Hace más de veinte años, el general (r) José Williams Zapata lideró el operativo Chavín de Huántar, que permitió el rescate de los rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón. Ahora postula al Congreso, pues considera que puede servir al país con sus conocimientos en seguridad.
— ¿Qué diferencia a su estrategia en seguridad de la “mano dura” de Keiko Fujimori, George Forsyth o Daniel Urresti?
Tener la mano firme es lo adecuado. Las leyes están establecidas, el problema es que no se cumplen, no funciona el Estado. En el tema de la delincuencia, no existe una coordinación entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por eso hay delincuentes que no son sancionados. Existen problemas en el control de migrantes, hay indocumentados que vienen y delinquen aquí. Al delincuente se lo tiene que castigar y, si es extranjero, debe irse de inmediato siempre y cuando no haya delinquido; si no, tiene que pagar sus faltas.
— Le preguntaba por las diferencias entre Avanza País y las otras propuestas que hablan de “mano dura”.
Primero, se debe combatir aquellos delitos que inmediatamente deben ser corregidos. Por ejemplo, la microcomercialización de drogas, los asaltos al paso, y toda aquella delincuencia que le molesta a la población. El otro escenario que nos diferencia tiene que ver con la estructura del Estado. Se tiene que mejorar la estructura del sistema de seguridad ciudadana, que comprende desde el gobierno hasta las juntas vecinales. Tiene que mejorarse el sistema de los serenazgos en cuando a las comunicaciones, y su relación entre las municipalidades, con la Policía Nacional, con las juntas vecinales.
— Me hablaba de los delincuentes extranjeros. ¿Cómo encontrar un punto medio entre brindar seguridad al ciudadano y entender que hay una crisis humanitaria en Venezuela?
Ciertamente, es un derecho que tiene el migrante que sale de su país porque la situación que vive es inapropiada. Los migrantes son bienvenidos aquí. Inclusive se están adaptando, están en la PEA ocupada. El problema está solamente en aquellos extranjeros que están delinquiendo, aquellos que están indocumentados.
— ¿Cuáles serías las tres principales iniciativas legislativas que usted tendría si llega al Congreso?
Creo que un asunto es el que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Los delitos que agobian a la población, que son los que vemos en todo momento, deben ser atacados de inmediato. Lógicamente, con mejorar la calidad de la Policía, mejor tecnología, vehículos, motos. Mejorar el serenazgo en cuanto a su estructura y su logística, hacer que interactúen por distritos. Luego, se tienen que mejorar las estructuras, por ejemplo, del serenazgo. Tiene que haber, por lo menos, dos escuelas que capaciten a serenazgos, con programas académicos que sean los adecuados. Otro punto es el tráfico ilícito de drogas, los problemas que están sucediendo en el Vraem, en el Putumayo, lo que está sucediendo en Madre de Dios con la minería ilegal. También es necesario ayudar a los comités de auto defensa.
— Los temas que me señala están relacionados al Ejecutivo. ¿Qué podría hacer por eso desde el Congreso?
Claro, desde el Congreso se puede ayudar. Se puede ayudar llevando salud, educación, transportes, y alguna otra parte del Estado hacia esos lugares que están en crisis, acechados por la inseguridad. Desde el Congreso se pueden hacer leyes para que facilite la seguridad, para que se pueda combatir de mejor forma el tráfico ilícito de drogas, el control de insumos para hacer la pasta básica de cocaína.
— Le soy sincero: Es difícil comentar el plan de gobierno de Avanza País porque en el JNE solo hay un documento de 15 páginas. Allí dice: “Dictar las normas que permitan fortalecer la actuación multinivel en la lucha contra la delincuencia”, pero no hay desarrollo. ¿A qué se refieren?
Eso se refiere a que las estructuras de seguridad deben ser mejoradas; tienen que ser más óptimos, tener más recursos y tecnología. Es optimizar las estructuras que existen en la seguridad con el fin de que puedan ser más eficaces.
— También señalan que van a modernizar las instituciones de las Fuerzas Armadas y la policía asegurando su optimización y eficiencia. ¿Cómo harán eso?
Eso se refiere a disponer de tecnología, de medios de comunicación, de escuelas que puedan capacitar mejor a los policías y militares. Significa también que debe existir una relación más intensa en el trabajo de la policía y las FF.AA. para aquellos delitos que guardan relación, y que la Constitución permite que puedan ser valorados por ambos institutos.
— Entiendo que usted conoce bastante del tema de seguridad. ¿Por qué no se ha plasmado hasta ahora en un plan que esté a disposición de los electores?
Creo que se presentaron lineamientos generales, y con toda seguridad se va a hacer conocer todo el detalle del plan. Hay un proceso que se debe hacer, una reglamentación. Todos los planes son perfectibles.
— ¿Usted está de acuerdo con los que quieren endurecer las penas o considera que el problema está en la aplicación de la justicia, de la captura de delincuentes?
Creo que tiene que ver más con la implementación que con la norma. Yo creo que las leyes están dadas, las penas también están dadas, lo que se tiene que hacer es cumplirlas. Tienen que funcionar el Ministerio Público, el Poder Judicial, no solamente para casos de temas que están relacionados con los delitos, sino para faltas graves. Por ejemplo, tiene que haber reeducación de la educación, mantenimiento de lugares públicos, multas que se cumplan. No se ve en Lima que, por ejemplo, estén limpiando áreas de servicio público, como parques, avenidas, calles. Tampoco se ve que vayan a las aulas a reeducarse.
