La vacunación contra la COVID-19 debe ser pública y privada, porque solo así lograremos inmunizar a toda la población de manera sistemática.
La vacunación es una de las estrategias sanitarias de prevención más costo-efectiva desarrollada por la ciencia biomédica. El éxito de la vacunación depende de la efectividad y la seguridad de la vacuna, número e intervalo de dosis, logística adecuada de conservación (cadena de frio) y distribución, entre otros factores.
El sector privado está facultado para importar vacunas por la Ley N° 31091, que garantiza el tratamiento preventivo de la enfermedad por coronavirus Sars Cov 2 y declara la vacuna como bien esencial, gratuito y universal en los establecimientos públicos. Sin embargo, no se podría contravenir el artículo 234 del Código Penal que castiga la especulación.
La necesidad de contar con la colaboración privada ha sido tangible en la gestión eficiente del traslado del primer lote de vacunas de China a nuestro país. Creemos en la salud como un derecho y una inversión; cualquier esfuerzo que permita una gestión eficiente, oportuna y cooperativa de la estrategia de vacuna para hacer frente a esta pandemia será bienvenido, además sería una estrategia clave para la reactivación económica.
VACUNACIÓN
Los primeros 100 días son fundamentales para implementar las estrategias de mitigación de la pandemia para aminorar el número de contagios y fallecidos. Para ello, Alianza para el Progreso plantea un shock de inversiones enfocado en fortalecer el primer nivel de atención, que cuenta con una infraestructura precaria, con equipamiento obsoleto e inoperativo.
¿Dónde se van a aplicar las vacunas? En el primer nivel de atención. ¿Dónde se va realizar la atención en salud mental comunitaria? En el primer nivel de atención, así como otras estrategias de salud. Por ello, se debe fortalecer este nivel que ha estado olvidado por muchos años.