Reelección de alcaldes y gobernadores: ¿Desde cuándo se aplicaría y cuáles fueron los argumentos para aprobarla?

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó ayer la reforma con la que se busca habilitar a los gobernadores regionales y alcaldes —que actualmente tienen un periodo de gestión de cuatro años— para que puedan ser reelegidos por una única vez. Este es el primer paso para su entrada en vigencia; y ahora el tema deberá ser abordado en el pleno, la máxima instancia legislativa.

El texto plantea la modificación de los artículos 191 y 194 de la Constitución, a fin de establecer expresamente que estas autoridades políticas “pueden ser reelegidos de manera inmediata por un solo período adicional”. Esto ocurre ocho años después de que el Congreso —en el 2015— estableciera la prohibición de reelegirse.

El dictamen fue aprobado a nivel de la comisión con 12 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones. Los votos en contra provinieron de Perú Libre, Podemos Perú, Cambio Democrático-JP y el Bloque Magisterial (ver gráfica).

La presidenta de la comisión, Martha Moyano (Fuerza Popular), antes de someter a votación la propuesta, indicó que la misma, entre otros puntos, permitirá la implementación de proyectos de desarrollo a mediano y largo plazo en este nivel de gestión; así como la mejora de la “oferta electoral”, pues se promueve la competitividad entre los candidatos nuevos con los que ya tienen experiencia.

“La reelección permite reivindicar el derecho de los ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades, premiando al buen gestor con su voto y castigando al deficiente; convirtiéndose así la reelección en un incentivo para el buen gobierno y la profesionalización de la política”, manifestó Moyano.

En el dictamen también se menciona que la tasa de reelección de los gobernadores y alcaldes es baja, pues en los comicios del 2006, 2010 y 2014, antes de aprobarse la prohibición, el 56,44% de las autoridades en funciones postularon a la reelección, resultando solo el 21.68% reelectos.

Además, que “en el derecho comparado regional, los únicos países que prohíben la reelección de alcaldes y gobernadores, además del Perú, son Colombia y Paraguay; nadie más”, comentó Moyano.

El texto cuenta con opinión favorable de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, aunque esta organización destacó la necesidad de que esto “vaya acompañada de reformas legales que eviten que los gobernadores y alcaldes que postulen a la reelección utilicen la influencia de su cargo y los recursos de las entidades regionales y municipales que dirigen para favorecer sus candidaturas”.

La gran mayoría de legisladores se mostraron a favor de la propuesta durante el debate, lo que finalmente se reflejó en la votación. Solo algunos congresistas como María Taipe Coronado (Perú Libre), Gladyz Echaíz (Renovación Popular) y Edgard Reymundo (Cambio Democrático - JP) mostraron sus discrepancias con el texto propuesto.

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) dijo, por ejemplo, que la corta gestión de los gobernadores y alcaldes no les permite ejecutar el presupuesto que tienen a su cargo; y que los proyectos impulsados muchas veces se quedan truncos.

“Ellos inician (su gestión) con la presentación de un proyecto; este es aprobado, luego viene la parte de la ejecutabilidad y ahí ya se termina los cuatro años de su período. Viene el siguiente alcalde o el siguiente gobernador e interrumpe todo y, prácticamente, por temas políticos se corta toda la gestión que se ha hecho”, señaló.

Muñante incluso pidió durante su intervención que se incluya la reelección de congresistas, para lo cual —dijo— ya presentó un proyecto de ley a inicios de año. “Si estamos discutiendo en este momento la necesidad de poder reelegir a estas autoridades (que, por obvias razones, queda bastante claro que necesitan ser reelegidas en caso de que los electores así lo decidan) (…) este puede ser el momento preciso para establecer la reelección congresal”, aseveró.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, le respondió que ello “está dentro del marco de la bicameralidad que, esperemos, esta semana podamos tratar”; en referencia al dictamen para establecer la figura de senadores y diputados que se encuentra pendiente de verse en el pleno del Congreso.