— ¿Cómo recuperar la confianza entre la ciudadanía y la policía?
Es necesario recuperar la confianza en la policía, y también devolverle la autoridad. Ambas cuestiones son logros que la misma policía debe hacer. Debe mejorar algunas estructuras que tiene, particularmente, aquello que tiene que ver con la capacitación, la educación. También la cultura organizacional de la policía debe transformarse. La policía es una institución muy buena, pero como toda organización en el Perú tiene también elementos que no son buenos o partes que deben ser mejoradas.
— En algunas entrevistas Ud. ha hecho referencias al terrorismo. ¿Existe aún terrorismo en Perú fuera del Vraem?
Creo que ese terrorismo marxista, leninista, maoísta, no existe. Menos en la ciudad. Lo que sí puede funcionar es el comunismo, pero que tiene otro sentido, el que está funcionando en Venezuela por ejemplo, aquel que promueve el Movadef, el Fudep, que puede ocasionar problemas al interior del país. Creo que la guerra contra el terrorismo, esencialmente, fue ganada. Pero pienso que se tiene que consolidar el concepto de que una ideología extremista no debe tener cabida en el Perú. Y no podemos pensar de que eso desapareció y se fue. Eso está dentro de las raíces, no tiene la fuerza que tenía antes, pero sí hay personas que están pensando así y que podrían aprovechar cualquier momento para conseguir un objetivo próximo, o uno mayor. Pero, reitero lo anterior, no vamos a llegar a esa situación. Pero no podemos descuidar esto. Y, con respecto al Vraem, en el Vraem mismo esos líderes senderistas, maoístas, pues no existen como eran antes. Ahora, sí tienen algo de ello, pero es una banda de delincuentes que están aliados al narcotráfico.
— Usted estuvo en el campo en los años más duros de la violencia. ¿Las tesis de Hernando de Soto ayudaron realmente a combatir la violencia terrorista?
Yo creo que sí ayudó bastante en relación con los comités de autodefensa. Hace dos días hablé con el presidente de los comités de Ayacucho y lo que me dijo es que recuerda a Hernando de Soto cuando lo visitó hace muchos años atrás y le habló de los comités de autodefensa. Él es parte de la creación de los comités de autodefensa.
— ¿De llegar al gobierno, harán algo por los militares procesados por la operación Chavín de Huántar? Fue un proceso largo.
Le contesto en dos partes. Chavín de Huántar pasó por tres juicios en el Perú, terminamos en absolución. En Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se abrió un nuevo juicio, y en ese nuevo juicio nosotros fuimos absueltos. Pero yo quiero referirme a otros juicios que se están dando. Medio año atrás teníamos unos 800 militares procesados. Creo que estos procesos judiciales que tienen como 30 años deben ser, además de justos, rápidos. Esos juicios están creando problemas económicos y psicológicos a las familias. El sistema que ayuda a los militares en los juicios, que no tiene muchos recursos, debería tener asesoramientos de estudios [de abogados].
— Esa propuesta no está en el plan. ¿Proponen que los procesos contra militares tengan un mejor asesoramiento legal?
Lo que presenta Avanza País son lineamientos generales. Pero sí, estamos proponiendo que se mejore la asesoría legal a los militares enjuiciados. Que se ayude a sus familias en asuntos de salud, problemas psicológicos, porque están viviendo el problema del esposo y del padre para el que pueden haber pedido 15 o 20 años de cárcel. Se debe difundir también las absoluciones de militares.
— ¿Y los sentenciados deberían devolver lo gastado en asesorías?
Hay un decreto legislativo que especifica estos términos. Sin embargo, no se cumple. El apoyo es mínimo o ninguno. Pero si un militar es condenado, tiene la obligación de devolver todo aquello que el Estado le da. Suena raro, porque si bien pudo haber excesos, no son los mismos que los que comete un delincuente que planea hacer un asesinato.
— Ud. está en un partido que es liberal en algunos aspectos. Me gustaría conocer su postura sobre el aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Le voy a decir, pero quisiera terminar con esto antes. En Avanza País queremos trabajar por los licenciados, por los defensores de la democracia, por los veteranos de guerra y por el personal que hace servicio militar voluntario. Ahora sí, yo creo que las personas tienen la libertad de poder convivir como crean conveniente, tienen todo el derecho y el Estado debe ayudarles. Si quieren juntarse parejas del mismo sexo, tienen todo el derecho. No puede haber señalamiento ni discriminación. Ahora, la Constitución solo marca un escenario... creo que es un asunto que debe seguir siendo analizado. El país está polarizado y todos necesitamos más información; eso respecto a la unión civil. Respecto al aborto, está permitido el aborto por razones de salud de la madre, creo que así debe ser. También hay una corriente fuerte que habla del aborto para niñas que han sido violadas o mujeres. Creo que ese es un asunto discutible. Es un asunto que necesita discusión.
— ¿Y cuál es su posición respecto a que se le dé un indulto a Alberto Fujimori?
Creo que la legislación es clara. Los indultos son de carácter humanitario cuando el detenido tiene las características. Creo que se debe revisar. El señor Fujimori tiene buen tiempo en la cárcel, tiene bastante edad, adolece de ciertas enfermedades que deben ser tenidas en cuenta. Luego, hacer el análisis que corresponde y que no sea político. Pasa por un estudio de quienes corresponde.