En las últimas semanas, se ha visto a distintos candidatos presidenciales en actividades de campaña con aglomeraciones e incumpliendo medidas sanitarias frente al coronavirus (COVID-19). Pero también a representantes de distintas entidades del Estado pronunciarse sin anunciar medidas concretas para la prevención de contagios en dichos eventos políticos. Para expertos consultados por El Comercio, “todos se lavan las manos”, hay “peloteo” y “falta de liderazgo”.
Desde el Ejecutivo, la primera ministra Violeta Bermúdez indicó el domingo que “la competencia sobre todo el proceso electoral está en manos de los organismos electorales. Como [se] ha prometido y nosotros estamos haciendo desde la gestión del presidente [Francisco] Sagasti, el principio de neutralidad va a regir nuestro comportamiento”.
Añadió que a través del Ministerio de Salud, ente rector de las políticas públicas en dicha materia, se emitirán opiniones y alcanzarán a los organismos electorales. “Pero son ellos a quienes corresponde tomar las decisiones dentro de cómo se van a llevar a cabo las campañas electorales, algunos lineamientos que quizá ellos puedan dar, etc.”, precisó en RPP.
El martes, en entrevista con este Diario, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, recordó que su entidad ya ha emitido siete protocolos de prevención ante el coronavirus, pero para la jornada de sufragio el 11 de abril, que implica a los electores, miembros de mesa, personeros y otros actores. “No está como atribución de ONPE poder generar algún tipo de protocolo para la campaña electoral, no es parte de nuestras atribuciones”, apuntó.
El pronunciamiento del JNE
El miércoles fue el turno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que publicó un acuerdo del pleno en el que indica que solo tiene competencias para velar por el cumplimiento de normas sobre partidos políticos y disposiciones de materia electoral. Por tanto, exhortó a los candidatos y ciudadanos a respetar las disposiciones sanitarias emitidas por el Gobierno e instó a la Policía Nacional al “cumplimiento de sus funciones respecto a la misma materia”.
Además, en declaraciones a RPP, Jorge Salas Arenas, presidente del JNE, refirió: “Se trata de un acto de responsabilidad colectiva que espero sea objeto de vuestra atención y, desde luego, que se cuiden todos y todas en esas condiciones tan complejas”.
Para Alejandro Rospigliosi, constitucionalista y experto en derecho electoral, el pronunciamiento del JNE “fue muy tibio”. “No tiene dientes para que se ejecute y se cumpla. Exhorto y si no cumplo la exhortación, ¿cuál es la consecuencia? No la hay. No la han mencionado, la debieron poner. En concreto, el Ministerio Público, a través de los fiscales de prevención del delito, y los procuradores de Ministerio de Salud deben velar porque las normas sanitarias se respeten”, manifestó.
Según el experto en temas electorales, Enzo Elguera, la exhortación del JNE es una medida “muy blanda y no influencia sobre nadie”.
Jorge Jáuregui, también especialista en la materia, dijo que es “demasiado pobre, muy declarativo”. “Sería inconstitucional que el JNE diga [a un candidato] que no puede desplazarse o puede hacerlo de cierta manera, porque no es competencia electoral. Pero sí puede convocar al Comité de Coordinación Electoral, invitar a la fiscal de la Nación y exponerle el problema”, comentó.
El Comité de Coordinación Electoral es un cuerpo conformado por personal técnico del JNE, la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para actividades de coordinación y asesoría una vez convocado el proceso electoral, y está normado por la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).
Ayer, César Acuña, candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), realizó un recorrido en Puno, que tuvo custodia policial. “Las acciones de la policía son en cumplimiento de las normas sanitarias y de forma general”, comentó Marco Lara, jefe policial de la región.
Plantean mayor iniciativa
Para los expertos consultados, en el Ejecutivo y los organismos electorales falta mayor iniciativa para tomar medidas que permitan frenar las aglomeraciones vistas recientemente. Pero “todos se lavan las manos, es un ping-pong, se tiran la pelota”, opina Rospigliosi.
El también exfuncionario del JNE sostuvo que las actuales circunstancias obligan a las autoridades a dialogar y consensuar en pro de un equilibrio entre el derecho de los partidos para difundir su oferta electoral y el derecho a la salud pública.
“Me sorprende la falta de liderazgo en las instituciones. A todas luces es un peloteo. Es como una papa caliente en la que nadie se quiere comer. Por temas menos complejos se han metido todas las instituciones, se han formado comités”, manifestó Elguera.
Según expresó, urge liderazgo y coordinación considerando que se trata de un asunto de salud pública, pero con intervención multisectorial. “Es un tema de prioridad nacional. Lejos de verse la institucionalidad, liderazgo, unión interinstitucional pareciera que hay una lavada de manos y que ninguna institución quiere tomar la responsabilidad de hacerse presente y presionara para que los políticos puedan cumplir las normas de bioseguridad”, advirtió.