El portavoz de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, manifestó también que las autoridades regionales y municipales encuentran obstáculos para la continuidad de los proyectos de inversión y programas; y que “el planteamiento estratégico de desarrollo requiere tener una visión a largo plazo que, muchas veces, se irrumpe con el término de la gestión”.

“Uno de los principales argumentos de los que se oponen al tema de la reelección de los gobiernos locales y regionales es de contrarrestar el mal uso de los recursos públicos y los actos de corrupción. Sin embargo, la experiencia viene demostrando que la reforma que prohíbe la reelección no redujo ni eliminó los casos de corrupción”, aseveró.

El legislador Héctor Valer (Somos Perú) adelantó que su bancada votaría a favor al expresar que “es necesario respaldar este dictamen toda vez de que una reelección permite culminar con el plan de trabajo propuesto por alcaldes y gobernadores regionales”.

Desde Perú Libre, la congresista María Taipe Coronado (Perú Libre) dijo que la prohibición de la reelección dada hace ocho años se dio “para cautelar los recursos públicos y evitar que las mismas personas se enquisten en el poder”, recordando los casos de autoridades que se quedaron en el poder hasta por 20 años.

“La Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales ha señalado que el plazo de cuatro años les impide a los gobernadores cumplir sus promesas electorales y culminar proyectos de inversión pública. Sin embargo, ello no es cierto porque, según el MEF, a 45 días de acabarse este año, los actuales gobernadores regionales han ejecutado apenas el 48% del presupuesto recibido para obras”, señaló Coronado.

Y contrario a lo que manifestó su colega de bancada, la legisladora Gladys Echaíz (Renovación Popular) dijo también que, si bien teóricamente hay razones para habilitar la reelección, “tenemos que legislar en razón de la realidad”.

Echaíz —quien votó en abstención— destacó que el tema debe ser visto de forma paralela con el fortalecimiento de los partidos políticos; y dijo que, generalmente, al estar en el cargo, las autoridades llegan a utilizar los recursos públicos — incluso el recurso humano— para sus propias campañas electorales.

“Nos dicen que hay alcaldes y gobernadores (seguramente, no los conozco) que han hecho un trabajo importante para el crecimiento y desarrollo de sus pueblos. Pero, en realidad, lo que nosotros vemos es que en un gran porcentaje todos terminan siendo usuarios del servicio de justicia y no necesariamente como agraviados sino porque no han sabido manejar o han manejado indebida o ilícitamente los recursos públicos”, subrayó Echaíz.

Similar postura tuvo el legislador Edgard Reymundo (Cambio Democrático - JP), quien remarcó que no es pertinente aprobar la reelección de las autoridades. “No se condice con la realidad”, acotó.

El texto aprobado no señala expresamente si la norma podría aplicarse a los gobernadores y alcaldes que se encuentran actualmente en funciones. Sin embargo, a opinión de José Naupari, especialista en derecho electoral, ello sí podría ocurrir.

“Si se aprobase la reforma constitucional antes evidentemente del proceso de Elecciones Regionales y Municipales del 2026, efectivamente las autoridades actualmente electas podrían —en ejercicio de ese derecho— postular a la reelección”, indicó.

Naupari recordó que, una vez aprobado a nivel de la Comisión de Constitución, se requiere su aprobación en el pleno del Congreso en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con 87 votos a favor. La otra vía sería la aprobación vía referéndum.

El especialista se mostró a favor de la propuesta, aunque con un matiz. Mencionó, por ejemplo, que actualmente la Constitución establece que, si un alcalde quiere ser gobernador, tiene que renunciar al cargo, y viceversa.

“Lo que busca esta exigencia es evitar, precisamente, que se infrinja el deber de neutralidad estatal, que se utilicen recursos públicos o el cargo para hacer la campaña. Ese es el trasfondo detrás de la exigencia de renuncia. ¿Por qué no poder aplicarse ello?”, cuestionó.