La Fiscalía de la Nación decidió “reexaminar” la situación legal del presidente Martín Vizcarra por su participación en la concesión del proyecto de construcción, financiamiento y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional Chinchero (Cusco) al consorcio Kuntur Wasi S.A., cuando se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) entre el 2016 y el 2017.
El Comercio pudo confirmar que el documento que elaboró la fiscal Zoila Sueno Chirinos sobre hechos vinculados a Vizcarra fue acogido por la Fiscalía de la Nación.
Fuentes del Ministerio Público indicaron que ahora se determinará si estos hechos constituyen nuevos elementos de convicción contra el actual mandatario. Vizcarra ya fue investigado por el Caso Chinchero, pero la indagación se archivó en febrero del 2018 por falta de elementos probatorios.
Las fuentes explicaron que, luego de ello, si es que existen indicios para reabrir el caso se ponderará si es investigado inmediatamente o se esperará a que concluya su gestión presidencial.
—Proyectos y donación—El Comercio accedió al documento que la fiscal Sueno Chirinos remitió a la Fiscalía de la Nación en la que concluye que el presunto “acto colusorio que favoreció al Consorcio Kuntur Wasi” no se habría realizado con la suscripción del contrato, sino con la firma de la adenda No 1 que dispuso un adelanto de US$40’262.870 a la mencionada sociedad empresarial en perjuicio del Estado.
En este documento la fiscal Sueno señala que, del peritaje realizado a la laptop de José Balta del Río, gerente general de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., “se ha encontrado documentación que guardaría relación con la investigación No 65-2017 por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, que fue llevada por la Fiscalía de la Nación contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Martín Alberto Vizcarra Cornejo, actual presidente de la República del Perú”.
A continuación, describe que se halló un pliego interrogatorio con preguntas y respuestas para Vizcarra, por entonces titular del MTC, documento que fue grabado el 10 de marzo del 2017; que guardaría relación con el proceso de interpelación que el 16 de marzo debía afrontar el entonces ministro en el Congreso, por la suscripción de la adenda No 1 del contrato de Chinchero. Es decir, seis días después de la fecha del documento hallado en la laptop del empresario (la interpelación finalmente se realizó el 18 de mayo).
También se hallaron dos proyectos expedidos por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); ordenado por Vizcarra y que el MTC solicitó para resolver la controversia con la concesionaria. Uno del 19 y otro del 21 de octubre del 2016. Por este trabajo se pagaron US$45 mil.
Sin embargo, la CAF remitió el citado informe al Estado Peruano el 4 de noviembre del 2016.
“Es decir que la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi tuvo dichos informes con fechas anteladas, desconociéndose cuál habría sido su propósito”, cuestiona la fiscal.
La magistrada solicitó explicaciones a dicha entidad vía cooperación internacional, puesto que la CAF respondió que sus funcionarios no podían ser interrogados porque les asiste la inmunidad.
La fiscal Sueno también halló un proyecto de la adenda No1 al contrato de Chinchero, elaborado en Word, el 3 de enero del 2017, sin firmas.
“Siendo que el mismo proyecto de adenda aparece adjunto, en la misma fecha, remitiéndose mediante oficio No 0028-2017 a Ositrán para el pronunciamiento correspondiente; sin embargo, dicho proyecto cuenta con visos buenos del director de concesiones del MTC y del gerente general de la sociedad Kuntur Wasi S.A.”, indica la fiscal.
La fiscal también puso en conocimiento que, en los años 2013 y 2014, la empresa Andino Investment Holding S.A., que forma parte del consorcio Kuntur Wasi, donó al Instituto País –persona jurídica sin fines de lucro, creada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski– la suma de US$50 mil. “Hecho que fue corroborado por el representante de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi, José Balta del Río”, confirma la fiscal.
Este Diario trató de conocer la versión de la defensa legal de la empresa Kuntur Wasi, pero no obtuvo respuesta. José Balta tampoco respondió a la comunicación.
En Palacio de Gobierno informaron que no se pronunciarán por el momento sobre este tema. Ayer, en la actividad que tuvo en Pucallpa, el presidente Vizcarra evitó responder cuando fue consultado por la prensa. En anteriores ocasiones, el mandatario ha pedido que la fiscalía investigue el caso y que no tiene temor a esta indagación.
ACCIONES FUNCIONALES— No se alegó caducidadLa fiscal Zoila Sueno sostuvo que, cuando se decidió resolver el contrato de concesión de Chinchero con Kuntur Wasi, el 3 de febrero del 2017, el Estado pudo alegar la “caducidad” del contrato y solo pagar la garantía estipulada en US$8’687.826; sin embargo, no lo hizo y dejó que la sociedad empresarial demandara la ejecución de la adenda, hasta solicitar mayor indemnización.— ProcuraduríaSueno Chirinos concluye que la denuncia presentada el 10 de febrero del 2017 por el procurador del MTC contra los funcionarios Carlos Puga, Gonzalo Ruiz y Evelyn Aliaga, “una semana después de celebrada la adenda No 01” al contrato de Chinchero, “se habría realizado con la finalidad de justificar la citada adenda”.