Hasta el momento, son siete las organizaciones políticas, entre partidos, alianzas y movimientos, cuyas finanzas son investigadas por el equipo especial Lava Jato luego de conocerse que sus principales líderes habrían recibido aportes de las constructoras Odebrecht y OAS para sus campañas electorales. La fiscalía ha solicitado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) información sobre la sustentación de ingresos y egresos de todas ellas.
De lo declarado por ambas empresas, los aportes a las campañas electorales presidenciales y municipales llegarían a los US$9,8 millones.
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—Bajo la lupa—Las finanzas del Partido Popular Cristiano (PPC) entraron oficialmente en la mira de la fiscalía el pasado 4 de abril, cuando el fiscal Carlos Puma Quispe abrió una investigación preliminar a su ex lideresa Lourdes Flores Nano, por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia debido a los presuntos aportes para las campañas electorales del 2006 (presidencial) y 2010 (municipal).
Según las pesquisas, fueron US$225 mil los que Odebrecht habría entregado para las campañas de Flores Nano, vía el PPC. El Comercio se comunicó con la ex candidata, pero esta evitó pronunciarse.
El presunto aporte que Odebrecht le habría entregado en el 2011 al ex presidente Alejandro Toledo, quien postuló por el desaparecido Perú Posible (PP), es investigado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. Roberto Su, abogado de Toledo, indicó que la investigación está en curso.
Los US$300 mil que Jorge Barata afirma que Odebrecht entregó a Susana de la Puente para la campaña del 2011, en la que Pedro Pablo Kuczynski postuló a través de Alianza por el Gran Kambio, se investigan desde junio del 2018. De la Puente ha negado la recepción de dicho dinero.
Susana Villarán postuló a la reelección municipal en el 2014 a través del movimiento Diálogo Vecinal. Según OAS, para esa campaña entregó US$4 millones a la ex alcaldesa.
La ONPE reportó que dicha organización no declaró ingresos por casi S/3 millones para dicha campaña. El ex regidor Marco Zevallos, quien fue personero legal de Diálogo Vecinal, indicó a El Comercio que él no tenía injerencia en los gastos de la campaña municipal.
—Partidos investigados—A diferencia de las anteriores organizaciones políticas,a las que solo se investigan sus finanzas, el Partido Aprista Peruano y Fuerza Popular tienen la calidad de investigados como personas jurídicas.
En el caso del Apra, Jorge Barata dijo que entregó US$200 mil a través de Luis Alva Castro para la campaña del 2006.
Alex Morón, abogado del Partido Aprista, confirmó que la agrupación es investigada y anunció que en los próximos días presentará un escrito ante la fiscalía para que se deje sin efecto dicha pesquisa. “Solo es una versión [de Jorge Barata], eso no puede involucrar a la institución”, anotó.
El abogado de la agrupación Fuerza Popular, Carlos Alarcón Caicho, precisó que“el partido como persona jurídica aún no ha sido incorporado como imputado, pero permanece en calidad de investigado”.
Barata ha señalado que Odebrecht aportó a ese partido US$1 millón en el 2011, además de US$ 200 mil que se habrían entregado a través de la Confiep.
La situación del Partido Nacionalista Peruano (PNP) es más compleja. No solo fue incorporado como persona jurídica imputada, sino que fue incluido en la acusación a sus líderes Ollanta Humala y Nadine Heredia, por el fiscal del equipo especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche.
La acusación lo señala como parte de una organización criminal que habría recibido dinero ilegal para financiar la campaña presidencial del 2011 de Humala Tasso.
Raúl Pariona, abogado del PNP, indicó que han cuestionado la acusación.
Según el abogado penalista Carlos Caro, “los partidos cuyas finanzas vienen siendo investigadas podrían correr la misma suerte que el Partido Nacionalista Peruano, siempre que la fiscalía llegue a demostrar que formaron parte de una organización criminal”, que habría lavado el presunto dinero ilícito de las constructoras.