguen por la contratación del cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.
Su participación en el registro de dichas comunicaciones puso en duda su permanencia frente al grupo de Fiscalización. Sin embargo, pese a diversos pedidos realizados del Partido Morado y del Frente Amplio, el congresista permanece en el cargo.
-Renunciará si levantan su inmunidad-
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En diálogo con El Comercio, Alarcón Tejada dijo que espera que la Comisión Permanente agende su caso para que, una vez aprobado el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se siga el proceso. Esto es, que se inicie la etapa indagatoria en la que pedirán sus descargos.
“Espero que la siguiente semana, como dijo el presidente (del Congreso Manuel Merino) en su última conferencia de prensa, se convoque a la (Comisión) Permanente y se vea estos casos. Yo estoy muy interesado en que estos temas avancen porque no solo hay preocupación de mi parte sino también de los periodistas”, aseveró.
Respecto a la acusación por presunto enriquecimiento ilícito, el congresista de Unión Por el Perú sostuvo que presentó una pericia de parte ante la Fiscalía, pero que esta no tomó en cuenta el saldo inicial de sus cuentas bancaria, antes de asumir el cargo de Contralor General de la República.
“Yo no he empezado a ser contralor con cero centavos en mi cuenta de ahorros. Yo tenía mi cuenta de ahorros con mi saldo, pero si no consideran mi saldo inicial, lógicamente que aparece un desbalance negativo para mí. Eso lo voy a sustentar. Solamente con el estado (de cuenta) de mayo del 2016 se cubre ese balance patrimonial”, alegó.
Respecto a las contrataciones y pagos no justificados, Alarcón sostuvo que se refieren a contratos de personas naturales, vía orden de servicio, que no estaban vinculados a su despacho como contralor en ese momento. No obstante, al ser visados por su persona, se le imputa hechos que no son su responsabilidad.
“'Ah, entonces porque Alarcón visó, él autorizó´, pero eso no es así. Los responsables son los que han pedido el servicio, los que han contratado”, dijo.
Sobre el caso de lavado de activos, el congresista sostuvo que la fiscalía deberá demostrar si cometió o no un delito al momento de realizar la compra y venta de más de 90 vehículos.
“Es fácil decir que un millón de dólares se han comprado en carros en doce años. Al año, digamos que cuatro carros se han comprado. Se vendía uno, se compraba otro; y así. Y si suman en doce años, sí suman 90 carros, pero no solamente míos; sino también han sumado el tema de mis dos hijos. Ante esta persecución política por el caso Chinchero, se creó este caso de lavado de activos. Será responsabilidad de la fiscalía, demostrar que hubo un ilícito en la compra de los carros”, refutó.
Alarcón Tejada señaló que si se le levanta la inmunidad renunciará a la Comisión de Fiscalización.
“Yo voy a seguir en la investigación pues considero que no tengo manejo irregular en mi patrimonio y no estoy sentenciado, entonces voy a seguir. Si es que la subcomisión, al final, determina levantarme la inmunidad parlamentaria; allí, automáticamente deberé renunciar la comisión de fiscalización, seguiré siendo congresista y al final seguiré fiscalizando desde mi despacho y ya no desde la comisión de fiscalización”, exclamó.
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