El Frente Amplio ha iniciado un proceso para sancionar a un grupo de 55 militantes y dirigentes adversos al líder Marco Arana. Esta riña tiene un largo recorrido que podría generar una división interna, mientras otros partidos han buscado sumar.
La historia de este enfrentamiento no es simple, pues de un lado está un grupo medianamente cohesionado alrededor de Arana; pero del otro hay una diversidad de facciones que tienen en común su rechazo a la forma en la que se llevó a cabo la elección de la comisión política y la organización del congreso nacional partidario. En este grupo está el excongresista Humberto Morales, y aunque él ha anunciado su intención de ser precandidato presidencial, no los lidera.
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La Comisión Nacional de Ética investigará en los próximos cinco días a estos militantes –entre los que se encuentran también los excongresistas Wilbert Rozas y Hernando Cevallos– bajo el argumento de que fomentan el fraccionamiento del partido. Por mientras, su militancia ha sido suspendida, fuentes de este Diario indicaron que varios de ellos no presentarán sus descargos –aunque les asiste el derecho de hacerlo– porque no quieren darle legitimidad a este proceso.
El problema para ellos es que la Comisión Nacional de Ética (CNE) y el Tribunal Nacional de Ética, órgano de segunda instancia, han sido inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, en octubre de este año, y este organismo electoral les ha dado validez. En los próximos días, los opositores presentarán una impugnación contra este reconocimiento, pues señalan que no tienen las firmas necesarias de los miembros de la antigua comisión política para hacer valer su elección.
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La sanción que podrían recibir va desde una amonestación hasta la expulsión, explica Óscar Pozo, coordinador del CNE. Esto sucede ad portas de un proceso electoral en el que la regla general en sus adversarios ha sido sumar adhesiones.
El origen legal del conflicto
En febrero de este año, el mandato de la comisión política que venía trabajando en los últimos años venció sin que el partido haya elegido a sus sucesores. En marzo, inició la pandemia y la forzosa cuarentena, y no llegaron a organizar su proceso de elección de autoridades internas de forma remota. Ambas facciones se acusan de tener la responsabilidad de no haber realizado el congreso. Pero a partir de aquí surgieron dos interpretaciones.
La facción de Arana consideraba que el mandato de la comisión política ya había vencido, y por lo tanto convocó a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que llamó a elecciones de la comisión política en agosto, y al III Congreso Nacional, el cual se realizó el 26 y 27 de setiembre. En este congreso se eligió al Comité Nacional de Ética (CNE) que abrió proceso contra los suspendidos, y también al Tribunal de Ética, que verá el caso en segunda instancia.
Jorge Aparcana, excoordinador general de la agrupación y dirigente de esta facción, señala que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) –órgano por debajo del congreso nacional y por encima del comité político– ya había acordado, en noviembre del 2019, hacer la renovación de los dirigentes, y, en junio, convocó a las elecciones que se realizaron en agosto.
Aparcana señala que en las dos elecciones previas de dirigentes primero se realizó la elección del comité político, y luego se realizó el congreso nacional.
Según fuentes de este Diario, Arana tiene mayoría en el CEN, pero este organismo no está formalmente reconocido por el JNE. El documento con los nombres de los dirigentes del Frente Amplio que está inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas no contiene un acápite para incluir los nombres de los que integran el CEN.
Del otro lado, el bloque opositor consideraba que para elegir a las autoridades políticas de la organización, primero tenían que convocar a un congreso nacional. Ellos tomaban lo que dice el artículo 39 del reglamento del partido: “La Comisión Política Nacional es la máxima instancia de conducción permanente del partido. Sus integrantes son elegidos en el Congreso Nacional Ordinario”.
Ellos convocaron al IV Congreso Nacional, para el 29 y 30 de setiembre, y convocaron para este fin de semana, el 24 de octubre, a la elección de la comisión política. Al estar suspendidos por un órgano del partido con reconocimiento del JNE, no podrían participar de estas elecciones, reconocen algunas fuentes.
Este sector ha acusado a Arana de estar detrás del proceso sancionador. Pero Óscar Pozo, coordinador del CNE, señala que la decisión fue tomada de forma autónoma y de oficio. Los opositores inciden en que Pozo y los integrantes del CNE fueron nombrados por el congreso que reconoció como válida a la facción de Arana, por lo que no tendría autonomía.
El origen político del conflicto
Cinco años atrás, Arana perdió las elecciones internas para la candidatura presidencial frente a Verónika Mendoza. Los detractores del excongresista aseguran que desde ese momento dejó de tener interés por compartir espacio con líderes que puedan disputar su liderazgo. Las tensiones entre los sectores no cesaron tras la separación que se produjo, en el 2017, con el Nuevo Perú.
Los dirigentes que se oponen a él no forman un bloque monolítico. Tienen posturas diferentes, y muestra de ello es que han formado dos listas distintas para competir por la comisión política: Allpa Kallpa-La fuerza de la tierra y Rikchariy Tierra y Libertad. Aun así, reconocen la importancia que Arana tuvo en la formación del Frente Amplio y en consolidar sus ejes programáticos.
Este Diario intentó comunicarse con Marco Arana en varias ocasiones, pero no contestó las llamadas. En defensa de la posición de su facción habló Jorge Aparcana, el anterior coordinador general. “Ese es el pretexto político que ellos han puesto a su estrategia de demolición y desprestigio del Frente Amplio”, responde cuando le preguntamos si es cierto que las diferencias se deben a que Arana no quiere competidores para ser el candidato presidencial del partido.
“No es verdad que el Frente Amplio en alguna instancia orgánica y política haya definido que la candidatura está en juego. Hemos dicho en todos los idiomas y en todos los eventos, desde el congreso de Cusco [2017], y proclamado por unanimidad que el precandidato es el compañero Marco Arana”, señala Aparcana.
A eso le añade: “Si ellos están proponiendo una figura distinta como competencia, están faltando a un acuerdo orgánico, congresal del partido”. En el acta del congreso de Cusco, al que tuvo acceso este Diario, no se dejó por escrito ese acuerdo.
“Hemos agotado todos los mecanismos de diálogo”, señala Aparcana.
Hoy, los suspendidos realizaron una conferencia de prensa para mostrar su rechazo al proceso disciplinario que se les abrió. El excongresista Wilbert Rozas acusó a la facción de Arana de copar los organismos especiales del partido: la Comisión de Ética, el Comité Electoral Nacional y el Tribunal de Ética.
Ellos aseguran que detrás de ellos hay comités regionales enteros de Ayacucho, Arequipa, Piura, un sector importante de Cusco, Huánuco, Lima, Lima provincias y Callao. Este capítulo podría ser el final de una riña que ha hecho de esta agrupación un frente que se hace angosto.
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