Jáuregui consideró que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, debería tomar la batuta ante un tema de salud pública, porque es su atribución constitucional, también recaída en los gobiernos regionales y locales. “No es competencia de la ONPE ni del JNE la política de salud pública, eso está claro. Sin embargo, no pueden tampoco cruzarse de brazos y esperar a que esto termine en un problema público mayor”, acotó.
Propuestas
Ante el actual escenario, Rospigliosi propuso que el Ejecutivo emita un decreto supremo creando un “comité de coordinación” en el que participen el Ministerio de Salud, los organismos electorales, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Una vez aprobado, insistió, se debería de convocar a una reunión “con carácter de urgencia”. “Si eso no se corrige ahora, qué va a pasar la próxima semana, va a ser peor”, señaló.
Elguera se expresó en la misma línea. “Sería oportuno sacar un decreto supremo y que haya una presión desde el Ejecutivo. Aunque han mencionado que tienen el temor de ser acusados de intervencionismo en el proceso electoral. Sin embargo, esto no debería ser interpretado así, porque las reglas son para todos los partidos políticos y no va a dar ventaja o afectar a uno u otro partido”, apuntó.
Jáuregui planteó como otra opción que se reúna el Comité de Coordinación Electoral a iniciativa del JNE, y que se invite a autoridades del Ejecutivo y la Fiscalía de la Nación para generar consensos respecto de un problema de salud pública y tomar acciones en conjunto.
Sugirió también que los fiscales de prevención del delito tengan mayor participación a fin de sancionar los eventuales delitos contra la salud pública. Y que los entes electorales se reúnan con otras autoridades.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 292 del Código Penal contempla como uno de los delitos contra la salud pública a la violación de medidas sanitarias. “El que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad o epidemia o de una epizootía o plaga, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa”, dice la norma, que también fue recordada en el pronunciamiento del JNE.
Por tanto, Jáuregui sostuvo que “el Jurado Nacional de Elecciones debería de establecer un protocolo rápido para comunicar al Ministerio Público ese tipo de situaciones. Ya no corresponde a la materia ni competencia electoral del JNE ni de la ONPE”.
En ese mismo escenario, Rospigliosi demandó mayor proactividad del Ministerio Público, los fiscales de prevención del delito y la procuraduría del Ministerio de Salud para que se respeten las normas sanitarias y se denuncie su incumplimiento. En todo caso, instó también a las organizaciones políticas a usar más la creatividad en sus campañas. “Si un partido no respeta las normas sanitarias, qué se puede esperar”, advirtió.
El producto de los acuerdos, según los especialistas, podrían ser campañas informativas y de difusión de las medidas sanitarias generales y consensuadas para evitar contagios durante las actividades de campaña electoral.
“El JNE gasta un montón de recursos en programas educativos, que en verdad tienen un impacto bastante modesto en la calidad del proceso electoral. Ahora que estamos en una situación complicada, deberían destinar recursos a esto”, sentenció Jáuregui.
Por ahora, candidatos y simpatizantes dependen de sí mismos para cumplir las normas sanitarias durante las actividades de campaña electoral.
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Las disposiciones generales
El Ministerio de Salud ha emitido medidas sanitarias, entre las que encuentran cubrirse la boca y nariz con una mascarilla, lavarse las manos con frecuencia o usar algún desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol, mantener más de un metro de distancia siempre que sea posible y evitar los espacios cerrados muy concurridos.
Asimismo, cabe recordar que el reciente decreto supremo que ha prorrogado el estado de emergencia nacional establece que “se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas patronales y actividades civiles, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas, que pongan en riesgo la salud pública”.
Las multas
Según el Decreto Supremo N°006-2020-IN, el desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas de aglomeración o concurrencia masiva o no en la vía pública es considerada una infracción muy grave y se sanciona con una multa de S/396. Para quienes no usen mascarillas en la vía pública, la penalidad es de S/352.
La alternativa desde el JNE
Fuentes del JNE adelantaron a este Diario que en el Pacto Ético Electoral se incluirían lineamientos para que los partidos y candidatos respeten las normas sanitarias establecidas.
“Incluiremos en el Pacto Ético Electoral algunas cláusulas sobre ello. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Minsa”, dijo una de las fuentes. En ese contexto, acotó que se prevé iniciar la próxima semana reuniones con representantes de las agrupaciones políticas, que los partidos suscriban el acuerdo en febrero y que, luego, se instale el Tribunal de Honor, encargado de velar por el cumplimiento de los compromisos.
Otra fuente refirió que en el pleno del JNE se planteó y aprobó en noviembre, entre distintos puntos referidos a las elecciones, que se conforme el Tribunal de Honor. Añadió que los órganos técnicos de la institución están avanzando en el tema y en la propuesta de los lineamientos a incluir, los cuales serán aprobados finalmente por dicho cuerpo facultado a emitir exhortaciones y amonestaciones públicas.
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